¿Terroristas o esposas?

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Luna Fernández y Yolanda Martínez fueron rescatadas en enero de 2023 de un campo de 'refugiados' sirio en el que estaban internadas con sus hijos en condiciones inhumanas, e ingresadas en prisión nada más llegar a España. Para sus familias, si viajaron a ese país con sus maridos para unirse a la yihad lo hicieron engañadas; la Fiscalía no opina igual y las acusa de pertenencia a organización terrorista. Ellas, de momento, respiran; pero su horizonte judicial es inquietante.

Cuando el 12 de enero del pasado año los familiares de estas dos mujeres comparecieron en rueda de prensa para explicar las condiciones en las que ellas y sus hijos habían vivido durante cuatro años, el impacto en la opinión pública fue grande. «Hablaba con ella todas las semanas –contó entonces la madre de Yolanda Martínez, nacida en el madrileño barrio de Salamanca–. Me contaba que vivían bajo una carpa de plástico, con más de 50 grados de temperatura en el exterior cuando era verano, y también en invierno a bajo cero... Por supuesto había goteras cuando llovía, y el frío era tan intenso que la ropa quedaba cubierta por hielo. Les entraban escorpiones, serpientes, el agua que bebían estaba contaminada y apenas tenían comida... Tampoco disponían de medicinas, así que cuando un día se desmayó nadie la atendió... También ha tenido episodios de ansiedad».

Eso, su hija, pero sus nietos también pasaron por unas penalidades que ningún niño tendría que vivir nunca: «Una noche mi niño salió a orinar, un soldado lo vio y se lo llevó a una jaima custodiada por soldados. Tenía entonces 13 años y aquello era una cárcel», un 'correccional', en definitiva. El último año y medio antes de ser trasladado a Madrid estuvo separado de su madre: «Ha vivido bombardeos, la detención de su padre... No es una vida fácil», se lamentaba la abuela entonces.

Manuela Grande, la madre de Luna explicó por su parte que su hija «intentó dejar a su marido y volver a España con los niños, pero era imposible porque allí las mujeres no pueden hacer nada solas. Así fue hasta que murió. ¿Por qué la van a condenar? ¿Por sus ideas? ¿Por ir detrás de su marido? ¿Por tonta?». «En estos cuatro años -añadía– también he perdido una nieta, que murió por un problema de corazón del que no fue atendida».

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Unos y otros se quejaban de que las hubieran metido en prisión nada más bajar del avión que las trajo a España con sus nueve hijos y cuatro críos más huérfanos que estaban a su cargo, «simplemente por estar casadas. Solo son amas de casa que han estado al cuidado de los niños... Hablan de mi hija sin conocer sus sentimientos, sin saber cómo es. Siempre ha estado pendiente de la gente pobre, aunque haya nacido en el barrio de Salamanca». «Son musulmanas, no terroristas ni yihadistas», remachó la progenitora de Yolanda.

Presentado así el caso, todo hacía presagiar que, en consonancia con las tesis de los abogados de las dos mujeres, pronto recuperarían la libertad. Pero había un problema importante: el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz no las creyó cuando al llegar a España le contaron que solo siguieron a sus maridos y se dedicaron a cuidar hijos. «Yolanda Martínez compartía la ideología de su esposo, mostrándose de acuerdo en no permanecer estático ante el conflicto sirio y pasar a la acción», escribió entonces el magistrado de la Audiencia Nacional, que además destacó lo que en su opinión era un «compromiso inquebrantable» con Daesh: su permanencia en la zona de yihad hasta que en la zona hasta que cayó su último bastión en Baguz.

En cuanto a Luna Fernández, conversa al Islam, según el magistrado había ejercido el liderazgo en la facción de mujeres de la Brigada Al Andalus antes que sus compañeras: «Eran las encargadas de ayudar a las muchachas a convertirse». Además, tres de los cuatro niños de los que se hacían cargo en el campo de 'refugiados' fruto del matrimonio de una mujer marroquí llamada Hanae Draoui y un yihadista español identificado como Mohamed El Ouriachi. Esta pareja también tenía fuertes vínculos con la Brigada Al Andalus, lo que a ojos de la Audiencia Nacional es otra prueba más de la relación de las dos mujeres con esa célula yihadista que fue desarticulado en 2014 por la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía.

A lo largo de estos últimos 20 meses nada ha trascendido sobre estas mujeres, y mucho menos de los hijos. Sin embargo, el pasado día 12 se conoció el escrito de acusación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional les pide seis años de cárcel por pertenencia a organización terrorista. En ese escrito el ministerio público, que va en la línea de los autos de Pedraz, insistía en sus presuntos vínculos con la citada Brigada Al Andalus y afirmaba que Martínez habría tenido un «papel destacado» a la hora de captar miembros para esta célula, mientras que Fernández «ejercía el liderazgo dentro del grupo de mujeres» de la misma.

El escrito de acusación explica además que las dos mujeres viajaron a Siria de forma voluntaria entre 2014 y 2015 junto a sus maridos, Omar El Harchi y Mohamed Amin El Aabou, ambos miembros de la Brigada Al Andalus, para instalarse en el recién proclamado pseudocalifato de Abu Bakr Al-Baghdadi. Con esa decisión, según la Fiscalía, compartían y aceptaban el «mismo destino» que sus parejas. De hecho, allí permanecieron hasta la derrota de Estado Islámico y su pérdida de control sobre el territorio. Entonces fueron detenidas y trasladadas al campo de refugiados de Al Hol, controlado por los kurdos, donde fueron localizadas en 2019 por una periodista de 'El País', que las entrevistó.

Precisamente una de las respuestas de Yolanda Martínez, en la que explicaba que Daesh les facilitó una casa y un trabajo a su marido en los juzgados de Estado Islámico, es considerada por la Fiscalía como una de las pruebas contra ella. El ministerio público recuerda que ese tipo de prebendas sólo se concedían a quienes formaban parte de la organización. Por su parte, Luna Fernández dijo que al igual que «muchos países hacen sus leyes, Alá ha hecho una ley y él sabe, nosotros no sabemos...», unas palabras que, según sostiene la acusación pública, reflejan la «interiorización de una visión radical y extremista del Islam, donde la sharía (ley islámica) prevalece sobre la legislación de los países».

Además, el fiscal afirma que los hijos de las acusadas nunca fueron al colegio; es más, los mayores fueron adoctrinados por Estado Islámico, tal como declararon los propios niños, que afirmaron además que en casa sus madres les enseñaban su visión del islamismo. Un informe policial recogido en el escrito precisa que Daesh obligaba a los niños entre los 6 y los 18 años y a las niñas entre los 6 y los 15 a acudir a escuelas donde la única asignatura era la religión. Tras el adoctrinamiento, los chicos podían ser espías, reclutadores, soldados, ejecutores o suicidas, mientras que ellas debían dedicarse al hogar. «No se trata de que su papel sea educar a un hijo, como cualquier progenitor en cualquier parte del mundo, sino de hacerlo siguiendo las pautas del Daesh», precisa el documento.

La Fiscalía, por último, sostiene que las dos acusadas siempre mostraron su voluntad de pertenecer a Daesh.