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Bukele traslada a otros 2.000 presos a su macrocárcel: «Pagarán por sus crímenes»

«Estarán incomunicados con el exterior, sin posibilidad de salir, ni de ordenar crímenes desde la cárcel», ha aseverado el presidente salvadoreño

Bukele decretó hace más de dos años un régimen de excepción que suspende algunos derechos constitucionales

Latinoamérica se militariza para librar su guerra contra el crimen organizado

Miles de presos han sido trasladados a la macrocárcel de Bukele, con capacidad para 40.000 reclusos EFE/ Gobierno de El Salvador

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha trasladado esta semana a otros 2.000 presos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la macrocárcel para pandilleros con capacidad para hasta 40.000 reclusos.

Este proyecto se ha convertido en su principal seña de indentidad política, a pesar de levantar críticas entre asociaciones de defensa de los Derechos Humanos, que cuestionan el trato y condiciones de los presos.

«Ahí pagarán por los crímenes cometidos contra nuestro pueblo, incomunicados con el exterior, sin posibilidad de salir, ni de ordenar crímenes desde la cárcel«, ha aseverado.

Imagen principal - Imágenes del traslado de 2.000 nuevos presos a la macrocárcel salvadoreña
Imagen secundaria 1 - Imágenes del traslado de 2.000 nuevos presos a la macrocárcel salvadoreña
Imagen secundaria 2 - Imágenes del traslado de 2.000 nuevos presos a la macrocárcel salvadoreña
Imágenes del traslado de 2.000 nuevos presos a la macrocárcel salvadoreña EFE/ Gobierno de El Salvador

Bukele lo ha anunciado a través de una publicación en su perfil oficial de la red social X, donde ha adjuntado también un vídeo de más de un minuto de duración en el que se observan diferentes etapas del proceso del traslado.

El dirigente salvadoreño decretó hace más de dos años un régimen de excepción que suspende algunos derechos constitucionales y ha sido criticado por organizaciones de Derechos Humanos, pero el Gobierno la defiende como una herramienta necesaria para combatir la violencia de las pandillas.

Durante el periodo del estado de excepción, el Gobierno salvadoreño queda capacitado para suspender ciertas libertades y garantías con el supuesto objetivo de facilitar el despliegue de militares y policías en las calles y en los municipios donde se registran homicidios.

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