La demanda del Gobierno contra Batasuna aporta mil pruebas de su relación con ETA

31/08/2002 a las 00:46h.

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MADRID. El Gobierno avanzó ayer un paso más en el camino hacia la ilegalización de Batasuna, según los trámites que establece la ley de Partidos Políticos. El Consejo de Ministros, en su primera reunión tras las vacaciones de verano, aprobó la presentación de la demanda de ilegalización ante el Tribunal Supremo, tal y como le instó el Congreso de los Diputados en el Pleno histórico del lunes. El documento se presentará el martes y confluirá con el que también aporte el mismo día la Fiscalía General del Estado.

Con la intención de que la demanda cuente con plenas garantías de éxito, el Ejecutivo incluirá un amplio informe con cerca de mil «elementos de prueba» que acreditan, según el Gobierno, que Batasuna forma parte del entramado terrorista. Según adelantó ayer el ministro de Justicia, José María Michavila, se trata de actas notariales, notificaciones oficiales, informes de las Fuerzas de Seguridad y de las instituciones democráticas, certificaciones judiciales, reproducción de páginas web y fotografías digitales, todo ello para demostrar que Batasuna es «la proyección política» de ETA.

Estos mil elementos de prueba no se circunscriben exclusivamente al periodo de tiempo transcurrido desde la aprobación de la ley de Partidos -hace ahora dos meses-, sino a la trayectoria que el brazo político de ETA ha desarrollado en estos últimos años. La recopilación de pruebas está ya lista, no así el texto de la demanda, que será ultimado por los Servicios Jurídicos dependientes del Ministerio de Justicia a lo largo del fin de semana.

De todas formas, ya se conocen los tres ejes sobre los que girará el documento. El primero, se refiere al hecho probado para el Gobierno de que la coalición proetarra forma parte de «entramado político» de la banda terrorista. Según el Ejecutivo, el partido de Otegi ha cambiado de denominación en tres ocasiones -Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna- y, bajo distintas siglas, ha compartido sedes, candidatos y dirigentes con ETA. La demanda recuerda que cuatro de los siete diputados actuales de Batasuna en el Parlamento vasco fueron condenados con anterioridad por su relación con ETA -entre ellos, Josu Ternera y el propio Otegi- y ninguno de ellos rechaza la violencia.

El segundo eje de la demanda se centra en probar que Batasuna ha utilizado las instituciones democráticas y los cargos públicos que ha ostentado para apoyar a ETA. El documento recuerda que la coalición proetarra se ha servido de subvenciones públicas para financiar a la banda, que ha entregado documentos reservados -como el censo electoral- a los asesinos y que ha usado sus sedes como lugar para la captación de nuevos terroristas y el almacenaje de armas.

Con el tercer pilar -quizá el más importante- el Gobierno intenta demostrar que Batasuna ha vulnerado reiteradamente la ley de Partidos. En este punto, el Ejecutivo aporta pruebas de «doble militancia» en ETA y Batasuna, exaltación de la violencia en plenos de varios ayuntamientos, declaraciones de dirigentes de la coalición abertzale en defensa de la banda y amenazas a cargos electos y ciudadanos. Tras la reunión del Consejo de Ministros, Michavila explicó que la demanda consiste en explicar en términos jurídicos algo que es ya una evidencia para la sociedad española: «Batasuna es la proyección de ETA en la política, que utiliza para abastecer el terrorismo los privilegios que la democracia otorga a los partidos».

El vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, en la línea de lo manifestado por Aznar el miércoles pasado en Quintanilla de Onésimo, quiso dejar claro, en primer lugar, que con la ilegalización los únicos que pierden son los terroristas y sus colaboradores. Por eso, argumentó que no queda lugar para el victimismo político, porque la ley no persigue ninguna idea sino a aquellos que no dejan vivir en libertad u opinar. No obstante, lamentó que haya partidos que no apoyaron la ilegalización -como el PNV y CiU- cuando han tenido una «oportunidad histórica» para hacerlo de manera «contundente e inequívoca».

Además, Rajoy reconoció que la medida contra Batasuna no significa que se haya ganado la guerra al terrorismo, pero supone una victoria en la batalla contra sus cómplices. El vicepresidente primero señaló que en estos últimos meses queda demostrado que todas las instituciones democráticas quieren actuar «sin complejos» para defender los derechos y libertades de los españoles.

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