Ruido en el PSOE por el pacto sobre el reparto de menas
Page dice que Sánchez no tiene ninguna política migratoria pero que serán «solidarios»
Ayuso planea llevar a los menas al centro de Fuenlabrada que el PSOE quiere cerrar
Las partidos de la oposición no son los únicos que muestran disconformidad con el pacto acordado entre PSOE y Junts para el reparto de los más de 4.400 menores migrantes hacinados entre las Islas Canarias y Ceuta. El decreto ley que entró en ... vigor ayer fue criticado también por el presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; por el delegado del Gobierno en Baleares, que cambió de opinión tras el anuncio del acuerdo, y el Ayuntamiento socialista de Fuenlabrada.
García-Page señalaba ayer que su Gobierno «está estudiando» el Real Decreto Ley que regulará el reparto obligatorio de menores inmigrantes y consideró «insultante que nos amanezcamos un día con una ley aprobada sin haber hablado absolutamente nada con las comunidades autónomas». Asimismo, quiso dejar claro que «no va admitir lecciones de solidaridad ni de los que pactan con Vox ni de los que pactan con la extrema derecha independentista y con un supremacista identitario como es Puigdemont». Page añadía que «salta a la vista que el Gobierno no tiene política de inmigración» y que, en toda esta estrategia, «todo son parches sobre la marcha». Recordaba que hace escasamente unas semanas el Gobierno de Castilla-La Mancha «padeció también por la espalda el intento de hacer un campamento al estilo Meloni en el aeropuerto de Ciudad Real».
Pese a ello, el barón socialista subrayaba que en Castilla-La Mancha quieren «ser solidarios, incluso hemos manifestado al Gobierno de Canarias en una reciente visita estamos dispuestos a serlo bilateralmente y poner nuestras plazas disponibles a disposición de Canarias», explicaba Page, que añadía «seremos solidarios, pero no tontos».
En Baleares pasaron de la reivindicación al conformismo. El mes pasado, el delegado del Gobierno en la autonomía, Alfonso Rodríguez, reclamó que el archipiélago fuera una comunidad de reparto de menores migrantes y no de acogida ante el importante flujo migratorio que han sufrido las islas, especialmente en 2024 cuando aumentó un 160%. Pero, tras el acuerdo entre PSOE y Junts, el socialista balear aplaudió este pacto migratorio que, según los primeros cálculos, prevé enviar a Baleares 58 menores extranjeros no acompañados procedentes de Canarias. Rodríguez también había defendido que la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería aliviaría la carga de Baleares. Dijo que serviría para que otras regiones pudieran ayudarla en la acogida de los menores no acompañados que llegan en pateras desde Argelia, reconociendo que «el volumen de acogida ya empieza a ser muy importante».
En estos momentos Baleares podría ser una de esas comunidades que recibiera la ayuda del resto de comunidades españolas para la acogida de menores, al contrario de recibir más menores, declaró. Sin embargo, ahora se centra en la «solidaridad» del reparto del Gobierno central y carga las tintas contra el PP para exigirle «sentido de país», a pesar de que la estimación inicial el Gobierno de Pedro Sánchez parece no haber tenido en cuenta la saturación que sufren las Islas Baleares, ni tampoco haber atendido el grito de auxilio del Gobierno de Marga Prohens.
En la localidad madrileña de Fuenlabrada, el alcalde socialista Javier Ayala no ve con buenos ojos el reparto que provocaría la acogida de más de 700 menores inmigrantes en Madrid; no por los criterios del Gobierno, sino porque su localidad recibiría gran parte de los menas. La presidenta madrileña confirmó que, si el traslado se hace efectivo, probablemente serían remitidos al centro de acogida de La Cantueña en Fuenlabrada, inaugurado en septiembre de 2024, porque es el que reunía mejores condiciones frente a los de Hortaleza y Casa de Campo, los otros dos centros de Madrid. Ayala declaró que «el Gobierno de Ayuso pretende que todos los menores no acompañados que llegan a la región vayan al centro de La Cantueña, en medio de la nada, sin hablar con los municipios, sin criterios objetivos, homogéneos y de solidaridad, y sin importarle que ese centro no sea adecuado para acoger a estas personas». Denunció que todo se hace «por sacar rentabilidad política de cualquier cosa».
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