El PSOE crea un enjambre de 'mesas de diálogo' para cumplir con ERC y Junts

El desbarajuste es tal que ni los dirigentes políticos -de los partidos que suscriben los pactos- saben explicar y concretar cómo se llevarán a cabo unos foros que carecen de regulación, encaje legal y no vinculan a nadie más que a las tres formaciones políticas que firman los documentos. Hace unos días, por ejemplo, en rueda de prensa, la portavoz de la Generalitat de Cataluña, Patrícia Plaja (ERC), fue incapaz de trazar una respuesta comprensible e inteligible al respecto.

En las siguientes líneas, desde ABC, tratamos de poner algo de luz sobre el enjambre de espacios de diálogo que los socialistas se han comprometido, por separado, con los de Oriol Junqueras y los de Junts. Con el riesgo, incluso, de que ni los que estamparon su firma en los documentos tengan intención de cumplirlos. Y que se suman a las tres comisiones estatutarias que funcionan desde hace años.

Con este nombre tan rimbombante, PSOE y ERC quieren dar continuidad a la Mesa de Diálogo entre gobiernos que arrancó en febrero de 2020 con Sánchez y Quim Torra, entonces presidente de la Generalitat, y que, al perder el Govern Junts (febrero de 2021), éstos dejaron en manos de los de Junqueras. En septiembre de 2021, Sánchez y Pere Aragonès institucionalizaron este mecanismo que da alas a los nacionalistas al situar de tú a tú a los dos gobiernos, el nacional y el regional. La tercera y última reunión, ya sin los presidentes, fue en julio de 2023. Sobre el papel, en este foro se han pactado, entre otros asuntos, los indultos y la reforma del Código Penal para eliminar la sedición y rebajar la pena por malversación. Lo que se acuerda aquí, luego, debe ser ratificado por las instituciones legales.

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Ahora se anuncia que este espacio pasa a una segunda etapa: «Una fase de planteamiento, análisis y diálogo sobre propuestas políticas», según figura en el pacto PSOE-ERC, una vez «consolidada la desjudicialización a través de la ley de amnistía», que ya está registrada en el Congreso y está previsto se apruebe en los próximos meses. Es decir, se eleva todavía más el tono y los asuntos a tratar. Aragonès, que tiene previsto presentar la propuesta de referéndum de independencia en los próximos meses, podría hacerlo en esta mesa entre gobiernos.

La Mesa de Diálogo, Negociación y Acuerdo debe «avanzar a un ritmo constante y satisfactorio para ambas partes, incluyendo reuniones periódicas para abordar todas las propuestas y trabajar sobre mecanismos que posibiliten su viabilidad» y, en la línea de lo que defienden los independentistas, «debe abordar el debate sobre el modo en que los acuerdos a los que se pueda llegar sobre el marco político de Cataluña puedan ser refrendados por el pueblo catalán».

También se sabe que los dos bandos nombrarán a sus representantes «entre los miembros de los respectivos gobiernos, salvo acuerdo contrario entre las partes», un punto controvertido ya que Aragonès asegura que está dispuesto a aceptar a Junts y la CUP pero sin decir para qué, y que serán los dos presidentes, Sánchez y Aragonès, los que «tendrán la capacidad de ratificar y anunciar públicamente los acuerdos».

De manera paralela al foro entre gobiernos, ERC y el PSOE también han creado un «espacio de negociación» que afecta solo a los dos partidos. Es un «mecanismo» que tiene «las funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos a los que se llegue, con el fin de que las propuestas que lleguen a la Mesa de Diálogo, Negociación y Acuerdo

cuenten con un ritmo de trabajo constante y con un grado óptimos de debate y compromiso político y puedan implementarse durante la presente legislatura».

Es decir, Sánchez y el tándem Junqueras-Aragonès, con la intervención más que previsible de Marta Rovira, secretaria general de ERC, revisarán que lo que han pactado en la primera mesa cumpla lo pactado. Para esto incorporan a un mediador: «Una persona de reconocido prestigio para realizar dichas labores».

No hay dos sin tres. Socialistas y republicanos también pondrán en marcha un tercer espacio mixto, llamado comisión de seguimiento, que se reunirá anualmente para «hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los compromisos adquiridos» en el documento firmado por ERC y el PSOE.

El pacto entre los dos partidos no concreta los miembros de dicha comisión, ni cuántos la formarán, pero sí que comprobará el «grado de incidencia sobre la situación económica y financiera de la Generalitat» y velará «por la consecución de los objetivos contemplados» en el propio pacto.

Así, el documento firmado el 2 de noviembre por Félix Bolaños y Junqueras en Barcelona, por el que los siete diputados de ERC se comprometen a dar estabilidad al PSOE durante la legislatura, compromete a las dos formaciones a crear tres espacios de negociación, control y seguimiento de su propio pacto y sin reflejo en norma alguna ni más regulación que la citada.

Siete días después, el 9 de noviembre, en Bruselas (Bélgica), Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, y Jordi Turull, secretario general de Junts, suscribieron otro acuerdo. En él se especifica la creación de otro ámbito de negociación. Los socialistas y los de Puigdemont crean un «mecanismo entre las dos organizaciones, internacional», que tendrá «las funciones de acompañar, verificar y hacer seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos a los que se llegue». Cuarta mesa, segundo espacio con relatores.

En este «mecanismo», que luego se ha sabido que lo formarán cuatro mediadores y que las reuniones serán fuera de España para que pueda asistir Puigdemont, se acordarán «la metodología de la negociación» y se «negociará, acordará y se abordarán los disensos» y las «disfunciones» que surjan en el desarrollo de los acuerdos.

Igualmente, se pactará «los contenidos de los acuerdos a negociar», que se concentrarán en «la superación de los déficits y las limitaciones del autogobierno» y «al reconocimiento nacional de Cataluña».

El documento sí concreta que en la primera reunión, a celebrarse en noviembre y que, todo apunta, no será pública, se discutirá sobre el referéndum de autodeterminación y que la Generalitat salga del régimen común de la financiación autonómica. De esta manera, el PSOE estará negociando los mismos dos asuntos de gran calado político y que afectan a todos los españoles con ERC, por un lado, y con Junts, por otro. Y lo hará en foros que no tienen la transparencia necesaria.

Aunque Aragonès señaló hace unos días que la legislatura de Sánchez depende del cumplimiento de su acuerdo con ERC, lo cierto es que solo el documento firmado con Junts vincula directamente el apoyo de los diputados de Junts al PSOE al avance de lo acordado en Bruselas. La estabilidad de la legislatura estará «sujeta a los avances y cumplimiento de los acuerdos» de la negociación en dos ámbitos: referéndum y concierto económico.

A estos cuatro encuentros específicos pero sin normativa institucional hay que sumar una quinta referencia a una comisión que figura en el texto de ERC y el PSOE. En el apartado de los acuerdos del Anexo 1 del pacto, el que hace referencia la traspaso del servicio de Cercanías a la Generalitat mediante la creación de una empresa mixta, se pone negro sobre blanco que «para llevar a efecto este traspaso se constituirá una Comisión Generalitat-Administración General del Estado que determine la adecuación o despliegue del marco normativo para hacerlo posible, y las condiciones económicas asociadas al mismo».

En condiciones normales, esta comisión sería una de las que ya están creadas y tienen reflejo en el Estatuto de Autonomía, o en dos de estas, la de Asuntos Económicos y Fiscales y/o la de Transferencias, pero al no hacer mención de ello en el acuerdo ERC-PSOE podría darse el caso que, a los cuatro espacios de diálogo, se sumara una quinta mesa para tratar el traspaso del servicio ferroviario.

Y todo este entramado de nuevos coloquios -podrían ser hasta cinco- se configurarán a pesar de que los órganos de discusión y acuerdo para las transferencias y la financiación ya están creados, regulados e institucionalizados, más allá del Congreso y el Consejo de Ministros, que son los que, en última instancia, tienen la potestad para dar su visto bueno. Claro, salvo que lo que se quiera pactar no tenga cabida en la Constitución o los independentistas no acepten el marco legal y traten de saltárselo con una relación de tú a tú (España-Cataluña).

Así, el Estatuto recoge y el sistema autonómico ha utilizado como instrumento de gestión tres comisiones Estado-Generalitat: la Comisión Bilateral, «marco general y permanente» de relación entre los dos gobiernos, se ha reunido once veces; Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, que se ha reunido doce veces y que se centra en los asuntos de la financiación de la Generalitat; y la Comisión Mixta de Transferencias, para abordar los traspasos, con 50 reuniones desde 1980.