Villarejo, al banquillo por espiar a otro empresario

En el auto, firmado el pasado jueves y al que ha tenido acceso ABC, el juez Manuel García Castellón ha dictado la apertura de juicio oral contra él y otros cuatro acusados: el exjefe de la Unidad Central Adjunta Operativa (UCAO) de la Policía , Enrique García Castaño, y los exinspectores Constancio Riaño y Antonio Bonilla, así como su socio Rafael Redondo. El magistrado les ha requerido que aporten 3.000 euros para, en caso de ser condenados, indemnizar al empresario presuntamente espiado.

Así, Villarejo se enfrenta a una nueva pena de nueve años de prisión por el presunto encargo que recibió en 2015 de una particular, Marzena Katarzina, para espiar a un empresario de Marbella, Felipe G. Z., con el que tenía un conflicto económico. El comisario acumula de esta manera otro juicio que podría acabar en condena, mientras espera a que la Audiencia Nacional emita su veredicto sobre el primer gran juicio que afrontó en este tribunal.

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En esta pieza, los fiscales Miguel Serrano y César de Rivas proponen además que se condene a ocho años de cárcel a Riaño y pide cuatro años y nueve nueves meses para Redondo y Bonilla, respectivamente.

Esta es la octava pieza separada de la macrocausa sobre las actividades de Villarejo. Los hechos se remontan al verano de 2015, cuando esa mujer llamada Marzena Katarzina recurrió a una de las empresas del entramado de Villarejo por recomendación de un amigo.

La mujer quería emprender acciones legales contra el empresario Felipe G. Z. y le ofrecieron, a cambio del 33% del dinero que pudiera recuperar de él, una estrategia con «acciones de índole civil y penal», en palabras del juez, que se concretaron, entre otras cosas, en un informe prejudicial que analiza al empresario y todo su entorno y que apunta indicios de fraude fiscal y blanqueo a partir de «bases de datos y registros que no son accesibles al público», como las policiales. Quien no se sentará en el banquillo es Marzena Katarzina, porque «no consta que realizara pago alguno a ninguno de los encausados ni a ninguna otra de las sociedades de Grupo Cenyt». El pago se habría realizado al recuperarse los bienes del empresario espiado, lo que no llegó a ocurrir y, por tanto, sus actos no pueden tener efectos penales.