El Gobierno consuma que el Senado no controle el techo de gasto público

Quitar al Senado su capacidad para vetar los objetivos de estabilidad del Estado, y hacerlo a través de una enmienda, supone la enésima argucia del del Gobierno, que ejecutó el mismo día en que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la orden del Ministerio de Hacienda que da el «pistoletazo de salida» a los PGE de 2025 y que obliga a los ministerios a elaborar sus respectivas cuentas hasta el 8 de julio, tal y como adelantó ayer la propia ministra del ramo y vicepresidenta primera, María Jesús Montero.

El Gobierno, por tanto, vuelve a actuar por la puerta de atrás, colando lo que se conoce como una 'enmienda intrusa', la número 96, en el recién aprobado proyecto de Ley Orgánica de Representación Paritaria y Presencia Equilibrada de Mujeresy Hombres. La votación del conjunto del dictamen en la Cámara Baja, que ahora pasa al Senado con la previsión de que luego vuelva al Congreso para su aprobación definitiva el 23 de julio, se saldó con 177 votos a favor y 171 en contra del Partido Popular (PP), Vox y UPN.

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Érika Montañés / Patricia romero

El ardid ya había sido ratificado en ponencia en la Comisión de Igualdad del Congreso, con el voto en contra de de PP y Vox, e incorporado a la ley de Paridad. La enmienda 'contra natura' implica que, si la Cámara Alta rechaza los objetivos de déficit y deuda, estos vuelven al Congreso para su aprobación definitiva por mayoría simple, en lugar de devolverlos al Gobierno para que elabore unos nuevos, como ocurría hasta ahora.

Además de sortear el veto del Senado al techo de gasto, el Ejecutivo pretendía introducir una segunda enmienda, la 76, para que ministros extranjeros pudiesen acudir invitados, y de forma excepcional, a reuniones del Consejo de Ministros. Un amago de reforma que sí fue retirada y que tenía su origen en el Tratado de Amistad y Cooperación firmado por España y Francia en la cumbre bilateral de Barcelona de enero del año pasado.

Y todo ello, con el criterio en contra de los letrados del Parlamento. Las diputadas del PSOE y Sumar desoyeron las advertencias de la letrada de la Comisión de Igualdad del Congreso, Ana María Álvarez Pablos, que en su informe jurídico advirtió a la Mesa de dicho órgano de la «falta de conexión material entre la enmienda y la iniciativa legislativa que se tramita» en el caso concreto del techo de gasto, concluyendo que «conforme a reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, su tramitación como enmiendas podría vulnerar el derecho de los diputados y diputadas reconocido en el artículo 23 de la Constitución» al privarles del derecho a debatir, enmendar y votar esas cuestiones en la tramitación de un proyecto de ley específico en vez de aprovechar la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica de Paridad como vía más rápida para hacer el cambio legal.

El Grupo Popular Parlamentario (GPP), que se posiciona a favor de la ley de Paridad, pero no con las enmiendas que contaminan el texto y quitan funciones al Senado, recogió los argumentos de la letrada de la Comisión de Igualdad en un escrito de consideración, al que tuvo acceso ABC. El documento fue rechazado en primera instancia por la Mesa del Congreso y visto el martes en la Junta de Portavoces, porque la Mesa debe tomar decisión oído ese órgano. En cualquier caso, la Mesa se pronunciaba con los cambios ya aprobados en comisión. En él, los populares solicitaban la inadmisión de ambas enmiendas al considerar «extremadamente grave» que la Mesa de la Comisión de Igualdad anteponga el criterio político sobre el jurídico en un acto de procedimiento parlamentario, al mismo tiempo que acusaban a dicho órgano de «desautorizar de forma palmaria a una letrada del Congreso, despreciando su profesionalidad e imparcialidad, en el ejercicio de sus funciones».

Los de Feijóo ya anunciaron que, en caso de que ambas enmiendas no fuesen eliminadas, votarían en contra, como ocurrió ayer, y recurrirían ante el Constitucional la norma con la que el Gobierno utiliza de percha una ley tan sensible para la sociedad como la que pretende la igualdad entre hombres y mujeres «para atacar a las instituciones democráticas españolas». Pero este jueves, en el Pleno del Congreso, dieron un paso más y no han descartado emprender acciones legales contra las tres diputadas del PSOE y Sumar en la Mesa de Comisión de Igualdad: las socialistas Susana Ros (presidenta del órgano) y Margarita Martín, y la diputada del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar Julia Boada, de los comunes.

El portavoz popular de Igualdad, Jaime de los Santos, se ha referido a las parlamentarias como «presuntas prevaricadoras, señalando que existe «infinita jurisprudencia» que invalida este tipo de enmiendas ajenas al contenido de la ley. Minutos después, la diputada socialista Andrea Fernández ha instado al popular a no volver a «amenazar a sus compañeras «por decoro y por respeto a esta Cámara». «No lo vuelva a hacer», ha dicho.