Este es el programa electoral de Irene Montero con Podemos para las elecciones europeas

Reorientación de las políticas económicas para ponerlas al servicio de las mayorías sociales, y no de las élites, con el objetivo de resolver las fracturas sociales y económicas que recorren Europa y de abordar los retos de la lucha contra el cambio climático y por la igualdad.

Democratización de las políticas económicas, de manera que la ciudadanía recupere su capacidad de deliberación y de decisión. Nunca más deberían tomarse decisiones fundamentales sin que haya transparencia, sin un verdadero debate en el que estén representados los intereses legítimos de todas las personas y sin una verdadera rendición de cuentas.

Tránsito desde una Europa basada en las finanzas privadas y en la regresividad tributaria y los paraísos fiscales hacia una Europa sostenida en la coordinación de las finanzas públicas y en unas contribuciones fiscales justas para financiar los objetivos comunes de crecimiento inclusivo, igualdad y transición ecológica.

Garantizar la función del BCE como prestamista en última instancia a los Estados. Esto hará que el BCE se convierta en una agente encargado de sostener las finanzas de los Estados, en lugar de un instrumento para su sometimiento a través de estas. Para ello, podrá actuar como prestamista directo de los tesoros nacionales, y no solo de manera interpuesta a través de los bancos, como ha ocurrido durante la crisis, con enormes beneficios para estos y un gran coste para nuestras deudas.

Llevar la transparencia al Eurogrupo. Se llevará a cabo una reforma para acabar con la opacidad de este órgano y convertirlo en una comisión del Consejo. De este modo, el Eurogrupo estará sometido a un reglamento que establezca de manera explícita su funcionamiento y los procedimientos de votación, así como la obligación de publicar las actas, los resultados de las votaciones y las explicaciones de voto. El Eurogrupo y quien ostente su presidencia se someterán al control político del Parlamento de la eurozona de nueva creación.

Defender la vivienda europea frente a los fondos buitre. Se impulsará una directiva que regule y fije mecanismos de control sobre los precios de la vivienda en alquiler para que no superen el 30 % de los ingresos del hogar. Asimismo, se impulsará una auditoría de los activos tóxicos de las entidades financieras rescatadas con dinero público que nos permitan incorporar esas viviendas a los correspondientes parques públicos.

Consolidar parques públicos de vivienda en alquiler a precios asequibles. Se promoverá la aprobación de una directiva que permita que los pisos vacíos de entidades financieras, fondos de inversión y empresas se incluyan en los correspondientes parques públicos de vivienda, en el marco de un Plan Integral de Vivienda Europeo con el objetivo de consolidar un parque público de vivienda y alquiler social destinado principalmente a las personas jóvenes y a los colectivos en riesgo de exclusión social.

Ningún desalojo sin alternativa habitacional. La UE empleará todos sus medios en garantizar que no se pueda desalojar ni desahuciar a ninguna persona ni a su familia en situación de vulnerabilidad sin que la Administración competente asegure un realojo en condiciones dignas, ya sea en casos de impago de alquileres o por ocupación en precario motivada por la falta de vivienda asequible.

Ningún desalojo sin alternativa habitacional. La UE empleará todos sus medios en garantizar que no se pueda desalojar ni desahuciar a ninguna persona ni a su familia en situación de vulnerabilidad sin que la Administración competente asegure un realojo en condiciones dignas, ya sea en casos de impago de alquileres o por ocupación en precario motivada por la falta de vivienda asequible.

Una segunda oportunidad para la gente con deudas hipotecarias. Con el fin de garantizar que las personas no tengan deudas a perpetuidad, la UE colaborará en el diseño de un procedimiento judicial simplificado para la reestructuración y cancelación de deudas —con una fase de conciliación en la que la persona deudora presentará una propuesta a las acreedoras que podrá incluir reestructuraciones, quitas y cancelaciones— e instará a los Estados a que lo implementen.

Suministros básicos garantizados. La UE obligará a los Estados a garantizar un suministro básico de luz, agua y calefacción. Desde la UE, en atención a la protección del consumidor y la lucha contra la pobreza energética, se deben regular estos suministros conforme al sistema que se expone en el apartado 9. Se prohibirán los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas en las primeras residencias cuando el impago se deba a motivos ajenos a la voluntad de las personas, como la pobreza sobrevenida

Igualdad de oportunidades a través de la educación. La UE impulsará la gratuidad real y efectiva de la educación obligatoria —la cual comprenderá libros, material escolar y comedor, en caso de ser necesario, durante todas las etapas educativas—, así como de los estudios del Espacio Europeo de Educación Superior impartidos en Universidades y centros públicos, incluidos los estudios de máster cuando sean obligatorios para ejercer una profesión.

Un Erasmus sin barreras. Los programas Erasmus aportarán una beca suficiente al alumnado que viaja, de forma que nadie se quede sin disfrutar de esta oportunidad de formación por barreras económicas. También se incluirán programas de formación profesional, educación continua y la formación para personas adultas en los programas de movilidad Erasmus.

Sanidad pública y universal. La UE garantizará el derecho a la salud y a un modelo público de asistencia sanitaria de cobertura universal, equitativa y gratuita, con dotación presupuestaria suficiente, sin copago de medicamentos y servicios que introduzcan barreras económicas ajenas a la racionalidad sanitaria y sin exclusión alguna para las personas que residan en cualquier país de la UE.

Farmacia pública europea. Se impulsará la creación de una farmacia pública europea que garantice precios justos para los medicamentos producidos a partir de patentes de laboratorios que reciben financiación pública y fomente la extensión de fármacos genéricos.

Fin de la privatización de la sanidad. Para proteger nuestra salud, se derogará la normativa que permite la privatización de centros y servicios sanitarios en todo el territorio comunitario. En su lugar, se apoyará la gestión pública directa de los centros y recursos sanitarios.