De Rubiales a Boye: las grandes causas que centrarán el curso judicial

Dicen que lo llamaron operación Mito porque el célebre narcotraficante Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, lo era. Pero la causa acabó por arrastrar al banquillo junto a él a otra celebridad, Gonzalo Boye, abogado de, entre otros, Carles Puigdemont. La Audiencia Nacional les juzgará a ambos en noviembre. Al primero, por el narco. Al segundo, por blanqueo de esa misma presunta organización narcocriminal. Para Sito Miñanco la Fiscalía Antidroga pide casi 30 años de prisión y para quien era su letrado, y al que se acusa de haber falseado documentación para recuperar de la administración el dinero en efectivo incautado a unas supuestas mulas financieras de la trama en el aeropuerto de Barajas, cerca de una década entre rejas. Él, que intentó apartar a la magistrada instructora y hasta se querelló contra ella y contra el fiscal, se tendrá que sentar en el banquillo después de que el Tribunal Supremo cerrase la puerta a su último intento de eludir a la Audiencia Nacional. Allí será juzgado.

Antes, en septiembre, la Audiencia Nacional intentará terminar de saldar cuentas por el asesinato en el año 2000 del representante del empresario guipuzcoano José María Corta. Tenía 55 años y tres hijos. En el banquillo, Ainhoa García Montero, 'Laia', en tiempos pareja del notario de ETA, Susper, y al frente del aparato militar. La Asociación Víctimas del Terrorismo pide 33 años de cárcel para ella. La vista tendrá lugar días después de que desfilen por las mismas salas los integrantes del comando Basajaun, incluido Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe, 'Ata', por organizar hasta tres atentados en el 2000. En su caso, la AVT reclama de 167 años de prisión para cada uno por, entre otros delitos, lesiones terroristas y estragos.

Hay dos asuntos sobre terrorismo que tendrán impacto también este curso. La decisión del Tribunal Supremo sobre la posibilidad de juzgar al yihadista de Algeciras por el asesinato de un sacristán en la Audiencia Nacional y el horizonte de la querella que presentó la familia de la hispanoisraelí asesinada junto a la Franja de Gaza en los ataques de Hamás el 7 de octubre. Mientras, la causa por el esclarecimiento del atentado contra el fundador del PP Alejo Vidal-Quadras sigue en instrucción y bajo secreto de sumario.

Además, se conocerá la decisión sobre la aplicación de la amnistía a los CDR acusados de terrorismo, un olvido que será objeto de pronunciamiento para otros encausados relacionados con el 'procés' en el Tribunal Constitucional esta temporada.

También en septiembre pero en la Audiencia Provincial de Asturias, se espera el juicio al exministro Francisco Álvarez Cascos por apropiación indebida. La Fiscalía elevó a tres años y medio de prisión la petición de pena tras una exclusiva de ABC que desvelaba el cargo de gastos privados a su partido, Foro.

Y, sin salir del primer trimestre del año judicial, vuelve al banquillo el comisario retirado José Manuel Villarejo, esta vez por el presunto encargo del empresario Javier López Madrid contra la dermatóloga Elisa Pinto. Son dos juicios diferentes. Uno, al que acude acusado entre otros hechos de apuñalar a la doctora. Se celebrará en un juzgado de lo Penal de Madrid desde el 30 de septiembre. El otro, que tiene que ver con cobrar de un empresario siendo policía en activo, será en la Audiencia Nacional a partir del 18 de noviembre. Las causas se han desarrollado en paralelo porque el encargo se judicializó después.

No tendrá descanso el comisario, que el 20 de enero vuelve al banquillo por su proyecto para el tándem Repsol-Caixabank, un asunto por el que llegaron a declarar investigados a los presidentes de ambas compañías y por el que, finalmente, van a juicio los responsables de seguridad de las empresas y un exdirectivo. Sigue invicto Villarejo, por cierto. Fue condenado en la Audiencia Nacional pero se anuló la sentencia, que tendrá que volverse a redactar.

El 3 de febrero será el turno de Luis Rubiales por agresión sexual –televisada– y coacciones a la jugadora Jenni Hermoso. Se celebra en el Juzgado de lo Penal de la Audiencia Nacional y junto a él se sientan en el banquillo el exseleccionador Jorge Vilda, el exdirector de la selección Albert Luque y el responsable de marketing Rubén Rivera. Quien fue el jefe de todos y cara visible del fútbol nacional afronta dos años y medio de cárcel. Sus presuntos colaboradores, acusados de coacciones, año y medio. Difícilmente entrarían en prisión de ser condenados a la petición máxima, pero las penas de inhabilitación que solicita también la Fiscalía les apartarían del deporte mientras cumplen.

En instrucción tiene abierta también Rubiales la causa por la que afrontaría una pena mayor, la relativa al caso Supercopa que se instruye en Majadahonda.

Casi solapado en fechas arranca en la Provincial de Madrid el primer gran juicio sobre fraude de mascarillas, el dirigido contra Luis Medina y Alberto Luceño por estafa agravada al Ayuntamiento de Madrid. De 11 millones se llevaron cinco y por productos que no cumplían lo pactado. El otro gran personaje de esta trama se llama San Chin Chon. Se esclareció que existía, pero nunca fue llamado a la causa. Se trata del primer gran caso por compra de material en pandemia que llega a una sala de vistas.

De mascarillas, no obstante, se va a hablar y mucho. El caso Koldo sigue en instrucción y la trama roza los talones del exministro José Luis Ábalos, que sigue aforado como diputado del Grupo Mixto. Y ya no sólo porque obran en el sumario y a puerta cerrada audios de conversaciones con Koldo García, o porque a puerta abierta la Guardia Civil ha dicho que era «conocedor» de las adjudicaciones, sino por la auditoría que ha publicado su sucesor en el cargo, Óscar Puente: ciñe la orden de contratar con la empresa sospechosa a él o su gabinete, es decir, el asesor Koldo García. Septiembre trae el reimpulso de la causa con una tanda de declaraciones de imputados y testigos.

Y de pelotazos, la Púnica, que con más o menos éxito ha ido llegando a juicio. En abril se juzga la que se considera la mayor operación detectada en la causa, el negocio de Cofely, la pieza 6. Son 37 acusados de los que nueve fueron alcaldes del PP y del PSOE y llega después de que, en enero, la Audiencia Nacional juzgue a la parte murciana de la trama. Mientras, en Sevilla, este curso se retomarán los juicios por distintas piezas del caso ERE, que aún tiene ramas que no han llegado a la vista oral. Y más al sur, la juez de Tenerife ya tiene una pieza del caso Mediador, más conocido como Tito Berni, lista para juicio oral a falta de fecha y otra a punto de quedar rematada. El grueso del caso, con todo, seguirá en instrucción.

En paralelo, los primeros compases del año judicial traen consigo una decisión de la Audiencia Provincial de Madrid a partir de los recursos presentados que podría resultar una enmienda a la totalidad del caso sobre Begoña Gómez que instruye el Juzgado 41 de Madrid o, de lo contrario, un espaldarazo. La deliberación está fijada para el 30 de septiembre, cuando ya podría estar también decidida en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la admisibilidad de las querellas contra el juez Juan Carlos Peinado que presentaron Gómez y el presidente del Gobierno. El ritmo de la causa lo marcará el volcado de las entradas y registros en dependencias del empresario Juan Carlos Barrabés, que ha recurrido pero tardará en ver resuelta su petición de anularlo.

En Badajoz sigue avanzando también la investigación sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y la juez está pendiente del volcado y análisis de los correos electrónicos incautados por la Guardia Civil en la Diputación de Badajoz, bajo sospecha de que se amañó la concesión de su puesto de trabajo.

El ya mencionado caso Koldo o Pegasus, abierta en espera de un informe clave del CNI, junto a sucesos como el asesinato de Samuel Luiz o el secuestro de la concejal de Maracena completan un mapa donde los tribunales volverán a estar en el foco.