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Los sindicatos de Mossos piden evitar una «caza de brujas política»

Cuestionan a los mandos por el fallido operativo para detener a Puigdemont

Los Mossos, convencidos de que compañeros suyos planearon la fuga

Agentes de los Mossos d'Esquadra abc
Àlex Gubern

Àlex Gubern

Barcelona

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Los agentes de los Mossos d'Esquadra ya hace muchos años que se sienten utilizados políticamente, una sensación que se agudizó durante los años del 'procés' y que temen que no se detenga con la nueva etapa que ahora se abre, con la designada ayer consejera de Interior, Núria Parlón, al frente del departamento. Aún conmocionados tras los hechos de la semana pasada, cuando el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont apareció en Barcelona y se esfumó pese al operativo organizado por los Mossos, Sap-Fepol, el sindicato mayoritario dentro del cuerpo, pidió ayer a la consejera que no se deje guiar por la política cuando se acometa la tarea imprescindible de reorganizar la cúpula de la policía catalana. Ayer mismo, el secretario general de Sap-Fepol y representante de Sme-Fepol, Pere Garcia, pidió a Parlón que no organice una «caza política de brujas» «El cuerpo de los Mossos d'Esquadra no debe tener orientación política. Entendemos los cambios que se vayan a producir en Prefectura pero no nos gusta que tengan una lectura política. Politizar a la policía siempre es peligroso», se apunta desde el sindicato.

El malestar entre los agentes es evidente y al respecto, desde Sap-Fepol se apuntó que la puesta en marcha de la llamada Operación Jaula para localizar a Puigdemont una vez se constató que se había escapado «se hizo para intentar dar una justificación al fallo en su detención». La orden de cortar los accesos a Barcelona y las principales vías de Cataluña no se había adoptado desde los atentados de Las Ramblas de 2017, una decisión de la Prefectura, denuncian los agentes, que dejó «prácticamente cuatro horas a la ciudadanía parada en las carreteras de Cataluña para buscar a una personalidad que es pública».

En el mismo sentido, Pere Garcia tildó de «absolutamente desafortunada» la rueda de prensa del pasado viernes, en la que comparecieron el entonces aún consejero de Interior Joan Ignasi Elena, el director general de la Policía, Pere Ferrer, y el comisario jefe de Mossos, Eduard Sallent, responsabilizando a Puigdemont de no comportarse como se esperaba de un expresidente de la Generalitat y sacudiéndose toda responsabilidad propia. Según Garcia, «la ciudadanía de Cataluña se merece una respuesta clara de qué ha podido pasar» e instó a que desde la Prefactura se haga un análisis de los errores y una revisión de cara a actuaciones futuras, informa Ep.

Desde el sindicato policial también se aludió a la detención de tres mossos que supuestamente ayudaron a Puigdemont a huir, asegurando que no creen que haya habido permisividad desde la Jefatura, aludiendo en concreto al conocimiento que se tenía de que alguno de estos agentes habría prestado servicio de escolta al expresidente en Bruselas durante sus días de libranza. Aun así, recordaron que por parte de la División de Asuntos Internos, se persiguen aquellas conductas reprobables y que ese día el objetivo no era «controlar a los Mossos». En cualquier caso, la responsabilidad que han tenido la decidirá la Justicia, se recuerda desde el sindicato sobre la investigación abierta en un juzgado barcelonés.

«Al frente del operativo»

Por otra parte, y sobre la también supuesta responsabilidad de otros cuerpos policiales en la huida de Puigdemont, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, afirmó ayer que «los Mossos d'Esquadra ya han dado diferentes explicaciones», y que era este cuerpo «quien estaba al frente del operativo».

Trataba así la ministra de acallar las voces críticas del Partido Popular y de Vox, quienes solicitan explicaciones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y también al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre la segunda fuga de Puigdemont de Cataluña.

Desde el Ejecutivo mantienen que el operativo de seguridad para evitar su fuga es responsabilidad de la policía autonómica, mientras el PP recuerda que la protección y seguridad de las fronteras corre a cargo del Gobierno de España.

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