Alemania endurece su política migratoria: «Necesitamos deportaciones a gran escala»

El número de inmigrantes irregulares que cruzaron la frontera con Alemania en los nuevos primeros meses del año fue, con 92.119 entradas no autorizadas, el más elevado en los últimos siete años. Se suman a las 175.000 personas que solicitaron asilo desde enero a julio, una cifra que sigue aumentando. Alemania protege actualmente a 1.100.000 refugiados de la guerra en Ucrania y unos 600.000 refugiados procedentes de otros países.

Todos ellos deben recibir del Estado vivienda, manutención, atención sanitaria, escolarización y dinero de bolsillo, al mismo tiempo que la ley alemana les impide incorporarse al sistema laboral. Debido al aumento progresivo de llegadas en el último año y medio, que superan las cifras de la denominada crisis de los refugiados de 2015, las administraciones regionales y locales llevan meses declarando que están colapsadas. «Debemos expulsar de una vez a gran escala a quienes no tienen derecho a permanecer en Alemania», ha sentenciado el canciller Scholz.

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Rosalía Sánchez

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La ministra del Interior, Nancy Faeser, ha notificado a la Comisión Europea la introducción de controles temporales en las fronteras terrestres con Polonia, República Checa y Suiza, así como la prolongación de esta misma medida que ya se aplicaba con Austria desde 2015, con el fin de reforzar la lucha contra el tráfico de migrantes y limitar la migración irregular. Y además ha coordinado la elaboración de un «paquete legislativo integral para conseguir aumentar el ritmo de las repatriaciones. »Cualquiera que no tenga derecho a permanecer en Alemania debe abandonar nuestro país«, resume el objetivo de la nueva normativa, »sólo así conseguiremos que las personas que sí han encontrado protección contra la guerra y el terror en este país estén seguras de que pueden recibir la atención necesaria«.

Se trata, en definitiva, de eliminar los obstáculos burocráticos que mantienen hasta ahora bloqueadas las repatriaciones. El número de repatriaciones ha aumentado este año un27% respecto a 2022, pero aún así, en el primer semestre de 2023, sólo 7.861 personas tuvieron que abandonar el país, mientras que el número de solicitantes de asilo rechazados pero tolerados es de 56.809 por falta de documentos de viaje, 25.408 por identidad no resuelta y 23.053 por vínculos familiares con otras personas toleradas. «Debemos establecer regulaciones con las que podamos hacer cumplir nuestra ley de manera más consistente y rápida», ha defendido Faeser un paquete que incluye la deportación de los delincuentes con condena judicial, a los que hasta ahora tampoco era posible enviar de vuelta con rapidez a sus lugares de origen.

Al mismo tiempo, el Gobierno alemán comenzará a negociar muy intensamente acuerdos con los países de origen para que realmente acepten a sus nacionales. Entre otras cosas, el proyecto de ley presentado por Faeser prevé la ampliación de las facultades de las autoridades y la policía para hacer cumplir las devoluciones. Gran parte de los cambios detallados afectan a los llamados derechos de participación en el procedimiento de asilo, lo que tendrá como consecuencia un aumento de la duración máxima de la detención preventiva de 10 a 28 días.

La medida ha sido recibida con feroces críticas por parte de las propias filas de Scholz, en particular de las juventudes socialdemócratas del SPD. Sin embargo, Scholz ha dado luz verde a esta nueva política en coordinación con la oposición conservadora de la CDU. El canciller alemán se ha reunido con su presidente, Friedrich Merz, que ha aportado una serie de medidas legales como propuesta a consideración del gobierno, de manera que la medida cuenta con un muy amplio consenso en el Budestag.

El sindicato policial (GdP) advierte sin embargo de la escasez de personal necesario para llevar a cabo la nueva política migratoria, según su presidente Jochen Kopelke, que calcula que habría que reforzar con más de 300 agentes policiales los departamentos implicados.