El Senado constata que «no hay aval» de la Comisión de Venecia a la amnistía y que «sus reproches son profundos»

Según el análisis de la Presidencia de la Cámara Alta, al que ha tenido acceso ABC, la Comisión de Venecia ha recomendado, en el ámbito de sus competencias, «numerosas cuestiones de fondo y forma que afectan de manera sustantiva a la proposición de ley de amnistía», advirtiendo, además, que el organismo internacional del Consejo de Europa (que emite informes consultivos, no vinculantes) no ha analizado «el dictamen actual que se encuentra en la Comisión de Justicia del Congreso» que incorpora cambios respecto al texto registrado por el PSOE.

Asimismo, el documento que está en la mesa de Pedro Rollán ha tenido en cuenta, igualmente, que el pleno de la Comisión de Venecia, en su reunión de los días 14 y 15 de este mes, «redactará el informe definitivo», por lo que el borrador que el Gobierno de Pedro Sánchez filtró con una interpretación interesada del mismo a última hora de la tarde del viernes «está sujeto a alegaciones, tanto de las instituciones como de los 100 miembros de la Comisión». Es decir, el texto podría sufrir cambios después de la recepción de las alegaciones que, en su caso, hayan presentado las partes.

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En cualquier caso, desde el Senado, con mayoría absoluta del PP y desde donde se remitió la petición a la Comisión de Venecia para conocer su opinión, tienen claro que el borrador, a pesar de lo manifestado por la Moncloa, los socios de gobierno del PSOE y algunos medios de comunicación, no avala la ley de amnistía y el texto que maneja el organismo internacional incluye «reproches» que «son evidentes y profundos». Algunas de estas apreciaciones han quedado reflejadas en el análisis elaborado por los letrados del Senado.

Entre los 21 destacados del documento que se presenta este lunes se ha incluido el recordatorio de que «la Comisión de Venecia jamás emite opinión sobre la constitucionalidad o no de una ley como puede ser la de amnistía porque eso corresponde al Tribunal Constitucional de España», porque «son cuestiones de orden interno de un país», y que «en el relato de los hechos sucedidos en Cataluña en 2017, la Comisión de Venecia afirma con rotundidad que el Gobierno catalán y el Parlamento regional de Cataluña acordaron la secesión de España de manera unilateral».

Tras estos apuntes, el análisis del Senado remarca que el órgano asesor del Consejo de Europa en cuestiones constitucionales «reconoce que la proposición de ley orgánica de amnistía ha provocado críticas muy potentes en España y también fuera de España», que ha contado con el rechazo de «numerosas instituciones por el ataque a la independencia del Poder Judicial y la igualdad ante la ley» y lista algunas de estas instituciones como, por ejemplo, el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial. Unas críticas que se han sumado a las de «expertos constitucionalistas» y las «masivas manifestaciones» en las calles. Y añade: «La Comisión de Venecia certifica un rechazo social profundo y numeroso a la iniciativa legal».

El aspecto de la falta de una mayoría cualificada también es considerado relevante para la Presidencia del Senado. «Aunque las mayorías para la aprobación de una ley varían en el ámbito del derecho constitucional nacional, sin embargo, la Comisión de Venecia considera que dado que la amnistía puede afectar a la cohesión social (máxime visto la fractura social en España), requeriría de una mayoría cualificada». Y concreta: «Especialmente de un acuerdo general que involucre a las fuerzas políticas», apuntando que el organismo ha añadido que «la amnistía debe acotarse muy bien en el tiempo, cosa que este proyecto no hace, y también debe ser impersonal en sus beneficiarios, cosa que no ocurre en la iniciativa española».

El análisis, que en muchos momentos es un resumen de lo que se expone en el borrador y es completamente opuesto a lo defendido por el Gobierno, ha incluido una mención al terrorismo. Uno de los escollos para la aprobación de la norma por parte de Junts. En este punto, el texto de Senado ha señalado que el «objeto» de la amnistía se va modificando y «ampliando» a medida que se incorporan enmiendas. Por lo que se desnaturaliza la motivación. Y, además, la Comisión de Venecia no ha podido analizar la enmienda sobre este asunto pues en la Comisión de Justicia se introdujo «la amnistía de delitos de terrorismo» que «no estaba en el texto inicial, pero ya es parte del dictamen que la Comisión [de Venecia] no ha analizado».

«Otro reproche que se realiza [en el borrador] es el relativo a las víctimas. Las personas afectadas como las víctimas, deben tener un acceso efectivo a los tribunales para impugnar una decisión si interfiere con sus derechos. Esto no está previsto en la ley», advierte el Senado y apunta que la crítica también hace referencia a la aplicación de la amnistía que es muy amplia e indeterminada. «Esta falta de claridad y determinación, amenaza con 'trasladar los conflictos de nivel político al judicial' lo que sin duda iría en contra del propósito manifestado de la amnistía». Una «indeterminación» que se extiende igualmente «a los delitos de malversación y corrupción por lo que podría cubrir delitos que nada tienen que ver con las tensiones sociales a las que obedece la ley de amnistía».

Por último, entre los aspectos destacados del análisis, el Senado ha insistido, especialmente, en el 'lawfare' cuya existencia los independentistas defienden y el PSOE ha aceptado en algunos casos: «Respecto a las comisiones de investigación, señala [el borrador de la Comisión de Venecia] que no se pueden socavar a los tribunales de Justicia y añade que esta iniciativa tiene procedimientos poco claros y se pronuncia en contra del 'lawfare' diciendo que las comisiones de investigación creadas por el Congreso no pueden pretender exigir que los jueces les informen, en particular, sobre el fondo de los casos que hayan decidido».