Las heridas de la generación Windrush: «No podía creer que mi país quisiera echarme»

Pero el agradecimiento les llegó primero en forma de discriminación, abusos y rechazo social, empezando por la decena de miembros del Parlamento que escribieron al gobierno tras la llegada del Windrush, quejándose de que «los inmigrantes son negros» . A muchos se les prohibió ingresar a iglesias, pubs, salones de baile o vivir en casas junto a gente blanca que les rechazaba por su color de piel. Y aunque los expertos datan en estas fechas el origen de la característica multiculturalidad británica, la transición no fue fácil y en la década de 1950 hubo incluso importantes disturbios y agresiones racistas planificadas.

Más recientemente, una polémica ley promovida por la ex primera ministra Theresa May cuyo objetivo era controlar la inmigración ilegal acabó por convertir erróneamente a la llamada Generación Windrush en personas sin papeles y sin derechos, incluso a los miles de adultos que llegaron siendo niños de la mano de sus padres y que fueron amenazados con la deportación. El gobierno británico no ha parado de disculparse desde que el escándalo estallara en 2018, con parlamentarios tories y laboristas tildando de «auténtica vergüenza» lo ocurrido. Primero fue Theresa May, quien dijo a los líderes de países del Caribe que se sentía «muy arrepentida» por la ansiedad causada con las amenazas de deportación a los hijos de ciudadanos de la Commonwealth, y dijo «valorar» su contribución al país. Después pidió disculpas el exministro del Interior Sajid Javid, y la última ha sido la actual titular de Interior, Priti Patel, quien sin embargo también firmó una carta hace pocas semanas que ha puesto de nuevo los focos sobre un escándalo cuyas heridas siguen abiertas.

La misiva de Patel está dirigida a Trevor Donald, de 65 años, que llegó proveniente de Jamaica con sus padres de forma completamente legal en 1967, cuando tenía 11. En 2010 viajó a la isla caribeña para el funeral de su madre, con un salvoconducto ya que en sus más de 40 años no había solicitado un pasaporte. Pese a las promesas del funcionario que lo atendió, no se le permitió volver al Reino Unido hasta nueve años después, cuando recibió una disculpa del gobierno, que pagó su repatriación. Durante el tiempo que estuvo varado en Jamaica, no pudo ver a sus hijos ni a su esposa , y en el país se sentía, según sus propias palabras, «como un extranjero». Sin familia, sin trabajo y sin hogar, vivió como un sintecho una auténtica pesadilla en un país que solo había pisado siendo un niño pequeño.

Por si fuera poco, a principios de este mes el gobierno le denegó la ciudadanía británica por haber pasado fuera del país la mayor parte de los últimos cinco años, algo que, defiende, no fue por su culpa. La ministra le escribió entonces para decirle que «la injusticia que experimentó fue vergonzosa» , pero le explicó a continuación que la Ley de Nacionalidad Británica de 1981 tiene un «requisito estricto e inamovible»: el de vivir en el Reino Unido cinco años antes de solicitar la ciudadanía. «Para que su solicitud actual tuviera éxito habría tenido que estar en el Reino Unido el 17 de abril de 2015. Reconozco plenamente que su ausencia del Reino Unido en esa fecha no fue por su elección y aprecio lo frustrante que debe de ser. Lamentamos profundamente que estemos limitados por los parámetros de la legislación existente», concluyó Patel, en lo que supuso para Donald, padre de seis hijos, un nuevo jarro de agua fría.

Su caso, sin embargo, no es único. A miles de personas que trabajaron durante toda su vida en Reino Unido, y que incluso nacieron aquí, se les dijo que su estatus era el de ‘ilegales’ debido a la falta de documentación oficial (cabe recordar que en el país no existe tal cosa como un DNI o tarjeta de residente y en 2010 el gobierno destruyó, durante un ‘cambio de oficina’, miles de tarjetas que probaban la fecha de llegada de personas del Caribe) y muchos fueron deportados a países donde jamás habían estado. Los que se quedaron perdieron sus trabajos, sus casas y su acceso a servicios básicos como la salud o la educación por no tener supuestamente los documentos en regla. «Ellos llegaron de forma legal respondiendo a la llamada del gobierno de colonias británicas que no eran independientes en ese momento, así que se consideraban ciudadanos británicos », explica en conversación con ABC Desmond Jaddoo, cofundador del Windrush Movement, una organización que da apoyo a las víctimas, que busca «que se haga justicia» y que cifra entre 50.000 y 60.000 el número de personas afectadas.

«De hecho, viajaron con pasaporte británico, como el que tienen mis padres y mis suegros, y los menores en aquel momento viajaban adjuntos a sus padres, no tenían un documento propio », explica, y añade que aunque ahora no tener pasaporte parezca algo raro, «durante décadas para mucha gente no fue necesario tener este documento porque no salían del país para nada, y de repente empezaron a pedírselo para poder seguir trabajando, muchas veces en empresas en las que llevaban años».

Patrick C.S. es una víctima del escándalo. Accede a hablar con ABC bajo la condición de no publicar su nombre completo. Llegó a Londres siendo un bebé de menos de un año, y aquí ha vivido toda su vida y criado a su familia, pero hace unos años estuvo en riesgo de ser deportado a una isla caribeña de la que solo escuchó hablar a sus padres. «No hay palabras suficientes para expresar el sufrimiento atroz que me embargó cuando recibí una carta en la que me decían que tenía unos meses para abandonar el país o me sacarían a la fuerza porque era un inmigrante ilegal», asegura, y rememora su llanto, el de su esposa, irlandesa, y el de sus dos hijas, cuando creyeron que «me iban a separar de ellas para siempre». «Jamás pensé que el país donde prácticamente nací, donde me crié, donde pago mis impuestos, donde aún vive mi madre, podría tratarme de esta forma», afirma.

Finalmente, su caso no pasó a más gracias a la intervención de un grupo de apoyo, pero le quedó, como él mismo dice, «el miedo en el cuerpo» y un «gran dolor por dentro» . Y es que en virtud de la Ley de inmigración de 1971, todos los ciudadanos de la Commonwealth que ya vivían en el Reino Unido recibieron un permiso indefinido para quedarse. Sin embargo, el Ministerio del Interior no conservó un registro de las personas a las que se les otorgó dicho permiso ni emitió ningún documento físico de confirmación, lo que hacía, tal y como le sucede ahora a los comunitarios tras el Brexit, que demostrar su situación legal en el país sea una odisea.

Hace menos de dos años, el gobierno británico puso en marcha un plan de compensación económica que, no obstante, se considera no solo insuficiente, sino complejo de solicitar, y que surgió a raíz del establecimiento de un grupo de trabajo gubernamental especial para tratar con este escándalo. «Hay que intentar construir puentes, de transparencia, de responsabilidad, de ser culturalmente sensibles y de trabajar con el gobierno para que se pueda conseguir el mejor resultado posible para quienes se han visto afectados», dice conciliador Jaddoo. «No estamos aquí para agravar las cosas, sino para señalar la enorme injusticia cometida y buscar las respuestas correctas».

Eso sí: «Esto no debe olvidarse» , asegura Jaddoo, que considera que los errores del escándalo Windrush y del sistema de inmigración británico podrían poner en situaciones igualmente lamentables a otras personas, como los ciudadanos de la Unión Europea que llevan viviendo décadas en Reino Unido pero que no tienen la ciudadanía o que por diversos motivos no han aplicado al programa de asentamiento posBrexit. «Aún queda un largo camino por recorrer, pero se debe hacer todo lo posible para corregir los errores y, asegurarse de que algo así nunca vuelva a suceder», dice este activista, hijo de jamaicanos nacido en Birmingham, que no se corta al afirmar que en la posguerra « cuando Gran Bretaña estaba de rodillas , vino la gente de la Commonwealth, la generación Windrush, a reconstruir este país y devolverle su grandeza», trabajando en la construcción, la limpieza o la enfermería.

« Ellos no se veían a sí mismos como inmigrantes . Se veían a sí mismos yendo a su madre patria, porque cuando vinieron aquí, vieron ondear la misma bandera que ondeaba en su país; así que lo que Gran Bretaña llama mano de obra migrante era en realidad mano de obra británica». «Y no olvidemos», dice con cierta ironía, «que este es un país construido gracias a que fue un imperio, gracias a las tierras al otro del mar donde plantaba su bandera».

Wendy Williams, que hace un año entregó un informe a los parlamentarios sobre las lecciones aprendidas del escándalo después de que le pidieran una investigación independiente, denuncia que Interior no ha conseguido un progreso adecuado en relación con las treinta recomendaciones con las que concluye el informe, y considera que el departamento que dirige Patel «corre el riesgo de perder una oportunidad de cambio única en una generación» .

Además, Williams acusó al ministerio de ser un ente que «no comprende la historia de la migración al Reino Unido, la historia colonial británica y el impacto de sus propias políticas». Williams dice estar consternada por casos como el de Nathaniel, que se fue de vacaciones a Jamaica con su hija en el 2001 sin saber que, tras pasar más de 40 años en Reino Unido, no iba a regresar a su hogar . «Le dijeron que el pasaporte que tenía desde hacía 45 años, que lo declaraba ciudadano del Reino Unido y las Colonias, ya no era lo suficientemente válido. Nueve años después de sus vacaciones, Nathaniel murió solo en Jamaica».

El gobierno, por su parte, asegura que introducirá en breve cambios en las leyes de inmigración para que las víctimas puedan acceder a la nacionalidad pero, en palabras de Patrick C.S. «eso está por verse… yo después de lo que he pasado, no me creo nada ».