El SUP llevará al banquillo a los políticos que hagan la transferencia de las competencias de inmigración
Ni un solo Estado del mundo ha cedido la competencia íntegra de inmigración
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La cesión íntegra de las competencias de inmigración que exige Junts y negocia el Gobierno no tiene precedentes en el mundo, ni siquera en los Estados más centralizados del planeta. Así lo recoge un informe jurídico encargado por el Sindicato Unificado de Policía ( ... SUP) y difundido este lunes, en el que se afirma además que una decisión como esa no sólo vulneraría la Constitución, sino también el Derecho Comunitario y afectaría asimismo a la soberanía nacional.
El SUP, que este martes se manifestará en Barcelona junto a líderes políticos para protestar por las negociaciones abiertas por el Gobierno con Junts, está además dispuesto a sentar en el banquillo de los acusados a aquellos responsables políticos que firmen el traspaso de la competencia.
Según explica el informe jurídico «en el derecho comparado, no existe ningún Estado miembro de la Unión Europea ni fuera de ella que haya transferido de manera integral la competencia de inmigración a una entidad subnacional». Incluso en los modelos confederales como es el de Suiza, donde como se sabe los cantones tienen amplias competencias, el control de la inmigración y fronteras sigue siendo competencia exclusiva del Gobierno federal.
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Es más, cuando en Estados Unidos «un Estado federado (Arizona) intentó asumir competencias en inmigración, el Tribunal Supremo anuló la normativa al considerar que la inmigración es un asunto de soberanía nacional y que su control fragmentado es inviable». Lo mismo se puede decir de Alemania con Baviera, cuyas competencias en esta materia acordadas por ambas administraciones fueron recortadas por la Justicia.
«La ausencia de precedentes -señala el informe jurídico del sindicato- sugiere que dicha delegación es inviable y podría generar problemas significativos en términos de cohesión nacional, seguridad y cumplimiento de obligaciones internacionales. La centralización de la política migratoria es una característica común en los Estados modernos, independientemente de su grado de descentralización interna»
«Inviable»
El documento del SUP destaca precisamente que «la inmigración es un elemento inextricablemente ligado a la soberanía nacional, lo que hace jurídicamente inviable la transferencia de esta competencia». Y es que el control de la inmigración «no es solo una competencia administrativa, sino una atribución esencial de la soberanía nacional. Ceder la gestión migratoria a una comunidad autónoma equivaldría, en términos prácticos, a una renuncia parcial de la soberanía española sobre el territorio de Cataluña, permitiendo a la Generalitat ejercer funciones que afectan directamente a la configuración demográfica, política y económica del Estado».
El informe jurídico destaca asimismo las implicaciones que una transferencia de estas características tendría en el marco europeo, ya que la gestión de la inmigración está también sujeta a la normativa comunitaria. De hecho, la concesión del asilo o el control de flujos migratorios requieren una aplicación uniforme en todos los Estados miembros de la Unión Europea.
«Si la Generalitat de Cataluña obtuviera control sobre la inmigración -advierte el SUP-, podría aplicar criterios más laxos o restrictivos en la admisión de inmigrantes, generando una puerta de entrada diferenciada dentro del espacio Schengen, lo que podría comprometer el cumplimiento del derecho de la Unión Europea. Cualquier desviación en los controles migratorios dentro del territorio español podría dar lugar a un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea, por vulnerar la obligación de asegurar una política migratoria uniforme», advierte el documento.
En el plano político, según el informe, la cesión podría ser interpretada como un paso hacia la independencia, lo que podría influir en futuros escenarios, especialmente si un gobierno independentista llegara a controlar estas funciones estratégicas, lo que sin duda podría generar tensiones políticas y debates sobre la unidad del Estado. De la misma forma, «podría sentar un precedente que otras comunidades autónomas podrían seguir, solicitando competencias similares. Esto podría llevar a una fragmentación de la política migratoria nacional, a desafíos en la coordinación entre diferentes niveles de gobierno y en última instancia a la fragmentación de España».
Por tanto, «la transferencia de la competencia de inmigración a la comunidad autónoma de Cataluña es jurídicamente inviable, inconstitucional y contraria a los principios del derecho comunitario e internacional», concluyen los expertos jurídicos del SUP.
«Es un asunto demasiado grave como para cruzarse de brazos y vamos a llegar hasta el final; si hay que sentar en el banquillo a estos líderes políticos para salvaguardar un derecho tan esencial como el de la seguridad pública, lo haremos. Estamos decididos a llevar este asunto hasta el final», afirma un comunicado del sindicato policial publicado este lunes.
«No vamos a consentir que sigan arrinconando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña, quieren echarnos y no lo vamos a permitir. Somos la Policía Nacional y estamos aquí para servir y proteger también a los catalanes, a los que nos quieren y a los que no», advierte el SUP.
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