El Supremo pregunta a la Fiscalía si imputa a García Ortiz por revelación de secretos

En una diligencia de ordenación, en la que también ha dado traslado de las denuncias y querellas planteadas por otras asociaciones por el mismo asunto, el tribunal acuerda acumular en una única causa las diferentes acciones presentadas contra García Ortiz. Se trata de una querella de la Fundación Foro Libertad y Alternativa, que fue la primera que se presentó el pasado mes de marzo, una denuncia y una querella del sindicato Manos Limpias y la citada exposición razonada elevada por el TSJ de Madrid.

La Sala que estudiará la admisión a trámite de esas acciones estará formada por los magistrados Manuel Marchena (presidente), Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo (ponente) y Carmen Lamela.

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En su exposición razonada al Supremo, el juez Francisco José Goyena, instructor de la querella de González Amador (novio de Ayuso) en el TSJM, señalaba que la nota informativa que García Ortiz ordenó publicar -para desmentir informaciones sobre un supuesto pacto que el fiscal le habría ofrecido a González Amador- resaltaba el «exhaustivo contenido de los hechos, datos y circunstancias (...) sujetos a reserva» y que la difusión de dicha información no se correspondía con la alegada finalidad que apunta el Ministerio Fiscal (informar), pues aparte de exceder en su contenido a lo publicado en prensa, «supone la divulgación de datos e información que no puede ser revelada, al perjudicar a un tercero e incluso a un interés colectivo, si atendemos al derecho de defensa, no sólo del particular, sino también en general», como denunció el Colegio de la Abogacía de Madrid. La alegada justificación que se esgrime (desmentir un bulo) «podría haber tenido otro formato» que no vulnerara el deber de reserva que debía guardarse, señaló.

Según el juez, esos datos e informaciones divulgados (también correos electrónicos) formaban hasta ese momento de las actuaciones preprocesales que llevaba a cabo la Fiscalía «en trámite reservado desde hacía tiempo y pendientes todavía del desenlace procesal que pudiera tener la actividad investigadora del Ministerio Fiscal». Y pese a ello, «la elaboración, publicación y difusión de la expresada nota excedió del ámbito de decisión de la Fiscalía provincial de Madrid (...)». Y además «contó con el explícito consentimiento e indicaciones, incluso con el apremio, de la Fiscalía General del Estado», apunta.

Para Goyanes, es «necesario» contrastar los testimonios de investigados y testigos con la versión de estos hechos que pudiera dar el fiscal general del Estado» teniendo en cuenta que el propio García Ortiz asumió la responsabilidad última de la difusión de la nota. Al ser aforado, el instructor ya no podía seguir investigando sin causarle indefensión.

Aunque fuentes próximas a García Ortiz aseguran que no está en sus planes dejar el cargo ante su posible imputación, son muchas voces en la carrera las que consideran que no podría estar un minuto más en ese puesto por el daño irreparable que eso supondría para la institución en su conjunto, en un momento, además, de máximo descrédito.

A su intervención en este capítulo hay que sumar la impugnación de su propio nombramiento como fiscal general y el cuestionamiento de su política de nombramientos a espaldas de Consejo Fiscal. Hasta en dos ocasiones promovió a su antecesora en el cargo y exministra Dolores Delgado pese a que el Supremo había anulado los nombramientos, en uno de los casos por «desviación de poder».o.