Los 376 asesinatos de ETA sin resolver: el lujo de vivir en libertad con un reguero de cadáveres a la espalda

Sin embargo, a excepción de la masacre de Hipercor, ningún otro miembro de la banda terrorista vasca ha asesinado a tanta gente desde aquel 13 de septiembre de 1974 en el que Oyarzábal Bidegorri y Cristóbal Elhorga hicieron saltar por los aires la cafetería Rolando de Madrid. Los autores querían provocar el máximo daño posible y pocos lugares había mejores para conseguirlo que este establecimiento situado en la céntrica calle del Correo, junto a la Puerta del Sol, uno de los puntos más transitados de la capital de España.

Lo insólito de este caso es que no es único. Según un estudio detallado de Florencio Domínguez y María Jiménez Ramos, autores de 'Sin justicia' (Espasa, 2023), de los 850 asesinatos cometidos por ETA, los autores materiales de 376 de ellos nunca han sido condenados. Eso es más del 40% de los crímenes de la banda, estableciendo una diferencia entre los que se les aplicó la Ley de Amnistía de 1977, como es el caso de Oyarzábal y Elhorga, y los que fueron perpetrados después de los límites temporales establecidos durante la Transición por aquella norma.

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El primer tramo comenzó el 7 de junio de 1968, cuando ETA cometió su primer asesinato: el del guardia civil José Antonio Pardines. Desde ese día y hasta junio de 1977, fecha que ponía límite a la aplicación de la citada ley, la banda acabó con la vida de 67 personas. Los asesinos de 63 de ellas nunca fueron juzgados, de manera que el 93% de los crímenes de la banda terrorista perpetrados en los años finales de la dictadura franquista y el inicio de la Transición quedaron impunes. Elhorga y Oyarzábal mataron a 13 hace cincuenta años.

La pareja entró en la cafetería Rolando el 13 de septiembre de 1974 a las 14.00 horas. Se sentó en una de las mesas del salón principal, que en aquel momento empezaba a llenarse. «Eran un hombre y una mujer de unos veinticinco años que llevaban bultos, ambos con el pelo largo y de una estatura corriente», declaró uno de los camareros a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Los terroristas había elegido primero la Dirección General de Seguridad (DGS), pues querían matar al mayor número de policías posibles, pero llegaron a la conclusión de que era imposible dejar una bomba allí sin ser interceptados.

A continuación eligieron la cafetería que había al otro lado de la calle, pues suponían que muchos agentes acudían allí a comer. Sin embargo, solo mataron a un inspector de la Policía Nacional: Félix, de 46 años, que murió dos años después por consecuencia de las heridas. El resto eran un mecánico, un comercial, una telefonista, una maestra, un panadero y su esposa, un ferroviario, una administrativa de la DGS, un empleado de las artes gráficas, una estudiante de 20 años y un cocinero y un camarero de la cafetería.

«Fue un salto cualitativo importante, porque ETA pasó de atentar contra objetivos individuales y seleccionados a matar indiscriminadamente, sin importar a cuánta gente mataba ni quiénes eran. Comenzaron a imitar los ataques de grupos terroristas como los neofascistas en Italia o el IRA en los pubs de Londres o Birmingham», explicaba en septiembre a ABC Gaizka Fernández, autor junto a Ana Escauriaza de 'Dinamita, tuercas y mentiras: El atentado de la cafetería Rolando' (Tecnos, 2024).

Sin ninguna llamada anónima que advirtiera de lo que iba a ocurrir, la cafetería saltó por los aires con toda la clientela y la plantilla dentro a las 14.30. El «bulto» de Oyarzábal y Elhorga contenía 30 kilos de explosivos y tuercas de 2 centímetros de diámetro para provocar el máximo daño posible. Fue el primer atentado indiscriminado contra civiles de la historia de ETA. Además de los 13 muertos, hubo 71 heridos. En aquel momento, un testigo contó a ABC: «Fue una explosión seca y tremenda. De repente, se apagó la luz y una lluvia de cascotes cayó sobre nosotros. En ese momento, ni siquiera oímos gritos, solo el impresionante y ensordecedor ruido. Los cristales volaron por los aires y después todo fue confusión».

En el cercano hostal Ruano, cuentan Fernández y Escauriaza en su ensayo, una mujer llamada Benilde estaba tendiendo la ropa en el patio interior cuando oyó «una gran explosión y sintió, a la vez, una gran sensación de calor, y vio cómo subían los escombros». La ráfaga la arrojó dos metros hacia el interior del establecimiento. Unos clientes la levantaron del suelo y ella bajó a la calle. La escena que vio allí fue dantesca, como reconoció al diario 'Pueblo': «Llegué a tropezar con una pierna de mujer. Estaba separada del tronco. Fue horrible».

Franco murió solo un año después, aprobándose una serie de leyes para desmontar el ensamblaje legal de la dictadura. El objetivo era la reconciliación nacional y la amnistía para los presos políticos, según la reivindicación de la oposición antifranquista. Su aprobación logró el respaldo de grupos políticos de centro y también de derecha y los efectos de la nueva ley fueron inminentes. De acuerdo con el artículo 10, la autoridad judicial competente debía ordenar la libertad inmediata para las personas que estaban en prisión, dejando también sin efecto las órdenes de busca y captura de aquellos encausados declarados en rebeldía.

Entre los beneficiados hubo trabajadores sancionados por defender derechos democráticos, como la huelga y la sindicación; representantes de partidos políticos clandestinos, como del PCE y PSOE; funcionarios y agentes de orden público que habían cometido crímenes durante el franquismo; militares y miembros de las fuerzas del orden que habían sido encarcelados por negarse a participar en acciones represivas contra la población y, en otros, los condenados o acusados por delitos considerados como terroristas.

«Las responsabilidades penales de todos ellos quedaron extinguidas. La ley establecía también que debían eliminarse sus antecedentes penales y sus notas desfavorables en expedientes personales, aun cuando el sancionado hubiese fallecido», recuerdan Domínguez y Jiménez en su ensayo. No es el caso de Oyarzábal y Elhorga, cuya matanza quedó impune y los españoles acabaron por olvidarse de ellos y de lo que hicieron. «¡Siguen vivos! Nunca fueron detenidos. Hay un reportaje de 'El Mundo' y un documental de Telemadrid en el que, hace diez años, los encontraron en un pueblo de Francia. Tuvieron hijos y nietos y una vida feliz y próspera. Bernard, incluso, llegó a trabajar en la Academia de Lengua Vasca en Francia y se convirtió en un académico relevante, sin que nadie le reprochara la masacre», comentaba Fernández a este diario.

En total, 89 presos con delitos de sangre vinculados a bandas terroristas se beneficiaron de la Ley de Amnistía de 1977. La gran mayoría de ellos pertenecía a ETA, a los que se sumaban algunos del GRAPO. Eso quiere decir que casi ninguno de los 67 asesinatos cometidos por etarras hasta que se aplicó la norma en plena Transición, 63 no fueron resueltos ni sus autores juzgados. Los 63 muertos fueron consecuencia de 39 atentados perpetrados por la organización terrorista vasca. El más grave en términos de víctimas mortales fue el mencionado de la cafetería Rolando.

Si analizamos lo ocurrido tras la Ley de Amnistía y en el medio siglo transcurrido de democracia, la estadística no es mucho mejor. Según la investigación publicada en 'Sin justicia', 312 asesinatos de ETA cometidos en 240 atentados después de 1977 no han conocido sentencia en la que se haya condenado a alguno de los autores materiales que los perpetraron . Se han considerado casos pendientes sin resolver. Todos ellos representan casi un 40% de todos los crímenes mortales protagonizados por la banda terrorista en este periodo de tiempo. «Las familias de esas víctimas no han tenido no han tenido una resolución de los tribunales que les haga justicia», concluyen los autores.