Sánchez tendrá que pactar la amnistía con un Puigdemont señalado por terrorismo

El recurso fue anunciado este lunes, pero aún debe redactarse, presentarse y que se abra un plazo de impugnaciones para las acusaciones populares -están en la causa Vox y Dignidad y Justicia- y las defensas -sólo hay una personada de momento-. Llevará al menos quince días, como se extenderá después la Sala de lo Penal para resolver el recurso, pues son trámites que en el mejor de los casos, se extienden varias semanas.

Se abre así una situación complicada de cara a los últimos flecos de la negociación en torno a uno de los pilares que sustentaría el apoyo de Junts y de ERC, los términos de la futura ley de amnistía: ya no es un diálogo con un prófugo de la justicia por la causa del procés. Ahora también lo es con alguien señalado por delitos de terrorismo en el contexto de las protestas que sacudieron Cataluña en el otoño de 2019.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón considera que la actividad de Tsunami Democràtic orquestando las protestas violentas como el asedio al aeropuerto de El Prat puede calificarse como de índole terrorista y ha señalado a una docena de personas por su presunta participación. Sobresale en esa lista el nombre de Puigdemont.

El instructor no le puede imputar como tal, es diputado del Parlamento Europeo, así que le ha invitado a declarar voluntariamente antes de pedir el necesario suplicatorio a Bruselas. «Su citación en este momento no podría realizarse en otra condición que no sea la de investigado, asistido de letrado ofreciéndole la oportunidad de defenderse, dado que el interrogatorio versaría sobre cuestiones de carácter evidentemente incriminatorio», dice la resolución.

Junto a Puigdemont están entre los imputados su mano derecha en Waterloo, Josep Lluis Alay, y cuatro destacados de las filas de ERC: la secretaria general, Marta Rovira; el diputado regional Rubén Wagensberg -aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña-; la secretaria de Movimientos Sociales, Marta Molina, y el exsecretario general Xavier Vendrell.

Incluye asimismo a los empresarios Oriol Soler, Josep Capmajó y Jaume Cabani, junto al periodista Jesús Rodríguez Sellés, el que fue consejero de Òmnium Cultural Oleguer Serra y un financiero, Nicola Flavio Giulio, que, se presume, hizo una donación a Tsunami. Todos están investigados por presuntos delitos de desórdenes de índole terrorista por su implicación en la estrategia de la plataforma. A Rovira, por ejemplo, se la sitúa en tareas de coordinación política.

El juez adoptó esta decisión sin esperar a oír el criterio de la Fiscalía, que ultimaba un informe exponiendo que la causa debía viajar a los juzgados de Cataluña y que pocas horas después de notificado el auto, anunciaba que presentará un recurso de apelación.

Nunca apreció indicios de terrorismo en la actividad de Tsunami, sino de sedición, pero borrado este delito del Código Penal, considera que los hechos sólo caben en desórdenes públicos, que no son competencia de los Juzgados Centrales. García Castellón discrepa, a la luz del auto, con la posición del fiscal Miguel Ángel Carballo, el mismo que acusa a los CDR de terrorismo.

Con todo, el recurso aún se tiene que presentar, con plazo de impugnaciones y luego la Sala, resolver. Difícilmente ocurrirá antes del 27 de noviembre, fecha límite de la investidura y para amarrar el acuerdo en torno a una amnistía que podría ser difícil con Puigdemont señalado por terrorismo en la Audiencia Nacional.

El auto apuntala los indicios de este delito sobre la premisa de que, según la Guardia Civil, Tsunami fue «una organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia, dirigida por varias personas con roles diversos que extendían su ámbito de actuación en parcelas determinadas y con otras personas a su cargo, cuya finalidad esencial era subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado, y alterar gravemente el orden público».

Se refiere en concreto a la organización del «bloqueo de Infraestructuras críticas del Estado y/o Europeas», como el aeropuerto de El Prat o los cortes de autopistas, la 'huelga general' de 18 de octubre de 2019, las protestas en jornada de reflexión en noviembre o los disturbios en diciembre en torno a un clásico entre el Barça y el Real Madrid.

Estas acciones, dice el auto, obedecen a la «planificación efectuada por diferentes personas» con «vocación de permanencia, capaces de movilizar una masa de personas de modo que comprometieran la estabilidad económica, social, empresarial e institucional de España». Para el juez, esto encaja con el tipo penal. «El análisis de los hechos expuestos no permite excluir, en absoluto, que Tsunami pudiera tener la consideración de grupo terrorista», dice el auto.

De hecho, la resolución abre la puerta a imputar a los promotores de la plataforma la muerte de un ciudadano francés de 65 años que padeció un infarto tras tener que caminar cuatro kilómetros para llegar a la terminal el día del asedio a El Prat, así como las lesiones graves que sufrió un antidisturbios de Policía Nacional por una pedrada en la cabeza en otra jornada de protestas. Apunta que la investigación habrá de dirimir «si los resultados lesivos en las personas y los bienes resultan objetivamente imputables a los investigados». También los daños económicos, 2,8 millones entre material urbano y vuelos perdidos.

Pone además en el centro una reunión supuestamente preparatoria de la estrategia de la plataforma que se produjo en Ginebra, es decir, en el extranjero, lo que arrastraría la competencia a la Audiencia Nacional. Cita en este sentido al líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y a la portavoz de ERC en aquellas fechas, Marta Vilalta, como testigos para que aclaren qué ocurrió en aquel encuentro de agosto de 2019, qué líderes acudieron y qué estrategia de Tsunami se fraguó. «Resulta llamativa su presencia -dice sobre Otegi- en la gestación de la organización».

La información de esa reunión, como otros datos, salen de los informes de la Guardia Civil y de indicios recogidos también en una causa que se sigue en Barcelona, el caso Voloh, sobre presuntas vinculaciones entre el independentismo y el Kremlin.

Allí se intervinieron, entre otros, el teléfono móvil de Alay, cuyas conversaciones, como también la agenda, salpican a Puigdemont en Tsunami Democràtic, situándole en Ginebra y en aquella reunión, pero también como destinatario de «dudas» que el comité organizador de la plataforma elevaba a Alay para que se las transmitiera.

Consta además una conversación con otro de los investigados que le dice directamente: «O tú y Tsunami tomáis el control o tendremos que comenzar a gestionar el precio de las bajas». Y él contestó, según los informes: «Intentamos que el Gobierno se ponga las pilas». La Guardia Civil, no obstante, no le había señalado entre los implicados.

Puigdemont tachó esta decisión como una muestra más de un «golpe de Estado» permanente y la evidencia de una guerra judicial ('lawfare') contra el secesionismo. «Mientras no cierren la puerta que abrió el Rey con el discurso del 3 de octubre, siempre se sentirá hedor de alcantarilla», dijo en redes.

Mientras, ERC lanzaba un mensaje similar. «Es la reacción previsible y antidemocrática de los poderes reaccionarios del Estado contra la ley de amnistía». Porque ese es el telón de fondo, el impacto que pueda tener en la negociación.