Bolivia, entre conflictos sociales, económicos y políticos: «No hay trabajo, no hay venta, ¿de qué vamos a vivir?»

Un levantamiento militar, que fue finalmente frutrado, que tuvo lugar en un país, Bolivia, que enfrenta desde hace semanas conflictos en la distribución de combustible, lo que ha provocado que las estaciones de servicio agoten rápidamente el diésel y la gasolina; como consecuencia, desde hace días se observan largas filas de vehículos en las gasolineras. Las autoridades han justificado la escasez y explicado que hay especulación, también fallos logísticos en la distribución.

A este problema se suma que algunos productos han subido de precio y otros comienzan a escasear. Una de las razones es la poca circulación de dólares. Son los comerciantes, transportistas e importadores, que ingresan a Bolivia desde comestibles, electrodomésticos y hasta prendas de vestir de otros países, los que dicen que no encuentran dólares en el mercado formal.

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Ronald Catari | Corresponsal en La Paz

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Según el Banco Central de Bolivia (BCB), la cotización oficial del dólar para la venta es de 6,96 bolivianos y para la compra de 6,86 bolivianos. No obstante, los sectores que trabajan en la importación y necesitan de la moneda norteamericana cuentan que algunos días consiguen la divisa hasta en 10 bolivianos en el mercado negro.

El mismo presidente de Bolivia, Luis Arce, admite que su país enfrenta «ciertas dificultades en la disponibilidad del dólar». Sin embargo, también rechaza las afirmaciones que surgen, en los sectores sociales y opositores al Gobierno, que hablan de una «crisis económica».

«Con esfuerzo y dedicación vamos a superar estas y otras dificultades con el apoyo del pueblo boliviano», expresó el presidente en uno de sus discursos; sin embargo, estas palabras no convencen a todos los grupos sociales, como gremiales y transportistas. De hecho, en el último mes se han movilizado y protestado algunos de estos sectores, también están dando plazos a su mandatario para que solucione estos conflictos.

En ese contexto, cuando se anunciaban más movilizaciones de sectores sociales, el miércoles un grupo de militares encapuchados y armados, junto a vehículos blindados, cercaron el palacio presidencial. La operación estuvo encabezada por el entonces comandante del Ejército boliviano, Juan José Zúñiga. El jefe militar anunciaba lo que parecía ser un golpe de Estado.

La noticia se propagó rápidamente y alarmó a los ciudadanos, principalmente de las urbes de La Paz y El Alto. Miguelina Gutiérrez, comerciante de verduras en un mercado popular, recuerda que las personas que buscaban abastecerse de productos abarrotaron su puesto de venta. Ella también sintió pánico, su hija la llamaba insistentemente para que volviera a casa, había mucha incertidumbre.

La asonada militar comenzó hacia las tres de la tarde. Una hora después, aproximadamente, el presidente Arce salió, sin protección, a enfrentarse al general Zúñiga y a exigirle que desmovilizara a los militares. Minutos después nombraba a nuevos jefes del Ejército, quienes ordenaron que los militares se replegaran a los cuarteles.

En las horas siguientes diversas autoridades y el mismo presidente se atribuyeron haber evitado la asonada y la ruptura del orden constitucional en Bolivia, agradeciendo a sus simpatizantes el apoyo.

No obstante, fue el general Zuñiga el que puso en duda esta versión. Declaró ante medios de comunicación que fue el presidente quien ordenó el movimiento militar como estrategia para «subir su popularidad». Hasta el momento, la movilización militar ha dejado más de 20 personas detenidas y tres de ellos, incluido Zúñiga, ya fueron enviados a la cárcel, con detención preventiva por seis meses –acusados de terrorismo y alzamiento armado–, mientras las investigaciones avanzan.

La historiadora Sayuri Loza, consultada por ABC, lamentó que «el aprecio por la democracia se esté perdiendo» en ese país, y agrega que es un síntoma de que el Gobierno elegido democráticamente «no ha sabido responder a las expectativas de la sociedad». Señala, además, que «no es el país el que queda mal, son los políticos bolivianos los que quedan mal», vistos desde fuera del país.

Opositores al Ejecutivo de Luis Arce están pidiendo que se ponga en marcha una comisión para investigar si el intento de golpe de Estado no fue un acto político. Por otro lado, expertos economistas de Bolivia advierten que el movimiento irregular militar envía señales negativas a inversionistas extranjeros y se podría agravar aún más los problemas económicos para el país.

«Estos eventos políticos mandan señales negativas a los radares de los inversionistas extranjeros, a la gente que nos puede prestar dinero», dice el analista Gonzalo Chávez. Según un reporte de la firma especializada en finanzas Bloomberg, apoyado en el análisis de BancTrust & Co, «esta crisis dejará secuelas (…) y dificultará que las autoridades y el sector privado recurran a fuentes alternativas de financiación en divisas fuertes en el futuro».

«No hay gasolina, los productos escasean, sube el dólar y cada vez se agudiza la crisis», señaló la senadora de oposición Andrea Barrientos, que considera que el Gobierno debe dar «respuesta a la crisis sin 'shows' ni montajes».

Entre los afectados se encuentra el sector de los chóferes, que espera reunirse con autoridades del Gobierno en los próximos días. Es uno de los grupos que demanda solucionar el conflicto del combustible y la falta de dólares. No han descartado volver a movilizarse y bloquear las principales carreteras de Bolivia, como sucedió en anteriores semanas.

Estos hechos también han reavivado la 'electoralización' en Bolivia, que ha ido creciendo en los últimos meses. El presidente Arce no ha descartado ser candidato nuevamente en las próximas elecciones, previstas para 2025.

Mientras tanto, el expresidente Evo Morales exige que el Tribunal Constitucional boliviano lo habilite para los próximos comicios; de lo contrario, amenaza con «convulsionar» el país, y añade que esto será responsabilidad del presidente Luis Arce, con quien mantiene una pelea por la candidatura presidencial, pese a que pertenecen al mismo partido, el Movimiento al Socialismo.