El Congreso de Ecuador aprueba el juicio político contra el presidente Lasso

No puede ser coincidencia que, en las últimas semanas, cuatro legisladores del bloque parlamentario del PSC, aliado de Lasso en la campaña, y devenido en tenaz opositor junto al 'correísmo', hayan dejado la agrupación política, reprochando el proceso para destituir al presidente y la actuación de las cabezas del bloque en la Asamblea Nacional. Han denunciado presiones y hasta amenazas si no seguían las decisiones de la organización. Pero la directiva del partido ha hablado de «compra de votos» y ha publicado los cargos que, supuestamente, habría entregado el Gobierno a familiares de los asambleístas disidentes.

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En la sesión del pleno de la Legislatura, del martes 9, fue visible la ausencia de 12 de los 24 asambleístas del bloque de Pachakutik, brazo político de la Conaie, movimiento que se ha fraccionado entre defensores y opositores a Lasso. Esto lleva a suponer que el día de la definición del juicio político apoyarían al presidente de la República.

En realidad, hasta hoy, todo está por definirse en cuanto a lo que será el resultado del proceso porque se conoce que los operadores políticos del Gobierno también se han acercado a legisladores de otras agrupaciones y los apoyos podrían cambiar a favor del oficialismo. Para destituir al presidente se requieren 92 votos.

«El resultado de la votación (del martes) confirma que el socialcorreato no tiene los votos para destituir al Lasso. Al final, ni siquiera llegarán a 80 votos», escribía en Twitter Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, asambleísta independiente, pero muy cercano a Lasso.

Sumar y restar, contar los votos de partidos y movimientos en el Congreso se ha vuelto una obsesión de los políticos y de amplios sectores sociales, ya que de ellos dependerá el destino no solo de Lasso sino del país; por eso, el hecho de que no existiera sustento legal para el juicio político, como sostienen los abogados del primer mandatario, no es motivo de análisis.

En realidad, el proceso que comenzó el 16 de marzo pasado ha estado marcado por las dudas y el asombro porque las pruebas contra Lasso, a quien se le acusa de haber permitido que se mantenga un contrato millonario entre la Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC) y la empresa offshore Amazonas Tanker Pool, no han sido contundentes y varios los argumentos presentados, deleznables. Mireya Pazmiño, una de las cuatro interpelantes, pasó de acusadora a acusada cuando se denunció que un informe elaborado por la comisión legislativa que preside fue elaborado por técnicos vinculados a la empresa petrolera, por lo que fue denunciada en la Fiscalía.

Como telón de fondo del juicio político está la renovación de las autoridades de la Asamblea, el Consejo de Administración Legislativa y la distribución de las Comisiones, que se realiza cada dos años. El cambio debe hacerse el domingo 14 de mayo. El actual presidente, Virgilio Saquicela, que busca la reelección, cuenta con el apoyo de UNES, el Partido Social Cristiano y de facciones de Izquierda Democrática (ID) y Pachakutik. Es él quien deberá fijar la fecha para el proceso, al que será convocado Lasso para que ejerza su derecho a la defensa.

Cómo terminará el juicio político es difícil pronosticar, pero podría darse la paradoja que, a pesar de que el presidente Guillermo Lasso carece de músculo político y no cuenta con apoyo popular, según las encuestas, las destrezas de su ministro de Gobierno para persuadir a los legisladores de oposición lo salven.