Biden da un giro a la derecha y endurece la política migratoria

La Casa Blanca aprovechó que la semana pasada fue consumida en Washington por las peleas intestinas entre los republicanos en el Capitolio y lanzó una reforma integral del sistema migratorio en plena concordancia con el legado trumpista, contra el que tanto ha batallado Biden.

La Administración Biden continuará expulsando a las personas que cruzan ilegalmente la frontera empleando un decreto aprobado por Trump en la pandemia. Unos 30.000 inmigrantes procedentes de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití podrán entrar en EE.UU. en una suerte de libertad condicional cada mes, si tienen alguien que les avale financieramente en el país y no tienen antecedentes delictivos.

En lugar de cruzar ilegalmente y pedir asilo, el Gobierno estadounidense les insta a pedir asilo en un cruce fronterizo en un nuevo sistema de trámite de solicitudes de ese derecho migratorio.

Es justo lo contrario de lo que prometió Biden en campaña, y un giro drástico con respecto a su llegada a la Casa Blanca, cuando, en el primer día de presidencia, firmó decretos para reabrir las fronteras y permitir a las personas sin papeles que pidieran asilo. El número de cruces se multiplicó, y los gobernadores republicanos comenzaron a enviar a peticionarios de asilo en autobús a Washington, como una forma de provocar y de llamar la atención del gobierno federal sobre el problema.

Biden le encargó a su vicepresidenta, Kamala Harris, que resolviera la crisis en la frontera, pero sus gestiones y viajes a México y Centroamérica han sido, según sus muchos críticos, un fracaso.

Ahora es Biden quien asume el control de la política migratoria, quien anunció los cambios el miércoles en la Casa Blanca y quien visita personalmente la frontera antes de su primer viaje a México. Según calcula la Casa Blanca, espera devolver a unos 30.000 inmigrantes al mes a México si han cruzado ilegalmente, algo para lo cual necesita la cooperación del Gobierno mexicano. También seguirán las repatriaciones en avión a otros países como Haití o Colombia.

El primer año de presidencia de Biden, hubo 1,7 millones de detenciones en la frontera, según cifras oficiales. En 2022, subieron, según estimaciones preliminares, a 2,4 millones. La mitad fueron devueltos en caliente. El resto espera en EE.UU. de forma condicional a que las cortes migratorias decidan sobre sus solicitudes de asilo. Mientras, pueden trabajar de forma temporal.

Desde hace décadas, el gobierno federal no actualiza las cifras de ilegales en EE.UU., que se estiman en más de 11 millones, aunque seguramente sean muchos más. Las más recientes encuestas de opinión pública han mostrado de forma consistente que la inmigración es uno de los talones de Aquiles de Biden, ya que una amplia mayoría de votantes independientes creen que existe un descontrol en la frontera.

Los candidatos del Partido Republicano emplearon el tema para pedir el voto en las elección es parciales de noviembre, pero no fue un argumento de suficiente peso como para darles el poder total en el Capitolio.

En este sentido, Biden sigue la estela del presidente con el cual fue vicepresidente. Barack Obama es, como Trump, muy criticado por los grupos que apoyan a los inmigrantes y defienden un sistema de asilo más laxo porque durante su presidencia se alcanzó un número récord de deportaciones y por crear una red de centros de detención para familias después de que padres con hijos pequeños comenzaran a cruzar de forma masiva en 2014. En esos centros de detención erigidos por Obama comenzó Trump a separar a padres e hijos, y a poner a estos en una suerte de celdas que se asemejaban a jaulas. Es cierto que Obama también estableció el programa de regularización para los inmigrantes que llegaron a EE.UU. cuando eran menores de edad, conocidos como 'dreamers'.

En campaña, Biden llegó a plantear hasta una amnistía de aquellas personas que están en situación irregular en EE.UU., muchos de ellos desde hace años o décadas, con empleos y familias. Pero esa palabra, amnistía, se ha convertido en tóxica en Washington, y la Casa Blanca no se ha referido a ese plan de regularización que en su día parecía posible. El último presidente en aprobar una regularización masiva fue Ronald Reagan. Desde entonces, la crisis migratoria ha sido solo un problema en aumento. Trump se centró, como George W. Bush, en reforzar los controles y ampliar el muro. Este sin embargo no cubre toda la frontera y de hecho es fácil de sortear en muchos puntos.

Melissa Crow, una abogada que trabaja en los tribunales de EE.UU. contra las deportaciones, critica el cambio de política de Biden porque, dice, muchos emigrantes huyen de regímenes que violan repetidamente los derechos humanos más esenciales, como son los de Cuba o de Venezuela. «Las personas que llegan a nuestra frontera a menudo huyen de amenazas inminentes a sus vidas», asegura esta activista.