Puertos del Estado contrató con la trama pese a tener «otra oferta a mitad de precio»

Así se desprende de uno de los correos electrónicos intervenidos en la causa a Francisco Toledo Lobo (que no figura entre los investigados), quien era presidente de Puertos en marzo de 2020, cuando se firmó el contrato con la compañía. Se trata de una de las operaciones gracias a las que Koldo García, asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, pudo llevarse una comisión ilegal, según los indicios recabados por los investigadores.

En el procedimiento del Juzgado Central de Instrucción 2 se aborda un supuesto tráfico de influencias de Koldo García para beneficiar, frente a otras compañías, a la mencionada Soluciones de Gestión -por la que mediaba el comisionista Víctor de Aldama, muy relacionado con el ministerio de Ábalos-. Con el estallido de la pandemia, esta compañía de Juan Carlos Cueto fue la adjudicataria de contratos por hasta 53 millones de euros desde organismos dependientes de los Ministerios de Transportes e Interior para proporcionar material sanitario.

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«Me parecen unos plazos demasiado largos. No es eso lo que ofertaron [...] Si esos son los plazos estoy por rescindir. La otra oferta nos garantiza una semana y a mitad de precio», escribió Toledo Lobo el 24 de marzo de 2020 a Álvaro Sánchez Manzanares, secretario general de Puertos destituido en marzo de este año por el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, un mes después de estallar el caso.

Aquel 24 de marzo de 2020, Lobo mostró su indignación en respuesta a los plazos de entrega del material que manejaba la compañía según trasladó en un correo anterior Íñigo Rotaetxe, administrador de Soluciones de Gestión -también entre los investigados- a Sánchez Manzanares. «No es eso lo que ofertaron. Si el problema como dicen son los fletes, hay que ponerles presión y activar a Iberia o al Ejército para que pongan un avión cargo. No es explicable lo de la escasez de aviones o 'slots' por lo que me dicen fuentes del sector. En resumen: no podemos conformarnos. Presión y soluciones alternativas para flete de aviones. Me está indignando cómo va la cosa. Si no responden acortando notablemente, dadme un teléfono de contacto y hago gestiones personalmente porque al final quien va a dar la cara por el retraso soy yo», se quejó Lobo ante su subordinado en respuesta al 'mail' del representante de Soluciones de Gestión.

Un día antes, Puertos del Estado firmó la carta de pago, que también obra en la causa, por la que se comprometía a adelantar la mitad del importe del contrato (10 millones) a la empresa.

Francisco Toledo Lobo -que fue reemplazado en la Presidencia de Puertos en noviembre de 2021 por Álvaro Rodríguez Dapena, designado por la exministra Raquel Sánchez- compareció el pasado 30 de mayo en la comisión de investigación del Senado por el caso Koldo.

El compareciente, también expresidente del Puerto de Castellón que en febrero de 2020 fue designado para la Presidencia de Puertos del Estado por José Luis Ábalos, explicó que el contrato con Soluciones de Gestión al inicio de la pandemia se firmó con la mediación del Ministerio de Transportes. Ante los miembros de la Cámara Alta, responsabilizó a Sánchez Manzanares, su subordinado, de todas las gestiones para que la concesión saliera adelante. Calificó su trabajo de eficaz y eficiente, según recogió la agencia Efe. Achacó la elección de la empresa de Cueto frente a otras a que era la única que reunía las condiciones exigidas y que logró presentar una oferta, según le habían trasladado desde el ministerio. Sin embargo, no hizo ninguna referencia a los retrasos por los que se quejó por medio del correo electrónico recogido en la causa y al que ha tenido acceso ABC. La intervención de las comunicaciones por correo de Toledo Lobo y de otros altos cargos de Puertos del Estado y Adif, organismos que contrataron con Soluciones de Gestión, es una de las diligencias acordadas por el instructor.

Precisamente el contrato firmado con Puertos del Estado es esencial puesto que fue el primero y el más abultado entre la empresa investigada y el Estado. Sirvió como puerta de entrada para contratar después con Adif, Interior, Canarias y Baleares.