Tres magistrados del Tribunal Supremo tienen en sus manos el horizonte penal de Álvaro García Ortiz

No se trata de una cuestión menor, pues lo que está en juego es que el procedimiento siga en pie, pues los indicios que aprecia Hurtado contra García Ortiz se fundamentan precisamente en el material incautado en esos dos registros (en el despacho del fiscal general y en el de la imputada Pilar Rodríguez) y en los análisis de la Guardia Civil que de ellos se derivan. No en vano el análisis del teléfono de Rodríguez ha conducido hasta el tercer imputado en la causa, el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, o a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, cuya declaración como testigo sobre la participación del fiscal general en momentos clave de la filtración fue de lo más esclarecedora.

El ex fiscal general Julián Sánchez Melgar, junto con los también magistrados Andrés Palomo y Eduardo de Porres forman parte de esa Sala de Apelaciones que, integrada en la Sala Penal, decidirá si avala o no las diligencias practicadas por el instructor. Para la Fiscalía, los registros son nulos y todo lo hallado en ellos no debería tenerse en cuenta en la investigación, una tesis que sostienen los abogados del Estado que defienden a García Ortiz y Rodríguez. A su juicio, los autos de entrada y registro «no contienen razonamiento alguno para justificar la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de las medidas acordadas».

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En su escrito, la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, considera que la actuación ordenada a la Unidad Central Operativa (UCO) el 30 de octubre excedió con creces lo solicitado por el abogado de González Amador, que sólo pidió que la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid entregara copia de correos electrónicos recibidos y enviados desde dos direcciones, y que Google aportara copia de 'emails' del fiscal general.

Además, los recurrentes creen que las resoluciones de Hurtado carecen de la necesaria motivación, que en supuestos como éste, dicen ha de ser «reforzada». Para Sánchez Conde, los autos de entrada y registro «no hacen referencia a indicios» y defiende que ni el hecho de solicitar el envío de documentación, ni la necesidad de la misma para la confección de una nota informativa, ni la redacción de ésta, ni su publicacións «constituyen acciones irregulares ni delictivas».

Posicionada totalmente al lado de su jefe -que ya cuenta con su propia defensa-, Sánchez Conde alude a la trascendencia de la información que el fiscal general maneja. Su divulgación, dice, «puede poner en peligro un sin número de operaciones o investigaciones penales en curso, así como la agenda institucional de la Fiscalía General del Estado».

Argumentos similares a los que expuso el día de la declaración de García Ortiz como imputado, en el que se negó a interrogarle precisamente por estar en el aire su recurso contra los registros. En un alegato más propio de un juicio oral que de instrucción, según manifestaron fuentes jurídicas presentes en la sala, calificó de insólita esa entrada y registro y habló de su «extensión desmesurada» y su «nula proporcionalidad».

Por otra parte, el Consejo General del Poder Judicial ha iniciado actuaciones previas en relación con los escritos presentados el lunes por la tarde por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y por su antecesora Dolores Delgado tras la filtración de «datos personales» suyos en el último informe de la UCO aportado al juez. En él se recoge el tráfico de llamadas del fiscal general durante los días clave de la filtración. Según informó el órgano de gobierno de los jueces, será la Dirección de Supervisión y Control de Datos del CGPJ la que llevará a cabo «las actuaciones que resulten oportunas» a la vista de los escritos remitidos.