El PSOE acusa a los jueces de querer influir en el Congreso justo antes de la votación de la amnistía

«Tienen un objetivo muy claro», señalan desde la Ejecutiva Federal, que ayer no se reunió como suele hacer semanalmente, pero que no dejó de trasladar su malestar después de una nueva decisión, en este caso de un juzgado de Barcelona, para reactivar la causa sobre la injerencia rusa en lo sucedido en Cataluña en 2017 y, más en concreto, sobre la relación de Carles Puigdemont y el Kremlin. «Cada vez que el legislativo mueve ficha un juez mueve ficha», señalan las mismas fuentes, que califican de «horrible» que eventualmente esos magistrados quieran, como insinúa la cúpula socialista, «influir» en las leyes o procesos en marcha, en este caso de la amnistía, el pago fundamental realizado por Pedro Sánchez para lograr en noviembre los siete votos de Junts y con ellos una nueva investidura.

En Ferraz no usan el manido y polémico anglicismo 'lawfare', con el que sus aliados políticos acusan a la judicatura española de incurrir en una supuesta guerra sucia contra determinados sectores políticos, singularmente el independentismo catalán, pero el mensaje no dista mucho del empleado por ERC, Junts, el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, o incluso Sumar, el socio minoritario de la coalición en el Ejecutivo.

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El juez impulsa la investigación sobre la trama rusa del 'procés' e insiste en la vinculación entre Puigdemont y el Kremlin

Elena Burés

El instructor Joaquín Aguirre prorroga la instrucción de la pieza separada de la operación Voloh y abre la puerta al delito de traición, exlcuído de la amnistía

De cara a los micrófonos, la flamante portavoz de la nueva Ejecutiva socialista, Esther Peña, evitó descartar en su segunda rueda de prensa desde que fue nombrada para el cargo que en las últimas horas se vaya a producir alguna nueva cesión a los independentistas en el redactado de la ley. Todo ello después de aceptar la semana pasada las enmiendas de esos grupos para ampliar la amnistía a todos lo delitos de terrorismo vinculados al 'procès', tanto de los que son acusados los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) como los que afectan a Tsunami Democràtic.

Peña eligió una expresión algo ambigua, «de momento», al ser preguntada por posibles cambios de última hora. No lo quiso descartar al 100%, pero sí alejar la posibilidad. «No estamos negociando», llegó a afirmar en una comparecencia donde se esmeró en no utilizar expresión alguna que soliviantase a sus socios. Todo lo contrario que con el PP, al que Peña acusó incluso de no respetar la «soberanía» que reside, recordó, en las Cortes Generales.

Durante los últimos días, se han venido solapando las modificaciones en el texto de la amnistía y las resoluciones judiciales, agudizando la incertidumbre sobre el alcance que efectivamente tendrá el olvido y sembrando más dudas sobre la constitucionalidad de una norma que ya los juristas vienen avisando de que es un traje a medida.

Este lunes, el juez Manuel García-Castellón, que considera incompatibles con el Convenio Europeo de Derechos Humanos y por tanto no amnistiables las consecuencias que tuvieron los disturbios de Tsunami sobre tres policías gravemente heridos, dictó un auto que prorroga seis meses más la investigación.

La resolución apuntala el delito de terrorismo que aprecia a partir del asedio del aeropuerto de El Prat el 14 de octubre de 2019, en tanto que los tratados europeos suscritos por España definen como delitos terroristas también los perpetrados contra la seguridad aérea y la aviación civil. De nuevo, dejó escritas las sospechas de los investigadores sobre Carles Puigdemont, al que se sitúa en una posición de liderazgo de la plataforma.

En paralelo, en Barcelona se notificó un auto también de prórroga de instrucción y que igualmente contenía una recopilación de los indicios que se vienen investigando desde hace ya más de tres años. Una resolución con la que el juez Joaquín Aguirre impulsa la investigación sobre la denominada trama rusa del 'procés' e insiste en la vinculación entre Puigdemont y el Kremlin. Entre otras, al considerar que el entorno del expresidente catalán mantuvo «estrechas relaciones personales» con diplomáticos de Rusia, dispuesta a apoyar, según el instructor, «económica y militarmente» la independencia de Cataluña.

Una afirmación que abre la puerta –aunque el auto no hace referencia explícita a ello– a investigar a Puigdemont por alta traición, delito que, por el momento, no forma parte de los supuestos para el olvido penal, por lo que dejaría fuera de éste al expresidente catalán prófugo, que no está imputado en la citada causa.

Entre los investigados sí están Víctor Tarradellas, ex responsable de Relaciones Internacionales de CDC; Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Puigdemont; y Alexander Dmitrenko, empresario ruso afincado en Cataluña. El juez apunta que el entorno del prófugo habría trabajado para desarrollar una «legislación propia sobre las criptomonedas adecuada a los intereses rusos» y concluye que Moscú tenía interés en el 'procés' por su propósito de «desestabilizar la Unión Europea».