JOSÉ COUSO

Caso abierto

NATI VILLANUEVA

A las once de la mañana del 8 de abril de 2003, el cámara de Telecinco José Couso era alcanzado por un proyectil de carro de combate del Ejército de los Estados Unidos. Se encontraba en el balcón de su habitación, la 1403 del Hotel Palestina de Bagdag, el mismo en el que cerca de 300 reporteros de todo el mundo cubrían este conflicto armado, uno de los más sangrientos para los periodistas en la historia reciente. Couso, de 37 años y padre de dos niños, pasaba a formar parte de los casi 40 reporteros que perdían la vida en esta guerra. El mismo día morían el ucraniano Taras Protsyuk (también en ese ataque), de la agencia Reuters, y el jordano Tarek Ayub, este último alcanzado por una de las bombas que el ejército estadounidense lanzó sobre la sede de la cadena al Yazira.

Han pasado siete años, y el "caso Couso" sigue renqueando en los tribunales españoles. Aunque los responsables de su muerte están identificados, son las circunstancias en las que se produjo el ataque lo que ha suscitado discrepancias en el ámbito judicial. ¿Fue un hecho fortuito o intencionado? ¿Se intentó atemorizar a la población civil y en especial a los periodistas que cubrían el conflicto? (Era vox populi que el hotel Palestina era el refugio de la prensa internacional) ¿Actuaron los ocupantes del carro de combate en legítima defensa, como alega Estados Unidos, al confundir a Couso con un francotirador? El caso vuelve a ser investigado después de que, por segunda vez, en julio de 2010, el Tribunal Supremo haya ordenado a la Audiencia Nacional su reapertura.

No es el juez-instructor de la causa, Santiago Pedraz, el que tiene dudas sobre si la muerte de Couso se enmarca en un delito contra la comunidad internacional (de hecho, el magistrado ha procesado y ordenado la busca y captura de los tres militares implicados directamente en el ataque), sino la Sala Penal de la Audiencia, que reprocha al juez su desconfianza hacia la investigación que de estos hechos hizo Estados Unidos eximiendo de toda culpa a sus militares. Sostienen que se trata de un "acto de guerra contra un enemigo erróneamente identificado".

Ahora el Supremo recuerda a los magistrados de la Audiencia Nacional que, con independencia de lo que resulte de una investigación más exhaustiva, la muerte de Couso es penalmente imputable, que hay indicios de delito y vulneración de las normas del Derecho Internacional humanitario y que además no se han practicado todas las diligencias de instrucción que permitirían enjuiciar o, en su caso, sobreseer definitivamente este asunto.

Lo cierto es que desde su apertura, el juez Pedraz sólo ha contado con la colaboración de los testigos, los compañeros de Couso que vivieron su muerte en primera persona, y se ha dado de bruces con la opacidad del anterior Gobierno de España y con la pasividad de la Administración Bush.

Lejos de colaborar con la justicia española (le obliga el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal suscrito en 1990), los Departamentos de Estado, Defensa y Justicia de Estados Unidos se han negado reiteradamente a proporcionar el auxilio judicial requerido por España, de forma que no sólo se han negado a aportar toda la documentación relativa a este asunto, sino que tampoco han permitido la toma de declaración a estos tres militares. El instructor confía ahora (y así lo señala en su primera providencia tras la reapertura del caso) en que el cambio de gobierno en Estados Unidos permita avanzar en esta investigación. Por su parte, la familia del cámara ha dejado claro no descansará hasta que así sea.