Tras siete años y por siete votos se reaviva la conspiración sobre los atentados del 17-A

Fue la explosión de la casa, donde la célula fabricó explosivos, la que precipitó el ataque en Las Ramblas y en el paseo marítimo de Cambrils (Tarragona). Pero, pese a las pruebas recabadas por la Policía catalana, y la rotundidad de los fallos judiciales –incluido el del Supremo el pasado noviembre– dirigentes independentistas llevan años alimentando teorías de la conspiración respecto a los ataques. En concreto, en torno a la figura de Es Satty y su relación con el CNI, ya que el Centro contactó con el imán, cuando éste cumplía condena en la prisión de Castellón, donde permaneció entre 2010 y 2014, por tráfico de drogas. De ahí que dirigentes soberanistas, como el exdiputado de Junts y también abogado de una de las víctimas Jaume Alonso Cuevillas extendiesen la sombra de la sospecha sobre una supuesta pasividad de los servicios de inteligencia ante la masacre. Teoría que, en su versión más extrema, sostiene que su objetivo habría sido frenar el 'procés', pese a que el referéndum del 1-O se celebró igualmente. Hubo quien incluso afirmó que el imán seguía vivo, y no había perecido en la explosión de Alcanar.

Ahora, siete años después de los ataques yihadistas, Junts ha arrancado del Gobierno el compromiso de desclasificar informes del CNI relativos al 17-A. Siete años después y por siete votos, ya que el Ejecutivo socialista necesita el apoyo de los de Puigdemont para la aprobación de la senda de estabilidad. Lo mismo ocurrió hace unos meses, cuando el PSOE accedió a crear una comisión de investigación en el Congreso, a cambio del apoyo de los independentistas a Francina Armengol para presidir la Cámara Baja.

Aunque era un reclamo recurrente de los secesionistas, la comisión no se creó ni tan siquiera después de que el excomisario José Manuel Villarejo asegurase, en 2022 –durante su declaración como acusado en un juicio, por tanto, sin obligación de decir verdad–, que la masacre fue «un error de cálculo» del CNI por querer dar «un susto» a Cataluña. Tras ello, el entonces presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), instó al Gobierno a impulsar la comisión sobre los atentados. También Laura Borràs (Junts) anunció que presentaría una denuncia ante la Fiscalía para determinar el papel de los servicios de inteligencia el 17-A e incluso, durante el sexto aniversario de los ataques, se congració con un grupo de independentistas que interrumpieron el minuto de silencio a gritos de «queremos saber la verdad».

En 2018, ERC y el PDeCAT ya habían exigido la creación de la comisión, pero la Mesa lo rechazó al alegar que era una cuestión que debía solventarse en la de Secretos Oficiales, donde compareció, a puerta cerrada, el entonces director del CNI, Félix Sanz Roldán.

Esta la segunda vez que el Ejecutivo de Pedro Sánchez accede a desclasificar informes del Centro a petición del independentismo, después de que en enero hiciese lo propio respecto al espionaje con Pegasus a Aragonès.

Pese a ser consciente de que obedece a intereses partidistas, Roberto Manrique, superviviente del atentado de Hipercor y asesor de la ya extinta Unidad de Atención y Valoración a Afectados por Terrorismo (Uavat), apunta a ABC que una de las prioridades de todas las víctimas es «conocer qué se hizo mal para evitar que se repita». La asociación, que representa a decenas de supervivientes del 17-A, que causó 16 muertos y más de 300 heridos, descarta que, en su caso, la intención sea alimentar teorías de la conspiración. Al revés, se trata de encontrar respuesta a interrogantes que el fallo judicial dejó sin resolver. «Por ejemplo, por qué nadie ha reclamado los restos de Es Satty; saber quién salió de la casa de Alcanar en una furgoneta o cómo la célula pudo comprar tal cantidad de precursores de explosivos sin que saltase ninguna alerta», apunta Manrique. Arrojar luz sobre esas cuestiones «permitirá a muchas víctimas cerrar heridas».

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A este respecto, el padre del niño de tres años que murió en los atentados, representado por el letrado Cuevillas, ha formalizado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que inste a España a llevar a cabo una investigación «completa y efectiva» sobre los ataques.