Puigdemont alarga los tiempos para exprimir más a Sánchez

De la resaca maratoniana del jueves en la capital comunitaria –una reunión de la dirección de Junts que se alargó todo el día y que acabó sin avances–, quedaron al lado del expresidente de la Generalitat Jordi Turull, secretario general de Junts, y Míriam Nogueras, portavoz de estos en el Congreso. Son el núcleo duro de un partido que sigue una férrea disciplina de silencio mediático. Entre otras razones, esta estrategia es la consecuencia de que ni parte de la ejecutiva sepa el detalle de lo que se va negociando. Así, Cerdán lo probó por segunda vez y, por segunda vez, hubo fumata negra.

Tras comprobar que los plazos para una investidura la semana que viene se complican, en función de las necesidades del eurodiputado, en Ferraz creen que Puigdemont alarga los tiempos «artificialmente», pero no tienen dudas de que al final acabará por firmar un documento que permita a Sánchez retener La Moncloa. «Nada está roto», insisten y dan por seguro que habrá contactos durante el fin de semana para tratar de cerrar lo antes posible un pacto, pues mantienen abiertos los canales de negociación.

La aritmética surgida de las urnas del 23J dejó en una posición de fuerza a Puigdemont que nadie esperaba. Descontados Bildu y ERC, socios preferentes de Sánchez durante toda la legislatura, y con el PNV siempre abierto a pactar con el Gobierno de turno, los siete diputados de Junts son imprescindibles. Y desde el primer minuto, el fugado de la Justicia española lo advirtió: será una negociación como nunca había visto el PSOE.

Con esta premisa, en Ferraz aseguran que «de Puigdemont esperábamos algún pulso final», pero las dificultades centradas en la ley de amnistía y la desconfianza en Sánchez empiezan a sembrar las dudas en las filas socialistas con la fecha de la investidura, que, de momento no ven peligrar.

Con el acuerdo de ERC cerrado, es el turno de Puigdemont y su entorno confía en que, a partir de ahora, empiece la verdadera negociación. Al margen del escollo del detalle de la amnistía, está por ver en qué otros ámbitos se llega a un acuerdo con los socialistas. Para que lo firmado no sea «más autonomismo», los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) y la Assemblea Nacional Catalana (ANC) advirtieron, este viernes, tanto a ERC como a Junts, que no hay acuerdo posible que no pase por declarar la independencia.

En un comunicado, los CDR dejaron claro que no aceptarán ni acatarán ningún pacto o acuerdo destinado a sustituir el referéndum de independencia ilegal de 2017, que dan por celebrado y ganado, «porque ninguna negociación partidista con el Estado español tiene la legitimidad de anular el mandato emanado de las urnas del Primero de Octubre».

Aunque no citaron expresamente ni a ERC ni a Junts, los califican como «partidos procesistas», rechazan que estos quieran dar estabilidad «al Estado opresor» y, por lo tanto, no aceptan las negociaciones para investir a Sánchez, al que tampoco citan directamente. «Cualquier negociación que puedan hacer con el enemigo no es admisible, y menos después de la connivencia y la complicidad que han mostrado durante seis años», añadieron.

En cualquier caso, se oponen de lleno a una ley de amnistía que, entre otros, afectaría probablemente a miembros de este colectivo como los que este viernes la Audiencia Nacional decidió enviar al banquillo de los acusados por terrorismo. El argumento es sencillo: «Aceptar una amnistía del Estado es reconocer su potestad sobre Cataluña y todo el movimiento independentista, y no cierra la puerta a ser revocada ni a la persecución del independentismo mañana mismo».

En esta línea, los CDR consideran que esta norma sería «una trampa desmovilizadora para reconducirnos a la jaula constitucional» y dividirá al movimiento secesionista. Una posición crítica a la que también se sumó la ANC, la asociación civil más potente del independentismo que lideró el 'procés' en las calles desde la consulta del 9-N de 2014 y que, en los últimos meses, ha perdido músculo.

Para esta asociación, el acuerdo del PSOE y ERC es un «retroceso para el independentismo y una sumisión al Estado». La entidad que preside Dolors Feliu apuntó, en relación a la posible amnistía, que dejará fuera a algunos de los independentistas «represaliados» y, sobre todo, criticó que «exculpará a los policías que nos golpearon el 1-O».

«ERC y Junts no se coordinan. Ni en Madrid, donde pactan por separado cuando el independentismo es decisivo, ni en Cataluña, donde el independentismo tiene mayoría absoluta. Así no vamos a ninguna parte», añadieron desde la entidad, que sigue en parámetros de defensa de la unilateralidad y que, como los CDR, solo dan por buena la aplicación del resultado del referéndum ilegal de 2017.

Justamente esta presión de los CDR y la ANC habría llegado a la cúpula de Junts, que tiene en sus manos la investidura de Sánchez. Desde este partido se pide una amnistía amplia y que afecte a encausados y condenados que no están vinculados directamente con el 1-O pero que se consideran 'represaliados' de una estrategia judicial contra el independentismo. Uno de estos ejemplos sería el de Laura Borràs. También se quiere meter en este saco los casos de Miquel Buch, Josep Lluís Alay y Gonzalo Boye, entre otros.

Aunque la voluntad de acuerdo con el PSOE está demostrada, el margen de maniobra de Puigdemont se estrecha. Una prueba de la tensión interna es la nota que Turull envió ayer a los miembros de la dirección de su partido filtrada a 'La Vanguardia'.

En el escrito, el secretario general de Junts descalificó el acuerdo del PSOE con ERC, pidió calma a los miembros de la dirección –de lo que se desprende cierto nerviosismo en las filas– y les rogó confianza porque están viviendo «horas y días de mucha presión» y más que vendrán. Uno de los pocos hombres de confianza de Puigdemont aseguró que «el PSOE es especialista en echar agua al vino», por lo que no se pueden fiar de cualquier pacto, es decir, dejarán todo lo que acuerden lo más detallado a su favor.

Pero la muestra de que la negociación con el PSOE está estancada, pero no rota, y que el asunto en discusión es el perímetro de la norma fue su opinión indirecta sobre la ley de amnistía: «No dejaremos a ningún soldado tirado», «no haremos una amnistía para vips» y «aquí hay mucha gente que se la ha jugado, que no se ha rendido» y no puede quedar al margen de la ley que permitirá olvidar todas las ilegalidades cometidas desde 2013.

A falta de ver el destino de los siete votos de Junts en el Congreso, a media tarde de ayer ERC dio a conocer el resultado de la consulta a la militancia, que avala el pacto con el PSOE. El 89% de los afiliados que votaron lo hicieron por el 'sí' a la investidura de Sánchez y solo el 9% votó en contra. La consulta fue telemática y participó el 43,61% de los militantes. Con este resultado, el líder del PSOE ya cuenta, seguro, con los siete diputados de ERC.