Juicio contra los cabecillas del 'procés' por los millones malversados
Junqueras, Puigdemont, Mas y otros 32 ex altos cargos se enfrentan este viernes a la decisiva audiencia previa en el Tribunal de Cuentas que podría dejar el caso visto para sentencia
Durante la instrucción de las diligencias se calculó que dispusieron ilegalmente de 9 millones de euros de dinero público para financiar su plan secesionista
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Los cabecillas del golpe secesionista catalán, un total de 35 ex altos cargos de la Generalitat, entre ellos los expresidentes Artur Mas y el fugado Carles Puigdemont, encaran una nueva sentencia por el 'procés', la particular hoja de ruta independentista que culminó en el golpe secesionista del otoño de 2017. Ahora se las ven ante la jurisdicción contable, de la que se encarga el Tribunal de Cuentas (TCu), que celebra este viernes el juicio por el dinero público malversado desde la Generalitat para pagar ese plan separatista.
Según indicaron a ABC fuentes directamente relacionadas con este proceso, este viernes tiene lugar la decisiva audiencia previa, trámite que se podría dejar el caso visto para sentencia si no se admiten las excepciones procesales con las que los encausados quieren dilatar las diligencias y no se proponen –o aceptan por parte del tribunal– nuevos testigos para declarar en vista oral.
Este caso se sustenta en pruebas documentales, por lo que, a falta de declaración de testigos, la celebración del juicio propiamente dicho podría evitarse. Todo dependerá de lo que ocurra hoy, en la audiencia previa.
Acusados, Fiscalía y Sociedad Civil Catalana
En esta causa hay tres partes personadas: los 35 encausados, la Fiscalía y la acusación popular que ejerce Sociedad Civil Catalana. La Abogacía del Estado decidió retirarse como acusación el pasado enero, en un sorpresivo giro que se produjo a la par que el presidente Pedro Sánchez abonaba sus alianzas parlamentarias con los independentistas de Esquerra (ERC), a los que les debe tanto la investidura como su continuidad en La Moncloa.
La Abogacía del Estado, que depende orgánicamente del Gobierno, argumentó que se retiraba de este caso porque no entendía que el 'procés' hubiera perjudicado a fondos públicos del Estado, lo que supone considerar a la administración autonómica como ajena al engranaje de los intereses públicos nacionales. El argumento que esgrimió la Abogacía fue polémico, más aún si se tiene en cuenta que la Generalitat no ha querido personarse en el TCu para recuperar el dinero malversado en el 'procés' y porque el Estado lleva años sosteniendo al Gobierno catalán con recurrentes inyecciones extra de financiación.
Una prioridad de los independentistas ante el Gobierno de Pedro Sánchez se centra en desmontar las responsabilidades judiciales que pesan o puedan pesar contra los cabecillas del 'procés'. En ese contexto se enmarcan las reformas del Código Penal que se está apresurando a tramitar ahora el Gobierno para eliminar el delito de sedición –por el que el Tribunal Supremo condenó a los líderes del golpe secesionista– y desdibujar el de malversación. Previamente, el Gobierno de Sánchez ya indultó a los condenados por el Tribunal Supremo para sacar de la cárcel a los cabecillas sediciosos.
Aquella condena penal del Supremo dejó en manos del Tribunal de Cuentas la exigencia de las responsabilidades económicas a quienes maniobraron con fondos públicos para alimentar la hoja de ruta secesionista que condujo a la celebración del referéndum ilegal de Cataluña de 2017 y a la declaración de independencia que protagonizó Puigdemont.
De ahí que el secesionismo también haya puesto su mirada en el TCu, con el fin de ir desinflando la causa que pone en apuros económicos a esos 35 ex altos cargos independentistas, entre los que también se encuentran el exvicepresidente de la Generalitat y dirigente de ERC Oriol Junqueras, así como los que fueron consejeros del Gobierno catalán Dolors Bassa, Toni Comín, Neus Munté, Jordi Turull, Raúl Romeva, Clara Ponsatí, Lluìs Puig y Francesc Homs.
Pactos políticos y beneficios procesales
Los hechos que se han ido sucediendo en el último año en el Tribunal de Cuentas abonan la tesis de que esas presiones de ERC han surtido efecto. Y es que todas las novedades procesales han ido a favor de los encausados. El antes y el después se produjo en octubre, cuando el PP de Pablo Casado pactó con el Gobierno de Sánchez la renovación del TCu. Aquello apartó a la magistrada Margarita Mariscal de Gante, que era la instructora de esta causa en el Tribunal de Cuentas.
Un par de meses después, en enero, la Abogacía del Estado anunciaba que se retiraba como acusación. A las pocas semanas, en febrero, el Tribunal de Cuentas reculaba y reconocía la «indefensión» alegada por los encausadospara que la Generalitat pudiera cubrir los millonarios avales que se les habían impuesto y que apuraban el personal bolsillo de los independentistas procesados. Así, la Generalitat, administración directamente perjudicada por esos fondos malversados, además de no acusar para recuperar el dinero se convertía en avalista de sus presuntos perjudicadores.
Para rematar, en abril la Fiscalía lanzaba un nuevo escrito de acusación que rebajaba enormemente las cantidades inicialmente exigidas a los acusados. De los 9 millones que se les reclamaban en conjunto en su día pasó a pedirles 3,4 millones. Una rebaja, de golpe, del 62%. Y en julio, la Fiscalía el Tribunal de Cuentas daba otra buena noticia al independentismoal cambiar de criterio para permitir que ERC recuperara los 2,1 millones que tenía retenidos en el TCu por haber pagado parte de las fianzas de los acusados.
Más de 9 millones de euros
Durante la instrucción, la liquidación provisional que hizo el Tribunal de Cuentas con la Fiscalía como acusación pública personada cifró en 9,05 millones de euros el dinero público que los encausados desviaron para financiar su hoja de ruta independentista: 5,15 millones para la promoción exterior del 'procés' y 3,9 millones para pagar la organización y celebración del referéndum ilegal que condujo a la fallida declaración de independencia del otoño de 2017. Añadiéndole los intereses legales a ambas cifras, la reclamación de conjunto asciende a 9,5 millones de euros.
Sin embargo, tras la rebaja de la Fiscalía, el Ministerio Público se conforma con reclamar a los 35 procesados un total de 3,43 millones de euros. Por su parte, Sociedad Civil Catalana (SCC) pide que se les exijan al menos 5,4 millones de euros, que es la cifra que suman los gastos que esta entidad ha podido documentar, teniendo en cuenta que se ha enfrentado a serias limitaciones para acceder a todos los archivos relacionados con los gastos ilegales del 'procés'.
El escenario procesal inmediato
Con todos esos mimbres se llega este viernes a la decisiva audiencia previa en el Tribunal de Cuentas. Para forzar la dilatación del proceso, los encausados han preparado una lista de excepciones procesales que, según la acusación popular, carecen de solidez suficiente, por lo que se da por hecho que serán rechazadas. De ser así, la segunda clave a dilucidar es si Sociedad Civil Catalana, como acusación popular, propone llamar a declarar a testigos y esas testificales son aceptadas por el tribunal.
Si se proponen y admiten testigos, habría que fijar fecha de juicio para que declararan en la vista oral. Lo mismo en el caso de que lo intentará los encausados, aunque en este caso es todavía más improbable. De no fijarse el llamamiento de testigos, no sería necesario fijar fecha para el juicio y el caso quedaría visto para sentencia, directamente, en la audiencia previa del próximo viernes.
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