Cuando la República planeó regresar a España en 1946

Los documentos –de los que hasta ahora no se tenía constancia– llevan la firma del por entonces ministro de Gobernación en el exilio, el catalán Manuel Torres Campañá, quien cruza distintas misivas con el jefe de los servicios de información del Gobierno de la República en el exilio. Con fecha de 25 de julio de 1946, y datada en París, Torres Campañá advierte de que «sea cual sea la forma que presenten los acontecimientos en España, la actuación de los republicanos tiene que prepararse para una acción rápida de captación de las masas de buena fe, desorientadas por el fracaso de la aventura franquista, y un poco temerosas de otras posibles de signo contrario«. Entre líneas se capta una advertencia por si hubiera veleidades para instaurar un estado comunista, dada la notable presión soviética en aquellos años.

Torres Campañá no trabajaba con la única posibilidad de que el Gobierno de José Giral –presidente entonces del Consejo de Ministros- fuera restituido de sus funciones en caso de abatirse el régimen. En una carta suya de agosto de 1946, el ministro contempla tres posibilidades: la restauración de la República, «una situación interina o provisional, en la cual ni el Gobierno ni la resistencia interior tengan ni participación, ni responsabilidad», o un escenario en el que, a pesar de no contar con un papel protagonista los gobernantes en el exilio, este fuera aceptado «por algunos núcleos de la resistencia interior«.

Es decir, el gobierno en el exilio no descartaba que la recuperación de la democracia en España no pasara por él, sino por personas que hubieran quedado dentro del país tras la Guerra Civil. En ese caso, mantendría una actitud «de expectativa primero, y de combate seguidamente» en el caso de que no se dieran los pasos para el regreso de un régimen constitucional.

El 'esquema de un plan de acción urgente' reconocía lo improbable de «un restablecimiento inmediato y directo del régimen constitucional republicano», que sería el encargado de desarrollar su propia hoja de ruta. Pero si hubiera de instaurarse «cualquier hipótesis provisional, debe ser condición sine qua non el establecimiento inmediato de un régimen de libertad«.

Este tendría que adoptar, como medidas inmediatas, «la libertad de los presos y regreso sin limitaciones de los emigrados», «el ejercicio sin trabas de los derechos individuales políticos y sindicales», «supresión de toda organización de Falange, especialmente en la Policía y en el Ejército» y «sobre todo, la supresión de la censura», dando así pie a «prensa libre y radio liberada de influencias falangistas, más o menos encubiertas«. »Si estas condiciones no se obtienen, el régimen provisional será una burla trágica contra la cual habrá que levantar la protesta internacional y la acción interior«.

Este conjunto de documentos ha sido localizado en los fondos de la Fundación Universitaria Española por el profesor de Historia Contemporánea de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) Emilio Grandío Seoane, que da a la planificación del Gobierno de la República visos de credibilidad. «Es la preparación para una posible toma de España», una planificación «que a mi entender está bastante estructurada desde la perspectiva política, con consignas claras, y también desde el control del orden público«. Este segundo aspecto preocupaba profundamente a Torres Campañá. »Todo lo que sea confusión, interinidad, es desorden (…) lo que da fuerza para mantener el orden no son las armas solamente; es, ante todo, la autoridad moral, y esta arranca de la Ley«. »Nuestro problema es de cordura y de prestigio«, sentencia.

El plan identifica también «el problema de las consignas», y de nuevo hay una apelación a la prudencia y la contención. «No creo necesaria una revisión ideológica, sino la concreción de fórmulas prácticas como programa mínimo de acción inmediata, que entre por los ojos, que tenga base real positiva en la vida actual de nuestro país», para acabar reclamando que «nada de palabrerías democráticas, ni de avivar el rescoldo de la contienda civil».

El ministro insiste en la importancia de que «nuestros elementos cubiertos hoy con el prestigio de su conducta y de su lealtad al régimen constitucional se empleasen de buenas a primeras con toda su buena fe, en tareas poco claras en su relación con la legalidad republicana». En otras palabras, que se evitaran ajustes de cuentas. A eso se sumaba que «al hacernos cargo del Gobierno en España, nos podemos encontrar con la necesidad y quién sabe si con la conveniencia, de mantener de momento los funcionarios [franquistas] de los distintos cuerpos que tienen por misión el mantenimiento del orden público« que no decidieran abandonar sus puestos, vacantes que se cubrirían »con personal nuestro«.

En otra de las notas, fechada en junio de 1946, se fijan dos momentos tras la eventual caída del régimen franquista. «En el primero ha de haber una fase de transición, más o menos en contacto con elementos actuales y de la resistencia, mezcla difícil que habrá de cuidar celosamente para que no resulte explosiva». Se refiere a combinar las milicias de la guerrilla, que llevan desde 1936 resistiendo en el monte, con agentes republicanos que entrarían en España desde el exterior. La segunda fase sería «un periodo de acción muy enérgico para mantener y consolidar» la nueva estructura democrática.

El plan de acción no contempla acciones militares ni el control del Ejército. Lo que se pretende es recuperar el poder civil, con los gobernadores provinciales como referentes en cada circunscripción, junto a los que se crea la figura de los «comisarios generales» para la coordinación de la policía. Además, España se dividiría en veinte zonas policiales, al frente de las cuales estaría uno de estos comisarios. No es sino una estructura «con carácter provisional y mientras se redactan» las nuevas leyes.

La pregunta clave aquí era, evidentemente, quién iba a derrocar a Franco. «Creo que el Gobierno en el exilio no esperaba tanto una acción militar exterior» de los Aliados «como de bloqueo económico internacional« que forzara la caída del dictador. Grandío Seoane pone el acento en el contexto: es el 1946 en el que Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña acuerdan la llamada Nota Tripartita, que condena expresamente el régimen y la legitimidad de su titular, aunque deriva en el pueblo español y sus dirigentes liberales el »encontrar los medios para lograr la retirada de Franco, la abolición de la Falange y el establecimiento de un Gobierno interino o provisional«, entre otros aspectos.

En sus investigaciones Grandío ha localizado incluso evidencias de que «existieron conversaciones al más alto nivel entre los servicios de información franquistas y los republicanos que seguían en suelo español». ¿Con qué objeto? «Por lo que pudiera pasar», reitera, «en 1946 Franco se encuentra plenamente acogotado», después de que un año antes en la Conferencia de Postdam tanto Harry Truman como Winston Churchill y Josef Stalin coincidieran en su abierta condena. En el escenario internacional circula la convicción de que España caerá «como cayeron Alemania e Italia», dentro de la búsqueda de una Europa antifascista. «Para nada estaba consolidado Franco», sostiene. Ese momento de debilidad coincide con estos planes del Ejecutivo de Giral, instalado en París desde comienzos de 1946.

Sin embargo, el optimismo poco a poco se va difuminando. En diciembre, la ONU aprueba una resolución de condena a España en sintonía con la Nota Tripartita, que censura al régimen pero que no va más allá: no hay sanciones ni bloqueo económico, a pesar de las presiones de la Unión Soviética y los países iberoamericanos más significados con la República. El tiempo sepultó las esperanzas republicanas. Giral, en una carta a Torres Campañá de agosto de 1949, confesaba que «la gente espera que se haga el milagro [de tumbar la dictadura] sin aportar el mínimo esfuerzo, y el caso es que a lo mejor el milagro se hará», a pesar de que «Inglaterra y EE.UU. no desean que Franco se marche, eso está más claro que el agua«. Así era, así fue.