La respuesta contra la amnistía en Rumanía que sí apoyó la UE y los vacunó contra la corrupción
El socialista Dragnea maniobró para que le perdonaran delitos de corrupción y poder ser primer ministro
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Entre 2017 y 2019 se sucedieron en Rumanía decenas de manifestaciones de protesta que fueron las más numerosas y concurridas desde la caída de la dictadura comunista de Nicolai Ceaucescu en 1989. El motivo fue una larga maniobra destinada a permitir que el ... líder socialista Liviu Dragnea pudiera ocupar el puesto de primer ministro a pesar de que la ley prohibe nombrar a alguien que haya sido condenado por delitos de corrupción.
Las protestas fueron subiendo de tono a lo largo de 2018 y estallaron cuando en una maniobra en la que estaba implicado el presidente de la cámara de diputados, se aprobó en circunstancias extraordinarias y parcialmente secretas una ley de amnistía que perdonaba los delitos de corrupción de modo que Dragnea podría haber tomado el control del Gobierno en Bucarest. A diferencia de lo que sucede actualmente en España, la Comisión Europea, presidida entonces por el luxemburgues Jean-Claude Juncker, no vaciló ni un minuto a la hora de rechazar esa maniobra, precisamente en un país cuya entrada en la UE fue retrasada a causa de sus problemas de corrupción. «De otorgarse la amnistía, como prevén algunos en este país, sería un paso atrás en el Estado de Derecho» dijo Juncker en una entrevista en un medio alemán, en una época en la que el ejecutivo comunitario aún no tenía las reglas que se han aprobado después para condicionar al respeto a las reglas democráticas la recepción de los fondos de recuperación.
Hasta su entonces vicepresidente, el socialista holandés Frans Timmermans, ahora gran aliado de Sánchez, se sumó a las críticas a la ley al advertir que «si la Comisión debe ser brutal en su evaluación, lo será. Y si debemos utilizar otros instrumentos a nuestra disposición, lo haremos».
En 2018, cuando ese proyecto de amnistía aún no había sido aprobado, se celebró un debate en el Parlamento Europeo sobre las Amenazas al Estado de Derecho causadas por la reforma judicial en Rumania. Un joven eurodiputado popular llamado Siegifred Muresan, explicó ante el pleno que «la realidad en Rumania es la siguiente: hay una discrepancia importante entre lo que la gente quiere y lo que quiere la coalición gobernante. La gente quiere justicia y Estado de derecho. Quieren valores europeos, mientras que los políticos del Gobierno quieren debilitar las instituciones estatales y poner la justicia bajo su control».
A pesar de pertenecer al grupo parlamentario Popular, sus palabras fueron firmemente aplaudidas por todo el hemiciclo, incluyendo a los socialdemócratas. El miércoles, Muresan volvió a intervenir en el pleno, esta vez dedicado a la situación creada por la ley de amnistía de Pedro Sánchez y sus acuerdos de Gobierno. «Toda Europa –dijo el rumano– sabe que en España hay un gobierno que ataca al estado de Derecho. En Rumanía los ciudadanos vencimos» y recomendó a los españoles que «no acepten que el Estado se debilite» por necesidades políticas coyunturales. «Las protestas tuvieron tal dimensión entonces que ahora en Rumanía a ningún político se le ocurriría volver a hacer lo mismo».
La carta de Reynders
En aquella ocasión, en Rumania la Comisión no llegó a intervenir más allá de la advertencia de Juncker. En el caso de España, la carta del comisario de Justicia Didier Reynders, así como sus palabras en el debate parlamentario, son notablemente más contemporizadoras. También es cierto que Rumanía es un país más pequeño, entonces recién llegado a la UE y el presidente de la Comisión podía permitirse poner en duda si estaban a la altura para asumir su primer semestre de presidencia.
Sánchez emprendió la suya en un tenso escenario político doméstico y la polémica sobre la ley de amnistía ha llegado cuando está terminando, como traca final de un turno que se ha visto claramente contaminado con el proceso electoral que puso en marcha en contra de todos los criterios respetados tradicionalmente en las presidencias europeas. De todos modos, después del debate del miércoles, para Muresan «la actitud de Sánchez debilita la posición de España en el mundo». «La pérdida de credibilidad internacional de Pedro Sánchez es inevitable». añadió.
Es legítimo preguntarse sobre las razones que han llevado a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen a ignorar la situación en España en este caso concreto. Aunque muy relevantes funcionarios del ejecutivo comunitario aseguran que la alemana estaba perfectamente al corriente del contenido de la carta de Reynders, a ella no se le ha escuchado personalmente ningún reproche, ni siquiera indirecto, ante lo que está sucediendo en España.
Muresan opina que «la Comisión tiene competencias y como guardiana de los tratados, también una clara obligación de hacer respetar el Estado de derecho«. Y que como demuestra la experiencia rumana «el debilitamiento del imperio de la ley se produce ya cuando se tramitan leyes con objetivos ilegítimos«. En 2019, la aprobación de la amnistía se hizo de forma tan precipitada que tuvieron que dejar un plazo de diez días antes de su entrada en vigor, a la espera de los informes técnicos.
Las impresionantes manifestaciones ciudadanas hicieron el resto. En cuanto a Dragnea, este tuvo que pasar más de un año en la cárcel y en este tiempo ha pasado de las filas socialdemócratas a promover un movimiento nacional populista para cuando termine su periodo de inhabilitación el año que viene.
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