La UE advierte al Gobierno: sus problemas con el Poder Judicial pueden arruinar la presidencia europea de Sánchez

Es muy significativo que las entrevistas concertadas en este viaje no aparecieran en la agenda de la Comisión que se publica los viernes, lo que significa que las reuniones se han cerrado durante el fin de semana a toda prisa, aunque el ministerio de la Presidencia insiste en que el viaje se había anunciado en España el 3 de febrero. El ministro de la Presidencia se reunió con dos comisarios, Věra Jourová, encargada de transparencia y valores europeos, y Didier Reynders, responsable de Justicia y coordinador del informe anual sobre estado de Derecho que se publicará en verano, justo antes del inicio del periodo semestral de de presidencia española.

Bolaños pasó por Bruselas sin comparecer ante la prensa. Solamente ha hecho público un comunicado en el que se limita a asegurar que con Jurova hablaron del calendario de la presidencia española y del «exito» de la gestión de los fondos de recuperación por parte de su Gobierno, que «ha contribuido a una política estratégica de la Unión Europea basada en la solidaridad y en la existencia de controles internos y externos que España ha superado con éxito». En cuanto al diálogo con Reynders asegura que se ha dedicado a explicar «los avances de España en materia de estado de Derecho». Bolaños insiste en presentar a sus interlocutores europeos «el acuerdo alcanzado con el principal partido de la oposición para renovar el CGPJ, siguiendo las recomendaciones de la propia Comisión» para acabar afirmando que se encuentra a la espera de que «el PP firme el acuerdo ya negociado».

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Un portavoz oficial de la Comisión dijo respecto a la visita de Bolaños que siguen abiertos al diálogo puesto que «es importante mantener las discusiones, pero la solución hay que buscarla en España».

El 18 de enero Reynders dijo ante el Parlamento Europeo y en un debate sobre ese informe que «la Comisión está analizando actualmente estas nuevas disposiciones tras la reforma del Código Penal para verificar su compatibilidad con la legislación de la UE, en particular en lo que respecta a la protección de los intereses financieros de la Unión«.

La Delegación del comité de Control Presupuestario de la Eurocámara que vino a Madrid la semana pasada para estudiar el uso de los fondos europeos, también consideró como preocupante la aprobación de esa reforma legal que minimiza las penas para ciertos supuestos de desvío de dinero público.

Según fuentes parlamentarias, Bolaños estaría intentando «parar un demoledor informe sobre estado de derecho al principio de la presidencia europea» y «romper el vínculo que puede establecer Bruselas entre la reforma malversación y los fondos europeos».

Reynders ha dicho varias veces que Bruselas espera que esa renovación del CGPJ se realice lo antes posible y «acto seguido» se cambie la legislación para aumentar el peso de los propios jueces en la designación de los miembros de este órgano, que es algo que el Gobierno rechaza. La ministra de Justicia, Pilar Llop, compareció ante el comité de Libertades del Parlamento Europeo, para defender precisamente que la legislación española sobre la elección de los miembros del CGPJ es una de las mejores de Europa. La recomendación de cambiar el método de elección del CGPJ ha sido formulada tanto por el propio Reynders como por la Comisión de Venecia del Consejo de Europa.