El asesinato de tres carabineros frena la salida del máximo jefe policial de Chile

Este domingo, la ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó que, en las actuales circunstancias, «no puede haber cambios en el alto mando» de la institución, descartando que, por el momento, se le pida la renuncia al general director.

Esa suerte de crónica anunciada de imputación del general se inició la primera semana de enero de este año, cuando la Fiscalía regional metropolitana comunicó que lo haría el 7 de mayo, se pausa por la gravedad de los hechos en la Araucanía, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago.

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María J. Errázuriz

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La emboscada a los tres carabineros, en el día en que la institución iba a celebrar su aniversario, ha conmovido a todo el país. Las muestras de solidaridad se han extendido con marchas o 'velatones' -homenajes que se celebran en honor a alguien fallecido- que se extenderán durante los tres días de duelo oficial decretado.

Mientras la Fiscalía regional de la Araucanía realizaba las primeras investigaciones sobre este acto terrorista, como lo calificó este sábado el presidente Gabriel Boric, y el Servicio Médico Legal terminaba la autopsia de los cuerpos que permitió su identificación a través del ADN, el mundo político se ha volcado en resolver la suerte del general Yáñez.

La ministra Tohá, encargada de la seguridad en el país, entrevistada en un programa político de T13, señaló que la salida del general Yáñez sería «poco oportuna», porque «hay demasiada incertidumbre» y se está atravesando «una circunstancia muy compleja». La salida del oficial, dijo, «sería un golpe a una institución que está muy golpeada». También apuntó que «encontramos muy inconveniente la formalización [imputación]» del general, develando la preocupación de que ésta pueda derivar en medidas cautelares como la prisión preventiva de alto oficial.

La autoridad aclaró que el Gobierno no tiene ninguna facultad para evitar la imputación de Yáñez por 1.386 causas, dejando entrever que se espera que la Fiscalía regional metropolitana, que lleva el proceso, suspenda la acción. Según señaló el diario 'La Tercera' a mediados de semana, el presidente Boric habría acordado con el oficial que renunciara a fines de esta semana, luego de encabezar el aniversario de la institución, de manera que se presentara ante el tribunal vestido de civil y no de uniforme.

Con ello se hacía efectiva la denominada 'doctrina Tohá' postulada por la ministra en marzo, y que señala que todo funcionario público que sea imputado por alguna causa debe dejar su cargo. Por el mismo motivo, en las últimas semanas el oficial había presentado una serie de recursos judiciales intentando evitar su imputación, pero hasta el momento ninguno le ha sido favorable.

«Atentar contra Carabineros es atentar contra la patria entera», señaló este sábado el presidente Gabriel Boric al frente de la comisaría de Los Álamos, lugar donde vivían el sargento y dos cabos asesinados.

El mandatario concurrió a primera hora del domingo a la zona acompañado de sus ministros del Interior, de Defensa, los responsables de la Secretaría Presidencial y la Secretaría de Gobierno, el fiscal nacional y los presidentes de la Corte Suprema, el Senado y la Cámara de Diputados para acompañar a los familiares en los difíciles momentos que se vivían.

Durante el mediodía, el Servicio Médico Legal regional entregó los cuerpos de los tres carabineros para que pudieran celebrarse sus funerales. Por el momento, no se ha dado a conocer la causa de la muerte debido al secreto del sumario, pero la ministra Tohá ha afirmado que se descarta que las víctimas fueran quemadas vivas. La ministra también ha señalado que todavía no se puede dar por sentado que la emboscada y acribillamiento ocurriera en el lugar donde se encontró el vehículo policial quemado con los tres cuerpos apilados en su parte trasera.

Mientras en la zona permanece el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que en el pasado ejerció de concejal municipal en Los Álamos, su superiora no descartó que la emboscada esté relacionada con la reciente condena del máximo líder de la Coordinadora Arauco Malleco, uno de los grupos armados que reivindica la causa mapuche. El 'werkén' (una de las autoridades de los mapuches) Héctor Llaitul fue encontrado culpable de diversos delitos como asociación ilícita, robo de madera, usurpación violenta, atentado contra la autoridad e incitación contra el orden público y apología a la violencia.

Ambas autoridades confirmaron que el Gobierno se querellará por las leyes de Seguridad de Estado, de Crimen Organizado y Código Penal para perseguir a los asesinos de los tres carabineros pues estás resultan mucho más efectivas que aplica la ley Antiterrorista.