El acuerdo de PSOE y Sumar vincula las multas de la 'ley mordaza' a los ingresos del infractor

Actualmente, sigue vigente la normativa aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015, después de que el Ejecutivo de PSOE y Podemos no consiguiera llevar a cabo su reforma en la pasada legislatura, uno de sus principales compromisos, por el bloqueo impuesto por ERC y Bildu (y los partidos de la oposición) en el Congreso. Sin embargo, ahora, Pedro Sánchez ha presentado un acuerdo programático junto a Yolanda Díaz, su único apoyo explícito hasta el momento para la investidura —todavía sin fecha—, donde recuperan la propuesta, cuya esencia nació tras el 15M.

«Reformaremos, y derogaremos, aquellos aspectos de la normativa vigente que limita los derechos de reunión y libertad de expresión», reza el programa conjunto en el apartado dedicado a «democracia y justicia». Concretamente, plantean actuar sobre las sanciones, que la norma regula en su artículo 39, incorporando un nuevo sistema de «sanciones restaurativas y reparadoras» en el que estas estén vinculadas a las capacidades económicas de los infractores.

En la actualidad, las sanciones dependen del tipo de infracción, que la ley divide entre muy graves (30.001 a 600.000 euros), graves (601 a 30.000 euros) y leves (100 a 600 euros). Además, dentro de cada uno de estos tramos la cuantía se divide en tres grados en función de la gravedad de los hechos.

Pero, de llevarse a cabo, la reforma planteada por PSOE y Sumar afectaría a este apartado de la Ley de Seguridad Ciudadana, con un enfoque que, según exponen, estará basado en una «concepción progresista y garantista» de la seguridad ciudadana y jurídica. También regulará «el derecho de reunión y manifestación, la identificación y registro corporal, la utilización de técnicas preventivas y disuasorias, así como la identificación de los agentes».

El Sindicato Unificado de la Policía (SUP), que ya se ha pronunciado en otras ocasiones frente a la reforma de la ley, ha rechazado la iniciativa por «no contar con quienes están en la calle» y «afectar al libre ejercicio de de los derechos». Denuncian que no se ha consultado a los expertos policiales en ningún momento y que «no se puede legislar en caliente».

«Esta ley es la que permite desarrollar nuestra libertad sin la injerencia de un tercero y ya cuenta con una graduación de las sanciones», comentan. Y añaden que les sorprende que negocien la medida con quienes «han defendido que patearan a policías».