Los vocales del CGPJ abren la lista de candidatos a presidente y esperan un acuerdo «inminente»

Desde que tomaron posesión el pasado 25 de julio tras ser consensuados por PSOE y PP un mes antes, los nuevos vocales han intentado acordar un presidente en hasta cuatro ocasiones: los dos primeras el 30 y 31 de julio, la tercera el 5 de agosto y la cuarta este mismo lunes.

Aunque progresistas y conservadores han estado dialogando durante la segunda quincena de agosto, ha sido especialmente a raíz del pasado fin de semana cuando se han intensificado estos contactos, en manos de una comisión negociadora formada por cuatro vocales propuestos por el PP y otros tantos por el PSOE. Entre los primeros, Alejandro Abascal, José Antonio Montero, José María Páez e Isabel Revuelta; entre los segundos, Ángel Arozamena, Ricardo Bodas, José María Fernández Seijo y Esther Erice.

El marcado perfil de buena parte de los siete magistrados que ambos bloques propusieron tras la constitución del nuevo CGPJ el pasado 25 de julio ya vaticinaba que podía complicar seriamente el acuerdo para elegir a quien será la cabeza visible del órgano de gobierno de los jueces y del Tribunal Supremo (TS) durante los próximos cinco años.

La situación desde luego es inédita, pues hasta el momento la votación siempre se había llevado a cabo sobre un máximo de tres candidatos y uno de ellos ya estaba consensuado de antemano entre los negociadores. Y ello, pese a que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) deja claro que tienen que ser los vocales los que elijan a su presidente, como va a suceder por primera vez en esta ocasión.

En 2013 Carlos Lesmes fue ese candidato pactado y salió elegido con 16 de los 20 votos. Los otros cuatro fueron para Pilar Teso, primera opción ahora para los progresistas recién aterrizados, que además habían propuesto a las también magistradas del TS Ana Ferrer y Ángeles Huet.

Teso, quien recientemente suscribió un voto particular contra la anulación del nombramiento de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía de Memoria Democrática, había sido la candidata de Moncloa en anteriores renovaciones frustradas y dentro del sector conservador no se consideraba un perfil suficientemente independiente. Tampoco Ferrer ni Huet, propuesta esta última también en la renovación del Tribunal Constitucional de diciembre de 2022. Conservadores y progresistas prefirieron a María Luisa Segoviano, a la que se votó por unanimidad junto al conservador César Tolosa.

Ferrer, por su parte, tampoco era la candidata idónea para los vocales propuestos por el PP después de que suscribiera el único voto particular del tribunal del 'procés' contra la inaplicación de la amnistía. A su vez, y por su marcado perfil, los progresistas rechazaban a los candidatos del bloque conservador Antonio del Moral, Esperanza Córdoba y Carmen Lamela, en la que recayó la querella del 'procés' y quien, entonces desde la Audiencia Nacional, encarceló a los líderes independentistas en octubre de 2017.

Al margen de estos seis candidatos, quien sí podría haber recabado los 12 apoyos necesarios era Pablo Lucas, quien, siendo de sensibilidad progresista, gozaba para los vocales conservadores de esa imagen de solvencia e independencia que los negociadores se esforzaron en apuntalar en su acuerdo de renovación del órgano de gobierno de los jueces. De hecho, si la candidatura de Lucas ha venido de la mano del grupo conservador fue precisamente para neutralizar a las tres magistradas del otro bloque y dejar claro que, de apoyar a alguien progresista, este sería su candidato por mérito y capacidad.

Sin embargo, paradójicamente Lucas no gustaba en el sector progresista, que le sitúa detrás de decisiones que ha tomado la Sala Tercera del Supremo siendo él presidente en funciones, entre ellas la anulación del nombramiento de la socialista Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado, los rapapolvos a la política de nombramientos de la Fiscalía General del Estado o la estimación de los recursos del coronel Pérez de los Cobos por frenar el Gobierno su ascenso a general.

A ello se suma que los vocales progresistas estaban hasta este lunes empeñados en una mujer como presidenta, en concreto en Teso, pues cuando los vocales propuestos por el PP ofrecieron ya en julio a Córdoba o a Lamela, la respuesta por parte del otro bloque fue negativa. «Esto no es negociar», señalaban ya entonces en el grupo conservador.

Los vocales quieren llegar al solemne acto de apertura del curso judicial el jueves con un presidente y parecen ser conscientes por fin de que las sucesivas votaciones a las que han sometido a sus candidatos se encuentran ya en un callejón sin salida por los vetos cruzados. Sin embargo, cabe la posibilidad de que, pese a ese empeño, no logren finalmente el acuerdo y el CGPJ tenga que seguir funcionando solo con el Pleno, pues hasta que no haya presidente no se pueden formar las correspondientes comisiones. En este momento es el vocal de mayor edad, el jurista Bernardo Fernández, propuesto por el PSOE, el que ejerce esa función de presidente.

No es la elección de la cabeza visible de este órgano (que también lo es del Supremo) la única responsabilidad que tienen los nuevos vocales del CGPJ, cuya gestión será examinada con lupa tras el compromiso de regeneración y despolitización que suscribieron Gobierno y PP en el pacto escenificado en Bruselas.

Este CGPJ tiene en sus manos consensuar el nombramiento de un centenar de vacantes en la cúpula judicial como consecuencia de la ley que, promovida por el Ejecutivo de Sánchez para forzar al PP a negociar, recortó hace ya más de tres años las atribuciones del Consejo. De las consecuencias de lo que esta ley ha significado ya llevan tiempo advirtiendo tribunales como el Supremo, uno de los más afectados, con una de cada tres plazas vacantes.

No menos importante es la tarea que tiene encomendada este Consejo de estudiar el cambio en el sistema de elección de los 12 vocales de procedencia judicial para dar mayor participación a la carrera en la designación de sus representantes en el órgano. En seis meses los vocales deberán consensuar una propuesta que será estudiada, debatida y, «en su caso», aprobada en las Cortes una vez estas aprueben la correspondiente proposición de ley, que ya ha pasado el primer trámite de la toma en consideración.