La triple encrucijada que pone en jaque el manual de resistencia de Sánchez

En su caso, la incertidumbre sobre el futuro de su mandato preside esa perspectiva, como justo hace doce meses. Es verdad que la legislatura que comenzó en el verano de 2023, después del insólito adelanto electoral para convocar a las urnas en pleno verano, no ha descarrilado, como podía presagiarse, pero tampoco puede decirse que goce de buena salud ni, mucho menos, que esté encarrilada.

El principal pago para ponerla en funcionamiento, que no es otro que el de la amnistía concedida a Carles Puigdemont, está saldado, si bien las dudas de los jueces sobre la misma, singularmente sobre si puede aplicarse a las penas de malversación, no terminan de contentar al expresidente de la Generalitat fugado. «Amnistías que no amnistían», ha llegado a decir el líder de Junts per Catalunya en uno de sus muchos escritos de advertencia a Sánchez.

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La relación con los independentistas catalanes de derechas, que con sus siete diputados tienen mando en plaza en el devenir de la actual Presidencia, es una de las principales encrucijadas que afronta el jefe del Ejecutivo. Mucho más después de un último pleno del Congreso de los Diputados, el celebrado el pasado jueves, donde se evidenció la entente que en materia fiscal esta formación, y otro socio del Gobierno como el PNV, pueden llegar a alcanzar con la derecha del Hemiciclo, la que representan el Partido Popular (PP) y Vox. Pero no se trata de la única adversidad de envergadura que afronta Sánchez.

Se le añaden, al menos, otras dos. La primera el caso Begoña, que justo este año que termina provocó el más insólito de los episodios de la era Sánchez, pródiga en momentos inéditos, cuando el presidente puso en vilo al país, y muy especialmente a su partido, anunciando mediante una carta en las redes sociales que se tomaban cinco días de asueto para reflexionar sobre su continuidad en el cargo. Finalmente, y tras amagar hasta el último instante con la dimisión (particularmente por la visita al Rey en Zarzuela esa misma mañana, que hacía presagiar la renuncia), Sánchez anunció que se quedaba. Lo hizo con un PSOE aún más rendido a sus pies, tras haber convertido el número 3 socialista, Santos Cerdán, el Comité Federal de la formación en toda una 'performance' de aclamación del líder, suplicándole al ritmo del 'Quédate' del cantante de moda Quevedo que no hiciese efectiva la dimisión con la que estuvo coqueteando. Desde que se conoció esa investigación a la esposa del presidente por presuntos delitos de corrupción en su actividad privada, el Gobierno se ha esmerado, con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, llevando la voz cantante, en vaticinar el archivo de la causa, pero la Audiencia Provincial de Madrid no ha frenado los pies al juez Peinado.

Y la tercera encrucijada que pone a prueba el célebre 'Manual de resistencia' de Sánchez, como tituló el primero de sus libros de memorias, es todo un cisne negro, siguiendo la terminología acuñada por el intelectual libanés Nassim Taleb para describir «el impacto de lo altamente improbable». No de otra manera cabe abordar el caso de Juan Lobato. Si apenas hace unos meses alguien hubiese dicho que el senador por Madrid pondría en jaque a Moncloa, pocos le hubieran tomado en serio. Pero la exclusiva de ABC del pasado 24 de noviembre que precipitó su dimisión días después como líder del PSOE madrileño, en la que este periódico desveló las presiones del Gobierno para que Lobato utilizase un documento confidencial con datos fiscales del novio de Isabel Díaz Ayuso en su tarea de oposición a la presidenta de la Comunidad de Madrid, han añadido complicaciones, y muy serias, al ya empedrado camino de Sánchez. Baste decir que esta misma semana, las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han puesto de relieve que en esas presiones a Lobato -quien se negaba a utilizar dicho documento como arma política y que llevó a un notario los mensajes de su móvil- participaron no solo, como ya se sabía, la jefa de gabinete del hoy ministro Óscar López, Pilar Sánchez Acera, cuando ambos estaban en el Gabinete de Presidencia, sino también los dos últimos secretarios de Estado de Comunicación. El que lo era hasta hace unas semanas, Francesc Vallés, y su sustituto, Ion Antolín, quien en el momento de la filtración del documento de marras, a mediados de marzo pasado, ejercía como director de comunicación del PSOE.

También el jueves, la UCO evidenció el borrado de mensajes en el móvil del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado en el Tribunal Supremo (TS) por la filtración de esos datos sobre Alberto González Amador, con el objetivo de desmentir que éste hubiese ofrecido un pacto a la Fiscalía sobre su condena por fraude fiscal, algo que sucedió exactamente al revés. La primera versión fue difundida por el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, y reproducida por algunos medios de comunicación, no por ABC. Ante la evidencia de ese borrado de mensajes, que incluso admitió en un comunicado la propia Fiscalía, aduciendo un protocolo de seguridad, Sánchez compareció al término del Consejo Europeo en Bruselas sosteniendo contra toda evidencia que se hubiera producido el vaciado de mensajes en el móvil de García Ortiz. El limitado turno de preguntas, que provocó airadas quejas de los corresponsables españoles en Bruselas, impidió enfrentarle a su inexactitud, algo que tampoco se pudo hacer sin los micrófonos delante, dada su prisa por abandonar la sala de prensa reservada a España en la sede del Consejo Europeo. El jefe del Ejecutivo se mantuvo en una defensa numantina del fiscal general y en un ataque a los «medios conservadores», a los que conminó incluso a «pedir perdón» a García Ortiz. Al mismo tiempo que trató de esquivar las revelaciones extraídas de los mensajes del senador Lobato sobre el comportamiento de dos estrechos colaboradores, como son Vallés y Antolín.

Aunque todo lo anterior haga parcialmente olvidarlo, 2025 vendrá marcado también por el principal escándalo de corrupción que salpica al Gobierno y al PSOE, que no es otro que la trama del comisionista Víctor de Aldama. La que de momento tiene imputado, y a la espera de que las Cortes concedan el suplicatorio, al exministro José Luis Ábalos, uno de los más estrechos colaboradores de Sánchez durante toda su carrera política, antes y después de convertirse en presidente del Gobierno. Aldama acusa a otros colaboradores del jefe del Ejecutivo, como a Santos Cerdán, del cobro de mordidas, algo que el número 3 del PSOE niega tajantemente, e incluso apunta a comisiones del 1,5% para el partido por la adjudicación de obra pública, un extremo también negado de manera tajante por los socialistas.

A todas estas averías en el motor del Gobierno cabe añadir, y no es menor, la actitud de Podemos, que trata de vender cada vez más caro el apoyo de sus cuatro diputados, enfrascados cada vez más en su lucha fratricida contra Sumar. Pero, pese a todo, en Moncloa se traslada optimismo. Se agarran para ello a la reciente aprobación del paquete fiscal, mediante una compleja negociación cruzada entre los socios a la izquierda (Sumar, ERC, Bildu y Podemos) y a la derecha (Junts y el PNV) que se sustanció en una sesión de la Comisión de Hacienda el pasado noviembre que terminó pasada la medianoche. Las bases de esa visión optimista las sintetiza con precisión un importante miembro del Consejo de Ministros: «Las nueces (el plan fiscal) han salido adelante. Era lo más difícil de aprobar en este mandato. Eso nos permite afirmar al 90% que habrá Presupuestos. ¿El ruido? Eso seguirá. Lo de Aldama es una película que irá cayendo por su propio peso».

Si finalmente Sánchez logra aprobar los Presupuestos a principios de año, y la posibilidad con precedentes de ir prolongando las cuentas, habría salvado otra legislatura y podría llegar a 2027. En caso contrario, y dados los precedentes, no es imposible que tratase de seguir adelante emborronando una vez más su propia hemeroteca, que recoge cómo en 2019, tras tumbarle los independentistas su primer proyecto de presupuestos, adelantó las elecciones a abril aduciendo que así no se podía gobernar. De momento, y quizás como contingencia, el Gobierno alargará seis meses más las ayudas fruto de la espiral inflacionista, incluida la gratuidad del transporte público. Retirarlas, como hasta hace poco se daba por hecho, no sería prudente ante una eventual cita electoral.