Boric no logra un acto unitario para el 50 aniversario del golpe que derribó a Allende

La idea original que el mandatario comenzó a elaborar con su exasesor en esta materia, el exconvencional Patricio Fernández, no solo se ha visto dinamitada por la renuncia de éste al cargo tras las exigencias del Partido Comunista y las organizaciones de Derechos Humanos, sino que también por el clima de extremo enfrentamiento que vive su administración con la oposición por lo que se denomina el «caso convenios».

El Gobierno arrastra dos meses de profunda crisis luego de conocerse que una serie de fundaciones sin fines de lucro fueron constituidas por militantes del Frente Amplio para adjudicarse, en el año y medio de mandato, más 13 mil millones de pesos sin que medie prestación real de servicios al Estado o los ciudadanos.

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Las transferencias hechas por trato directo (sin licitaciones) desde ministerios o gobernaciones a estas fundaciones han detonado decenas de investigaciones judiciales que ya verifican allanamientos, incautaciones y detenciones de algunos involucrados. Al conocerse todos los días nuevos detalles y montos varias autoridades, entre ellos el propio Presidente, el ministro de Justicia, el Contralor de la República y el Fiscal Nacional, han calificado los hechos como actos de corrupción.

El clima de crispación se debe al hecho de que Boric se ha negado solicitar la renuncia al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson (compañero de ruta del mandatario desde la universidad), quien es apuntado como el principal responsable de este escándalo y enfrenta una acusación constitucional en la Cámara que busca destituirlo. Es tal el distanciamiento entre el Gobierno y todos los partidos de derecha, que incluso están entrampadas las grandes reformas.

A fines del año pasado el Presidente encomendó a Fernández diseñar un acto conmemorativo de los 50 años del golpe con carácter unitario y de futuro. Así, a comienzos de julio, Boric convocó a todos los sectores políticos a firmar un acuerdo transversal que condene el golpe de Estado de 1973 y las posteriores violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura.

Con el paso de los días la idea ha sido desechada por la oposición pues considera que este acuerdo quiere imponer una verdad oficial «escrita con la mano de la izquierda».

El expresidente Eduardo Frei asumió que este rechazo era inviable y señaló: «No sigamos discutiendo los 50 años del golpe de Estado, si van a pasar 100 o 200 años y no va a haber una verdad oficial».

La conmemoración de los 50 años encuentra al país profundamente dividido. Una reciente encuesta detectó que un 36% de los chilenos considera que los militares «tenían razón de dar el golpe» y un 47% califica al régimen de Pinochet «un poco bueno, un poco malo». Otro sondeo recogió que un 63% cree que la conmemoración de esta fecha dividirá más a los chilenos.

A los 30 años del golpe militar, durante el gobierno de Lagos, se reabrió la puerta de La Moneda por donde se retiró el cadáver de Allende y que había sido sellada en la administración de Pinochet. Y en la misma fecha el Ejército, a través de su comandante en jefe, se comprometió al «nunca más» de excesos y crímenes.

A los 40 años, el expresidente Sebastián Piñera reconoció la existencia de «cómplices pasivos» de las violaciones a los derechos humanos, apuntando con ello a su sector.

Hasta ahora la única iniciativa oficial es el anuncio hecho por Boric en junio en orden a crear un Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos a cargo del Ministerio de Justicia que incluye recursos y la modernización del Servicio Legal. Además, se respaldó la declaración hecha por el Consejo de Monumentos Nacionales a varios sitios de memoria que implica, en algunos casos, colocar placas conmemorativas en regimientos del Ejército. Esto último ha generado molestia en las Fuerzas Armadas.

El Ministerio de las Culturas está a cargo hoy de diseñar los actos conmemorativos y generó una página web (50.cl) donde se anuncian un centenar de actividades en diversas expresiones de arte.

Con los días se suman iniciativas aisladas como la del municipio de Santiago, que acordó cambiar el nombre de varias calles y plazas de esa comuna por nombres de víctimas de la dictadura, cuestión que enfrenta a la alcaldesa comunista Irací Hassler con los vecinos.

Otras instituciones han levantado interesantes proyectos como el de la Universidad Adolfo Ibañez que publica desde junio, todos los días, las portadas de 4 diarios de la época para dar cuenta del ambiente los 100 días previos al golpe. Asimismo, los canales de televisión han programado para este mes diversos espacios noticiosos relativos al 11 de septiembre de 1973, el gobierno de la Unidad Popular y el régimen militar, así como varias series ficcionadas basadas en casos reales de violaciones de DD.HH.

Las organizaciones de DD.HH. anuncian una serie de actividades para los días cercanos al 11 que consideran romerías a centros de torturas y al Palacio de la Moneda.

También se espera que en este mes o en lo que resta del año se conozcan los fallos judiciales pendientes en los casos de las muertes del expresidente Eduardo Frei Montalva y el Premio Nobel Pablo Neruda, donde se presentaron querellas por asesinato en manos de miembros del gobierno militar, así como la ejecución del cantautor Víctor Jara.