La empresa responsable de la mina de Soma asegura que actuó conforme a la ley

La empresa responsable de explotar la mina de Soma, en Turquía, en la que casi 300 mineros ya han perdido la vida , ha rechazado cualquier responsabilidad sobre el siniestro, una de los peores tragedias en el país en los últimos años. El director general de la empresa «Soma Holding», Ramazan Dogru, ha admitido desconocer las causas del incendio que se declaró en la mina de lignito el martes pasado, pero se ha apresurado a descartar que el fuego tenga relación alguna con la explosión de un generador eléctrico, tal y como apuntó la primera versión oficial.

Del mismo modo, Akin Çelik, otro ejecutivo de «Soma Holding», ha apuntado que la tragedia se desarrolló en «tres o cinco minutos» y que la gran cantidad de humo redujo la visibilidad «a cero». Según Celik, la mina disponía de una cámara de supervivencia, apta para 500 personas, que estaba en fase de ser desmontada para ser trasladada a otro emplazamiento de la mina, razón por la que no pudo ser utilizada durante el accidente.

El dueño de «Soma Holding», Alp Gürkan, ha aprovechado para expresar su «enorme tristeza» por la pérdida de vidas y ha anunciado que su empresa creará una fundación para apoyar a las familias mineras y financiar la educación de los hijos de mineros fallecidos. Del mismo modo, ha añadido que la mina continuará explotándose, salvo decisión en contra de las autoridades públicas.

Gürkan ha aprovechado la ocasión para aclarar que «Soma Holding» no emplea a obreros mediante subcontratas y que la mina había pasado todas las inspecciones de seguridad. Sin embargo, Mehmet Soganci, presidente del Colegio de Ingenieros y Arquitectos (TMMOB), denunció ayer a Efe que junto a las minas, antiguamente en manos de empresas públicas, también se habían privatizado los controles de seguridad. «Todos trabajan con subcontratas y el control público es cero», aseguró.

Según un estudio de TMMOB, realizado en las minas de Zonguldak, entre 2000 y 2008, las explotaciones privadas tienen una tasa de muertes seis veces más alta que las que son de gestión pública.