Las solicitudes de asilo en España marcan récord: superan las 160.000, un 37% más que en 2022
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado alerta de que la imposición de visados de tránsito provocará «más muertes y sufrimiento en las rutas»
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Los números de solicitantes de asilo en España siguen marcando récords. En 2023, más de 163.000 personas iniciaron los trámites para acceder a la protección internacional en nuestro país, lo que supone un aumento del 37% respecto al año anterior, en el que también se alcanzaron cifras históricas, según el informe elaborado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
El derecho al asilo, reconocido en el artículo 13 de la Constitución para «ciudadanos de otros países y apátridas», establece la condición de refugiado para aquellas personas perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinados grupos sociales, de género, orientación u identidad sexual.
Así bien, si las solicitudes experimentaron un aumento considerable, desde el CEAR lamentan, por el contrario, un descenso del 4,5% en el reconocimiento de esta condición —las resoluciones favorables habrían pasado del 16,5% al 12% el pasado ejercicio—.
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Venezuela (60.534), Colombia (53.564) y Perú (14.308) representan cerca del 79% del total de solicitudes. Y completan el listado de las diez primeras nacionalidades Honduras, Cuba, Marruecos, Nicaragua, Senegal, Rusia y El Salvador, lo que, apunta el CEAR, confirma que, pese a la crisis que viven las islas Canarias, la mayoría de las personas que solicitan asilo en España llegan a nuestro país a través de frontera aérea.
A este respecto, entre los datos sorprende el aumento en un 25% de las solicitudes presentadas en puestos fronterizos (3.386), una de los lugares que indica la ley, además la Oficina de Asilo y Refugio, los Centros de Internamiento de Extranjeros las Oficinas de Extranjeros, las Misiones Diplomáticas, las Comisarías Provinciales de Policía o Comisarías de distrito señaladas mediante orden del Ministerio del Interior.
Aunque las solicitudes en estos puestos son minoría —el 97% se hicieron en el territorio—, estas, junto al hecho de que la mayoría de llegadas se produzcan por vía aérea, pone sobre el papel la crisis que ha vivido el aeropuerto de Barajas desde el pasado mes de agosto y que ayer el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, vino a dar por finalizada.
La solución por parte de Interior para rebajar el volumen de llegadas y el uso fraudulento de las escalas en el aeropuerto de la capital, siguiendo las denuncias de los sindicatos policiales, ha sido imponer pasaportes de tránsito a los ciudadanos de Kenia y Senegal, algo que critican desde el CEAR.
«Cada vez que se produce un aumento de solicitudes de asilo de una determinada nacionalidad, el Gobierno trata de frenar las llegadas imponiendo visados de tránsito. Una medida que provoca que tengan que recurrir a rutas más peligrosas y que muchas tengan que poner su vida en manos de mafias, lo que se traduce en más muertes, sufrimiento y vulneraciones de derechos en las fronteras de Europa«, denuncian desde la ONG.
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