Las protestas sociales enturbian el relevo de poder en China

Al autoritario régimen de Pekín le crecen los enanos en pleno relevo de poder. Cuando faltan dos meses para que Xi Jinping suceda a Hu Jintao como presidente de China, se multiplican las manifestaciones demandando derechos sociales.

Si a finales de octubre miles de personas tomaban las calles en la ciudad de Ningbo para detener la ampliación de una petroquímica por la contaminación, el último campo de batalla es la libertad de expresión. Por segundo día, docenas de manifestantes se concentraron ayer a las puertas del «Nanfang Zhoumo» («Semanario del Sur»), un prestigioso medio de comunicación donde algunos de sus trabajadores se han declarado en huelga para protestar contra la censura.

Con sede en Cantón (Guangzhou), capital de la industrializada provincia sureña de Guangdong, dicha publicación se ha labrado fama de independiente y combativa, al menos para los rígidos estándares chinos, por revelar sonados casos de corrupción sin llegar a cuestionar el monopolio del Partido Comunista. Pero el «Semanario del Sur» ha ido demasiado lejos en su número especial de año nuevo, que incluía un editorial reclamando reformas políticas para reforzar «el sueño del constitucionalismo en China». En un momento especialmente sensible por la transición de poder en la cúpula del régimen, dichas demandas han sido vetadas por la censura, que ha sustituido tal editorial por una alabanza al Partido.

Para protestar contra la censura impuesta por el responsable provincial de la propaganda, Tuo Zhen, algunos periodistas del «Semanario del Sur» han desafiado a las autoridades yendo a la huelga. En su apoyo han salido numerosos catedráticos y expertos, que han firmado una carta en internet a favor de la libertad de expresión, así como cientos de personas que se han concentrado con pancartas a las puertas del medio.

El lugar de las protestas tampoco es casual. Precisamente, en Cantón comenzaron en octubre de 2010 unas sonadas manifestaciones contra la expropiación ilegal de terrenos que acabaron con la destitución de las autoridades locales y la celebración de elecciones. Permitidas por el Gobierno central, dichas protestas suponen todo un ejemplo de la fuerza que puede llegar a tener una sociedad cada vez mejor informada y consciente de sus derechos. Una auténtica bomba de relojería para el autoritario régimen chino porque se calcula que cada año hay unas 180.000 manifestaciones por todo el país.

Después de tres décadas de extraordinarios cambios económicos y sociales, en China se ha formado una populosa clase media que cada vez tiene menos miedo a echarse a la calle para protestar y demandar sus derechos. De momento, se trata de reclamar derechos sociales más que políticos, pero su mera reivindicación ya supone todo un reto para el autoritario régimen de Pekín.