El PSOE ya trabaja en el detalle de la amnistía y teme no llegar a tiempo

El mismo Bolaños lleva prescribiendo desde las elecciones generales del pasado 23 de julio la «discreción» como la manera más idónea para abordar la futura investidura de Pedro Sánchez. Y ni de sus palabras ayer ni de las que veinticuatro horas antes pronunció la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, se extrae ningún paso concreto, más allá de la evidencia de que la amnistía no se niega, porque ya se trabaja en ella y en su detalle.

De momento el terreno se prepara con un estudiado argumentario que Bolaños y Rodríguez han puesto en circulación, y que se escuchará repetidamente en boca de portavoces socialistas las próximas semanas. Aquel que dicta que, en primer lugar, ahora es «el momento» de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, cuyo intento comenzará el próximo 26 de septiembre en el Congreso de los Diputados, y en segundo que se equivocan quienes desde la oposición o desde cualquier otro ámbito ponen el grito en el cielo denunciando nuevas cesiones a los separatistas.

Así lo sintetizó Bolaños: «La derecha está intentando atemorizar a los españoles, como ha hecho siempre que gobiernan los socialistas, está diciendo que va a venir el apocalipsis. Y lo que vamos a hacer los socialistas es lo que hemos hecho estos últimos cinco años de Gobierno de Pedro Sánchez –que han refrendado las urnas– y lo que hemos hecho siempre que hemos gobernado, que es apostar por la convivencia, que es cumplir la Constitución, que es velar porque haya más afecto entre los españoles, que es por supuesto construir diálogo, que es construir mayor cohesión territorial y, desde luego, tratar de cerrar definitivamente las heridas de la Cataluña de 2017». Ni una mención a la amnistía, que Sánchez y otros socialistas descartaron en campaña, pero ni un solo repudio a la medida.

Pero lo cierto es que cumplir con la exigencia de Puigdemont no es fácil, ni en forma y ni en fondo. El expresidente catalán y dirigente de Junts per Catalunya dejó claro en su discurso en el Parlamento Europeo (en una pequeña sala, pero revestida con dos banderas catalana y europea, para darle mayor apariencia institucional) que la amnistía, lejos de ser una exigencia para la que valga algún tipo de compromiso futuro, para cuando eche a andar la legislatura, debería ser una realidad cumplida para cuando Sánchez sea eventualmente investido en el Congreso de los Diputados.

Algo que –fracaso de Feijóo mediante– podría ocurrir como pronto a mediados de octubre, después del Puente del Pilar, y como tarde en la segunda quincena de noviembre, donde de no haber un presidente investido se disolverían automáticamente las Cortes para ir a una repetición de las elecciones en enero.

Esto último, el que la amnistía tenga que ser una realidad para cuando se produzca una investidura, lo ratificó ayer en una entrevista en Onda Cero el dirigente de los comunes Jaume Asens, mediador de Sumar con Puigdemont y la persona que acompañó a Yolanda Díaz en su encuentro con el prófugo de esta misma semana.

Esta circunstancia obliga a una maniobra parlamentaria exprés, posiblemente a través de los grupos parlamentarios de la izquierda, que tienen potestad para presentar proposiciones de ley, sin que lo haga el Gobierno, que además ahora está en funciones.

Fue, sin ir más lejos, la fórmula adoptada para reformar el Código Penal y suprimir el delito de sedición y rebajar sustancialmente las penas por malversación (este último el delito por el que el Tribunal Supremo sigue reclamando a Puigdemont). Ese camino, a diferencia del proyecto de ley emanado de la mesa del Consejo de Ministros, evita la consulta pertinente, aunque no vinculante, a los órganos consultivos, como el Consejo de Estado.

Ante estos plazos ajustados, y dada la envergadura de la medida, de cuyo encaje constitucional dudan muchos, incluidos reputados juristas, surgen las dudas en el Gobierno. Un ministro de la parte socialista admite que «fácil no va a ser, por los trámites. Los plazos son los que son», y fuentes socialistas aseguran que es «muy justo de tiempo» para que sea una realidad antes de la investidura.

Y todas esas dificultades atendiendo sólo al aspecto procedimental. Porque el del contenido en sí mismo del olvido legal para los delitos relacionados con el golpe secesionista en Cataluña de 2017 no es, precisamente, un asunto de escasa complejidad, y sí de mucha precisión.

Todo ello siempre que se garantice su encaje constitucional, sobre el que muy probablemente se tendrá que terminar pronunciando el Tribunal Constitucional (TC). En el Alto Tribunal, presidido después de la última renovación por el ex Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, figura entre los nuevos magistrados que le dan una mayoría de izquierdas Juan Carlos Campo, el hombre que como ministro de Justicia firmó en 2021 los indultos a Oriol Junqueras y el resto de cabecillas del procés (los que no habían huido, como Puigdemont) y que por entonces afirmó con toda rotundidad, en una entrevista televisiva, que la aministía «no cabe, porque esta es una cuestión que es muy técnica, pero que es muy reveladora. La amnistía es el olvido, aquí [refiriéndose a los indultos] no hay olvido, aquí hay perdón, para construir un futuro mejor».

Pero incluso al margen de ese encaje legal de la medida, la amnistía presenta problemas de entrada que ni siquiera tenían los indultos. Para las medidas de gracia concedidas hace dos años no había duda de quiénes eran los potenciales beneficiarios, cosa que ahora no ocurre. Baste decir que incluso sectores del independentismo han reclamado que se incluya a la expresidenta del Parlament, Laura Borrás, condenada por falsedad y prevaricación por un asunto de contratación pública totalmente ajeno al procés. Si bien esta reclamación ha sido desestimada tanto por los partidos de la izquierda nacional como por ERC.

Más allá de ese caso, la mera cifra de personas que se beneficiarían de esa amnistía podría ser uno de los elementos más difíciles de la negociación. El número y también sus «alcances», por volver a la gráfica expresión de Grande-Marlaska. Puigdemont dejó claro, en uno de los pasajes de su discurso que menos repercusión tuvieron, que no podrían beneficiarse de ella los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil procesados por las cargas policiales del uno de octubre de 2017, cuando tuvo lugar el referéndum ilegal de independencia.

La futura ley de amnistía, señaló el expresidente de la Generalitat, «debe hacerse para reparar una injusticia, no para olvidar ni para poner el punto final a nada ni para igualar a las víctimas de estas injusticias a sus victimarios». Algunos de esos agentes, en declaraciones recientes a ABC que tuvieron que publicarse protegiendo su identidad, rechazaron ser amnistiados, por su convicción de que son inocentes y su reclamación por ello de un «juicio justo». Incluso el sindicato policial Jupol rechazó que fuesen amnistiados, para no verse «equiparados» con los responsables del 1-O.

Pese a todo, en Moncloa se respira optimismo sobre la posibilidad de que Sánchez logre su segunda investidura. Y resaltan para ello, como también hizo Asens desde Sumar, que Puigdemont no haya puesto el referéndum como condición. La continuidad del presidente del Gobierno en funciones sólo será posible con la colaboración de las fuerzas nacionalistas e independentistas vascas y las del separatismo catalán, que siguen poniendo exigencias sobre la mesa cada vez que renuevan su apoyo. Los socialistas transmiten hace tiempo la convicción de que Junts y ERC tuvieron un revés electoral el 23J y no pueden arriesgarse a una repetición.