El cerebro del 11-S y otros dos acusados reconocen su culpabilidad para evitar la pena de muerte

Mohammed, junto a Walid bin Attash y Mustafa al-Hawsawi, llevan más de dos décadas esperando juicio, la mayor parte de ellos en la prisión militar de Guantánamo, una base militar de EE.UU. en Cuba, en unos procedimientos embarrados por las torturas que sufrieron para obtener sus confesiones.

«A cambio de eliminar la pena de muerte como un posible castigo, estos tres acusados han acordado una declaración de culpabilidad sobre todas las acusaciones, incluida el asesinato de 2.976 personas», explica una carta firmada por el contralmirante Aaron Rough, el fiscal que dirige las acusaciones contra los terroristas en el procedimiento dentro de la jurisdicción militar.

La declaración de culpabilidad es el principio del fin de un proceso interminable, lleno de secretismo y de retrasos, y que tenía todavía pendiente un juicio sin fecha, que debería durar entre 12 y 18 meses y en el que se corría el riesgo de que las confesiones de los acusados no pudieran ser tomadas como prueba por las acusaciones de tortura.

Los tres acusados fueron capturados en 2003, en la respuesta militar que emprendió EE.UU. después del 11-S, el mayor ataque sufrido por Estados Unidos en su propio territorio, con la mayoría de las víctimas en el espeluznante derribo de las Torres Gemelas.

Mohammed fue el cerebro de esos ataques, en los que los terroristas secuestraron aviones comerciales y los estrellaron contra objetivos simbólicos de la primera potencia mundial. Él fue quien llevó el plan a Osama bin Laden, el líder del grupo terrorista Al Qaeda, y quien ayudó a entrenar y preparar a los secuestrados de aviones, todos ellos fallecidos en los ataques.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en sus siglas en inglés), la organización que ha representado a Mohammed ante los tribunales militares, ha defendido que el acuerdo de culpabilidad es «la decisión correcta» y la «única solución práctica después de casi dos décadas de litigio». Así lo defendió en un comunicado su director ejecutivo, Anthony Romero, que añadió que «EE.UU. ha defendido durante demasiado tiempo su uso de torturas y de tribunales militares inconstitucionales en Guantánamo».

Los fiscales militares han defendido en esa carta, que está dirigida a los familiares de las víctimas del 11-S, que el objetivo del acuerdo con los terroristas es alcanzar «conclusión y justicia». El acuerdo, sin embargo, está siendo recibido de maneras diferentes por los familiares. Algunos se alegran de que el proceso empieza a ver un final y que puedan ver a los acusados de los atentados por fin condenados por los ataques. Pero otros condenan que los responsables de la tragedia eviten la pena de muerte, el final que algunos deseaban para los terroristas.

Dentro de los términos del acuerdo, los acusados tendrán que responder a preguntas de los familiares sobre los atentados. Los familiares también podrán ofrecer sus testimonios en las sesiones para la determinación de las condenas, que correrán a cargo del tribunal militar y que no se espera antes del verano del año que viene.