Vox celebra que Moncloa gire y no deje clasificar informes a las autonomías

El partido que preside Santiago Abascal aplaude que Moncloa haya cambiado de posición y apueste ahora por restringir al Gobierno el poder de clasificar, desclasificar y reclasificar información en la reforma de la ley de Secretos Oficiales. ABC adelantó este miércoles que en la última versión del anteproyecto de Información Clasificada, las comunidades autónomas no podrán proteger documentación como confidencial o restringida. Algo que sí les permitía hacer la anterior versión del anteproyecto.

Con el giro dado por Presidencia, las autonomías pasarán a formar parte de la lista de autoridades con capacidad para proponer al Ejecutivo central que proteja información, pero no tendrán la última palabra. «A la espera de la versión final del anteproyecto, es positivo eliminar la competencia de clasificación, reclasificación y desclasificación de las autoridades autónomas», señaló ayer el portavoz de Vox en la Comisión de Interior, Javier Ortega Smith.

Los de Santiago Abascal también ven correcto que la última versión del anteproyecto reduzca en cinco años los plazos máximos de desclasificación automática para información considerada de alto secreto o secreto. Ortega Smith apunta que los plazos «no varían sobremanera, toda vez que siguen siendo superiores a los que manejan países como Alemania o Estados Unidos». Previamente, Presidencia preveía un plazo de desclasificación automático de 50 años prorrogables por otros 15 para la información de alto secreto y de 40 años ampliables a diez para el caso de secretos. La última versión reduce a 45 y 35 años, respectivamente, los plazos máximos de desclasificación con las mismas prorrogas fijadas anteriormente.

Ciudadanos, en cambio, discrepa en este punto. Su portavoz en la Comisión de Defensa, Miguel Gutiérrez, considera que los nuevos plazos estipulados para la desclasificación automática de información siguen siendo «excesivos». En esta línea, se hace eco de la advertencia lanzada desde el Consejo de Estado y adelantada por ABC respecto a que la redacción del anteproyecto deja la puerta abierta a que una información pueda volver a clasificarse, una vez cumplido el plazo máximo de clasificación. «Nos preocupa, en especial, la salvedad que realiza el Consejo de Estado en su informe, al parecer, sobre el peligro de que cierta información nunca llegue a desclasificarse, por lo que estaremos atentos a la regulación final de este aspecto», avisa Gutiérrez.

Vox también tiene críticas al texto, pero enfocadas a que se pueda desclasificar información mediante un reglamento que el Gobierno no aclara cuál será. «Nos parece peligroso», señala su portavoz de Interior, en alusión a que se puedan desproteger documentos «sin agotar los plazos previstos y «al albur de un desarrollo reglamentario». En esta línea, Ortega Smith subraya la importancia de que «la información clasificada lo es y existe para velar por la Seguridad Nacional y proteger a España de sus enemigos y no debe servir, por tanto, para ocultar acciones ilegales de ningún Gobierno».

Desde el bloque de investidura, en cambio, el PNV -impulsor de una reforma de la ley de Secretos Oficiales aparcada por este anteproyecto del Gobierno- se muestra muy crítico con el Ejecutivo. Fuentes de este partido acusan al PSOE de estar haciendo el «paripé» con esta reforma y no confían en que vaya a salir adelante. «Es improbable que dé tiempo a culminar la tramitación de este proyecto de ley antes de que termine la legislatura», cargan desde el grupo que dirige Aitor Esteban.

Esta apreciación del PNV se produce porque Presidencia aún está introduciendo cambios en la última versión del anteproyecto, como paso final para enviarlo al Consejo de Ministros ya como proyecto de ley. Pero, una vez que el texto supere ese trámite, tendrá que iniciar una periplo por el Congreso que no se espera rápido. Y, con elecciones generales previstas para diciembre, habrá menos de 20 semanas con plenos.