¿Votarán los niños en Venezuela?

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Venezuela podría estudiar la posibilidad de garantizar el derecho al voto a los menores de edad, de 0 a 18 años, emitido por sus padres u otros representantes legales, si decide admitir a consideración una solicitud de amparo presentada el miércoles. La propuesta, no vigente en ningún país del mundo, ha sido elevada por Ramón Illarramendi, que fue ministro y diplomático antes de la era Chávez. Aunque su pretensión es fortalecer la familia, algo así probablemente ayudaría al chavismo, dada la mayor prole entre las clases populares.

Además de los aproximadamente 18 millones de votantes llamados a las urnas este domingo en Venezuela, la solicitud de amparo pide el derecho al voto para los cerca de 12 millones de «ciudadanos excluidos» que son los menores. A diferencia de lo que ocurre con los mayores edad, que pueden decidir no votar, el voto correspondiente a los niños debería ser obligatorio. «La obligación de las madres, padres y representantes debe ser enfatizada, ya que si bien la abstención propia es voluntaria, el descuido en el deber indeclinable de votar representando a los hijos o menores o incapacitados físicos o mentales bajo su guarda, constituye una falta grave», indica el texto.

Illarramendi no ha obtenido de momento respuesta del TSJ sobre el trámite de la solicitud presentada ante la Sala Electoral y también ante la Sala Constitucional. Dada la premura de tiempo, pues las elecciones son el domingo, «el CNE debería abrir un lapso de tiempo y completar las elecciones del día 14 con otra votación unos días después para permitir el voto familiar», declaró Illarramendi a este diario. El exministro admitió que su iniciativa, de prosperar, probablemente aseguraría la elección de Nicolás Maduro, pero insistió en que su propósito va más allá de la presente coyuntura. «Es algo que tiene que ver con los derechos, y eso es más trascendente», dijo.

En la argumentación presentada ante el TSJ se aboga por una «igualdad sin discriminación alguna» en el proceso electoral, en el que «no puede haber discriminaciones por razones de edad del votante». «La práctica usual, y por inercia aceptada, de excluir el voto de los menores de edad, despojándoseles de un derecho fundamental, presuntivo de todos los demás, va clara y diametralmente en contra de los principios constitucionales». Dado que la ley electoral regula el voto, pero no establece el derecho a él, que en realidad viene reconocido por la Constitución, la solicitud estima que bastaría una sentencia interpretativa del TSJ con un «mandato rotundo y de obligatorio cumplimiento ipso-facto».