La juez de la Audiencia Nacional pide sin éxito a Pdvsa los grandes contratos

Pdvsa, representada por una abogada del despacho de Baltasar Garzón , aportó en su día a la Audiencia Nacional una base de datos con 2.562 contratos adjudicados a las empresas de Roberto Rincón y Abraham Shiera , condenados –y confesos– en EE.UU. por, entre otras cosas, pagar mordidas para conseguir adjudicaciones millonarias de Pdvsa. Se trata de un listado organizado por titular de la empresa, compañía, número de expediente, importe y fecha que resume los 2.092 millones de dólares en compras de la petrolera pública entre 2009 y 2015 que están bajo sospecha. Sólo 14 de esas referencias se traducen en expedientes completos, de manera que en el resto no es posible saber quién autorizó esas licitaciones y en qué condiciones.

Faltan todos los de mayor importe y que, precisamente por eso, habrían sido autorizados por la junta directiva en la que desde 2011 tenía asiento y firma Nicolás Maduro y otros pesos pesados del chavismo que hoy ocupan puestos de poder en su administración. Es lo que ocurre en uno de los documentos que reproduce en exclusiva este diario y en el que el secretario de la junta, el malogrado Juan Carlos Márquez –apareció muerto en España en el contexto del caso Morodo – da fe de que sus miembros, incluido el ahora presidente de Venezuela, ratifican una línea de crédito con la compañía Atlantic. Esa empresa está en el punto de mira de la Justicia estadounidense por una trama de blanqueo a partir del cambio dólar-bolívar con dinero de Pdvsa.

En un reciente escrito al juzgado, al que tuvo acceso ABC, la letrada Candela Estévez explica que la base de datos y esos 14 contratos aportados son fruto del trabajo forense de una compañía denominada BPB. «Son los que analizaron toda la documentación suministrada por Pdvsa, bajo su auspicio y su conformidad», señala. No añade, así, más documentos a los ya aportados, pese al requerimiento de la juez.

De acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas por este diario, la importancia de esa documentacón es relativa para el procedimiento, ya que en España no se juzga la corrupción en Pdvsa sino el blanqueo de capitales fruto de la misma de una serie de funcionarios públicos. Entienden que con la batería ya aportada y las comisiones rogatorias a EE.UU. es suficiente para cuestionar que los bienes de que gozan esas personas en España tienen origen en prácticas de corrupción en Pdvsa. Sin embargo, otras fuentes consideran que la ausencia de esa documental revela, por un lado, que la petrolera no es realmente quien impulsa la querella, pues tendría esos papeles, y por otro que se debilita la acusación por blanqueo.