Puigdemont ultima su regreso, que tensionará al Supremo y el Constitucional

Con el antecedente de siete años sustraído de la acción de la Justicia y sin amnistía por un delito de malversación que acarrea varios años de cárcel, el pronóstico es que se acuerde prisión provisional. Al fin y al cabo, comentan las fuentes jurídicas consultadas por ABC, no es alguien que haya hecho «acto de contricción y se haya entregado». «Él viene a España a otra cosa», dicen. Concurre una alto riesgo de que vuelva a marcharse cuando sus planes respecto del proceso por el que ERC va a fiar el Govern al PSC hayan culminado.

En su entorno se fia todo a la acción del Tribunal Constitucional y a un eventual recurso de amparo contra la prisión provisional que le libre de la cárcel antes de llegar a juicio alguno. La razón que subyace es la confianza en que el órgano de garantías que preside Cándido Conde-Pumpido será más complaciente con la aplicación de la ley de Amnistía que el Tribunal Supremo, y que cuando revise su caso, la perspectiva de ser amnistiable le permita granjearse el amparo.

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En el Supremo, mientras, no descartan que esto acabe ocurriendo y la mayoría progresista del órgano «le arregle» la situación al líder de Junts. Esa misma mayoría es la que enmendado las condenas por malversación en el caso de los ERE de Andalucía, aunque ese será otro fleco que definir. Conde-Pumpido se abstuvo en los recursos del procés y el exministro de Justicia Juan Carlos Campo pidió en su día abstenerse en un asunto de amnistía porque cuando estando en el Gobierno firmó los indultos de los condenados del procés, dijo que el olvido le parecía inconstitucional.

En cualquier caso, llevará su tiempo que la defensa de Puigdemont que despliega el abogado Gonzalo Boye busque abrigo en el TC: una vez acordada la prisión provisional, el prófugo tendrá que recurrir ante el juez Llarena. Ante una previsible negativa, habrá de acudir a la Sala de lo Penal. Si de nuevo le deniegan la libertad habrá agotado la vía interna y podrá saltar al órgano constitucional, salvo que busque una alternativa «imaginativa», como apuntaba una fuente, y tratara de forzar una cautelar por persecución política en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En paralelo, habrá de resolver el Supremo los recursos contra la denegación de la amnistía por el delito de malversación que firmó Llarena, que previsiblemente será confirmada. Todo esto son días que corren en prisión preventiva, según comentan fuentes jurídicasm necesarios para que un amparo no se inadmita por prematuro.

Puigdemont, en su carta publicada ayer, parece tenerlo asumido cuando insinúa una vuelta inminente porque, dice, el pacto de ERC con el PSC para investir a Illa, «hace que la detención sea una posibilidad real en muy pocos días». «El retorno me puede comportar la detención y el ingreso en prisión, que sé que será cuestión de tiempo. Si salen, imagino lo que me espera y sé lo que debo hacer. También lo que no debo hacer; por ejemplo, convertirme en un objeto de negociación ni abonar ninguna decisión política que comporte renunciar a la lucha», afirma.

A lo largo de dos folios colgados en su cuenta de X, advierte, no obstante, de que esa no es su mayor preocupación y reta al presidente Sánchez: «Si me detienen, no será la primera vez. He estado en una prisión alemana y en otra de Italia, he estado arrestado en una comisaría belga y he estado convocado por la policía antiterrorista francesa. Todo esto, claro, por orden del aparato judicial español».

«Pero el hecho relevante no será este -proseguía-. El hecho verdaderamente importante será la evidencia de que en España las amnistías no amnistían, que hay jueces dispuestos a desobedecer la ley y que el Gobierno español actúa con la indolencia del resignado».

Para el líder de Junts, el Gobierno «hace más aspavientos porque un juez imputa a la mujer del presidente y le cita a declarar que cuando el Tribunal Supremo se niega a aplicar la única ley que se ha aprobado en esta legislatura, y la única de amnistía aprobada desde la entrada en vigor de la Constitución». Y amenaza: «Quien piense que eso no tendrá consecuencias, se equivoca».

El acuerdo entre ERC y PSC, que contempla un concierto económico, era la pieza definitiva para que Puigdemont se inclinara por volver y en la misiva hace balance del asunto justificando que ha esperado a que hablase la militancia republicana para no ser acusado de «hacer chantaje emocional» o «interferir en el proceso interno de otra formación política». Pero la carta llegaba, oportunamente, justo antes de la reunión de la Ejecutiva del PSC que ayer validaba en Barcelona tanto este pacto como el suscrito con los comunes.

Antes de la misma, y seguramente ya conocedor del contenido, el presidente 'in pectore' de la Generalitat dio un discurso a los suyos en el que agradeció los acuerdos a los independentistas y a la formación a su izquierda, sin mención al prófugo. Sí habló del concierto, que ha provocado la revuelta inédita de buena parte de las federaciones autonómicas del PSOE. Tras reafirmar su «compromiso de cumplir íntegramente los acuerdos» y, en un lenguaje muy críptico, subrayó no obstante que «puede tener inconvenientes, dificultades» pero «dibujan un horizonte» que les vincula al PSC y a él «como candidato a la presidencia de la Generalitat».

Aseguró además que «no son acuerdos contra nadie», sino «para mejorar nuestra financiación». «Sin perjudicar a nadie y manteniendo criterios de solidaridad», zanjó.