El PP dice que el CNI espió a Aragonès porque Sánchez consideraba a ERC «un partido peligroso»
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El Supremo avaló, con Sánchez en el Gobierno, el espionaje del CNI a Pere Aragonès ante la sospecha de que lideraba los CDR
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El Partido Popular considera que el Gobierno de Pedro Sánchez no puede alegar desconocimiento en lo referido al espionaje del CNI a Pere Aragonés en el año 2019 y que fue avalado por el Tribunal Supremo. Fuentes de Génova aseguran en primer lugar que ... «el CNI tiene la obligación de acometer cuantas acciones sean necesarias para proteger al Estado de cualquier riesgo o amenaza».
Recuerda el PP que el presidente del Gobierno autoriza los objetivos anuales del CNI y que en la Directiva de Seguridad «aprobada y firmada por Pedro Sánchez el 18 de marzo de 2019» se señaló como objetivo la lucha contra aquellos que tengan voluntad y capacidad de subvertir el orden constitucional. El PP considera por tanto que «no puede alegar ignorancia».
En el PP inciden en cómo Sánchez consideraba entonces a ERC como «un partido peligroso para la integridad territorial y autorizó que fuera investigado» mientras en paralelo «se sentaba con sus dirigentes en una mesa de diálogo bilateral para proteger su mandato, aunque fuera a costa de desproteger nuestro país».
La crítica del PP es por tanto a la ambivalencia de Sánchez y a su pretensión por aparecer como un convidado de piedra en esta cuestión. Pero dejan claro que están de acuerdo con haber promovido esas actuaciones: «El PP respalda cualquier actuación desarrollada por la Inteligencia española y confiamos en el criterio de los profesionales que las impulsan y del tribunal que las sustenta».
Considera además el PP que las amenazas que había en 2019 respecto al desafío independentista, y que motivaron estas operaciones, son las mismas que existen hoy porque «los que convocaron un referéndum ilegal dicen que lo volverán a hacer» mientras el Estado está más desprotegido por la eliminación del delito de sedición.
La investigación del CNI tenía como punto clave las actuaciones de los CDR, para determinar su conexión con los partidos independentistas que en ese momento gobernaban la Generalitat. Por entonces Aragonés era el vicepresidente de Quim Torra. Recuerda el PP que esas actuaciones de los CDR que motivaron aquella investigación «son las que serán amnistiadas por la ley que se aprueba el martes y sin la que Sánchez no sería presidente», en referencia a la amnistía y su votación la próxima semana en el Congreso de los Diputados.
Desde Génova critican que Sánchez haya pasado de investigar a partidos para prevenir delitos «a eliminarlos para pactar con formaciones políticas investigadas por indicación suya». Y recuerdan que el Gobierno cesó a la anterior directora del CNI por exigencia de ERC. Cree además el PP que con sus posicionamientos, el Gobierno está considerando al Tribunal Supremo como «un enemigo del Estado y una institución a combatir y enmendar».
Llama también la atención de que el PP acaba de apoyar una investidura de Sánchez pese a estar al corriente de estas escuchas, que ya se conocían, porque «le conviene seguir teniendo un presidente dócil y habituado a la extorsión». En Génova critican, en referencia a las informaciones sobre la «Operación Cataluña», que el Gobierno lleve semanas «queriendo convertir en actualidad cuestiones ya judicializadas y de hace cuatro legislaturas» mientras «se pone de perfil ante asuntos acontecidos bajo la Presidencia del actual jefe del Ejecutivo».
Durante su visita a Fitur, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido en esas ideas. Por un lado el respeto a las decisiones adoptadas por la exdirectora del CNI «si se hizo con autorización». Pero a la vez ha recordado que Sánchez «negociaba su investidura con los independentistas sabiendo que estaban siendo investigados con autorización suya». Y ha lamentado que ahora amnistíe los delitos por los que antes se investigaba a los supuestos cerebros de esas actuaciones de los CDR: «Vamos a ver qué dice la exdirectora del CNI, pero respeto sus decisiones si son conforme a derecho. No vamos a criticar al Gobierno por cumplir con sus obligaciones, sino por mentir de forma reiterada y engañar a los ciudadanos».
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