La «Operación Libertad» no es un golpe de Estado

La acción encabezada por Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, no califica como un golpe de Estado. No lo es. Es justo lo contrario: un intento, apoyado por las fuerzas democráticas venezolanas y por militares activos, de restablecer el orden constitucional en Venezuela.

Tres hechos fundamentales hay que recordar a esta hora: el primero, que Nicolás Maduro protagonizó un golpe de Estado, cuando se juramentó, de forma ilegítima, el pasado mes de enero. El segundo, que Juan Guaidó, en su condición de presidente encargado de Venezuela, es el Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela. En tercer lugar, que no se ha cometido delito alguno con el acto de liberación de Leopoldo López, puesto que tiene la facultad de indultar a los presos políticos de Venezuela, que en este momento suman 775, entre civiles y militares.

La Operación Libertad en curso, cuya acción está fundamentada en la Constitución vigente, busca restablecer la legalidad en el país y crear, en plazo inmediato, las condiciones para la acción humanitaria, el rescate de la industria y de la producción, la atención urgente al hambre, a la enfermedad, a la escasez y a la hiperinflación. La Operación Libertad, como ha repetido el presidente Guaidó en varias oportunidades, se propone cesar la usurpación y poner en marcha las operaciones necesarias para cientos de miles de vidas, que ahora mismo penden de un hilo en todas las regiones del territorio venezolano.

En tanto que no es un golpe militar, la Operación Libertad demanda el apoyo internacional, especialmente, de los 52 países que ya reconocieron la legitimidad de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Ese apoyo, además, debe ir acompañado de un mensaje prioritario: exigir al poder usurpador que controle a sus colectivos armados, de modo que el proceso de transición sea pacífico, tal como lo han diseñado los líderes de la oposición democrática venezolana. La comunidad internacional debe sumar su apoyo a un cambio político que garantice el respeto a los derechos humanos.