Puigdemont aprovechará la debilidad de Sánchez en el acuerdo de presupuestos

El punto nuclear de las aspiraciones de Junts y ERC, que comparten con los comunes y Sumar, así como con una parte social del PSC, es el de celebrar un referéndum de independencia en la comunidad. Pere Aragonès (ERC), presidente de la Generalitat, se presentará en la Moncloa, este mismo año antes de las elecciones catalanas previstas para febrero de 2025, con la propuesta de un Acuerdo de Claridad, inspirado en la experiencia canadiense con el Quebec, para que Sánchez le autorice, si puede, la celebración de un referéndum con unas condiciones determinadas y pactado con el Ejecutivo. Un 'déjà vu' de la época de Artur Mas y sus peticiones a Mariano Rajoy.

No habían pasado ni 12 horas de la aprobación de la ley de amnistía en la Comisión de Justicia, este jueves, cuando el expresidente de la Generalitat, eurodiputado y fugado de la Justicia, Carles Puigdemont, recordó que, a partir de ahora, le negociación con el PSOE incluiría, además de los presupuestos, la autodeterminación de Cataluña. Vino a decirle a los socialistas, entre líneas, que lo sufrido hasta la fecha -enmarcado solo en la investidura- era cosa de niños: «Lo que ahora toca es negociar pieza a pieza, no dar nada por aprobado y abordar todas las cuestiones, desde los presupuestos al reconocimiento nacional y el ejercicio del derecho a la autodeterminación».

Puigdemont sigue dominando la esfera política y mediática catalana, sus tiempos, los ritmos y, a menos de un año para las elecciones al Parlamento autonómico, cuya pieza de caza mayor es la Generalitat, aflorará, más si cabe, la pugna entre los suyos y los de Junqueras. Con una cita con las urnas de por medio -9 de junio, elecciones europeas- que en la sede de Junts ven, ahora, como una oportunidad única de ratificar la estrategia de la fuga y la confrontación, en lugar de la vía de la 'rendición' y la palabrería.

Previsiblemente, todo esto no hará más que encarecer el precio del 'sí' de Junts y ERC en el Congreso en la votación de los PGE primero y, seguidamente, en las del resto de normas que el Ejecutivo o el PSOE pretendan aprobar. La puja independentista por demostrar que la acción política y legislativa del Gobierno está en manos de unos u otros será crucial, al menos, hasta la celebración de las elecciones autonómicas catalanas.

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Más allá de la exigencia de un nuevo referéndum -cabe recordar que el independentismo celebró en 2014 y 2017 una consulta y un referéndum, respectivamente, que siempre dio por válidos-, a partir de ahora se pondrán sobre la mesa una serie de demandas encaminadas a fortalecer el nacionalismo y, en la medida de lo posible, conseguir espacios de independencia o que permitan la construcción de lo que, en lenguaje nacionalista, se denominan «estructuras de Estado».

Una vieja reivindicación es liquidar la Audiencia Nacional. Este tribunal es «herencia del franquismo», defienden desde la dirección de Junts. Fuentes de esta formación aseguran que su cierre estará en la negociación con el Gobierno socialista, pero reconocen que «todavía» no lo han hablado con el PSOE. La Audiencia Nacional está especializada, sobre todo, en los delitos de terrorismo, crimen organizado, narcotráfico, contra la Corona y económicos.

Una demanda que en las últimas semanas ha estado encima de la mesa de los negociadores de la ley de amnistía es la de reformar el artículo 573 del Código Penal. La idea sería acotar el delito de terrorismo para que casos como el de Tsunami Democràtic no tengan cabida en él y queden fuera de la interpretación de los jueces. Esta vía es la que defienden los comunes y Sumar. Jaume Asens, candidato catalán de estos grupos en la cita electoral del 9 de junio, llegó a exponerla en público como salida ante un posible bloqueo en la negociación PSOE-Junts. «Lo vamos a intentar ahora, tras la ley de amnistía», señalan en Junts.

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Otros asuntos, que trascienden a más transferencias y más dinero para la Generalitat que se concretarán en el acuerdo presupuestario, harán referencia a la mejora de la financiación con dos ejes: que Cataluña salga del régimen común con la idea de que sea la Generalitat quien controle la caja y romper la solidaridad con la trampa del principio de ordinalidad fiscal, que no solo no se cumple en ningún lugar del mundo, sino que además es un modelo antiprogresista en lo económico.

En este punto económico y de mejora de la financiación en base a recibir más y aportar menos a la caja común, curiosamente el PSC es el mejor aliado de los grupos nacionalistas. Desde hace unos años se potencia la Agencia Tributaria de Cataluña para dotarla de recursos y capacidad para asumir, llegado el momento, la gestión de todos los tributos de la región. Los socialistas siempre han estado a favor.

Poder ver un partido de fútbol entre las selecciones de España y de Cataluña es otro de los sueños nacionalistas. Otra de las reivindicaciones ya clásicas, por el impacto mediático y simbólico en el conjunto del país y, sobre todo, a nivel internacional. El primer paso lo tiene que dar el Ejecutivo y luego que las federaciones autoricen la independencia deportiva. Junts lo incorporó a su programa electoral del 23 de julio y ERC lleva décadas promocionando esta reivindicación.

El goteo de imposiciones será constante. Cada votación en el Congreso tendrá un coste añadido: traspasar los edificios de titularidad nacional, arrinconar a la Policía Nacional y la Guardia Civil, transferir el aeropuerto de Barcelona, traspasar la Seguridad Social, reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el Superior de Cataluña sea la última instancia, crear un Poder Judicial catalán...

«No puede haber ningún acuerdo con el PSOE que nos aleje de la conferencia de Puigdemont en Bruselas y del acuerdo de investidura», dicen y repiten en Junts. Lo cierto es que solo llevamos ocho meses desde las elecciones y el independentismo ya ha conseguido de Sánchez la amnistía, Cercanías, la gestión de la inmigración, el catalán en el Congreso, que el PSOE diga que hay 'lawfare' y 15.000 millones de la deuda de la Generalitat.