El PNV vuelve a la carga con una ley para aumentar el control al CNI
El Congreso debatirá este martes por segunda vez la propuesta de los nacionalistas vascos
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El Congreso debate este martes la toma en consideración de una proposición de ley del PNV para aumentar el control judicial sobre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Llueve sobre mojado porque no es la primera vez que los nacionalistas vascos plantean esta iniciativa, ... pero ahora, con el Gobierno aún más abierto a aceptar las exigencias de sus socios –porque los necesita más que nunca–, puede que el resultado sea distinto.
La legislatura pasada, el PNV registró por primera vez esta proposición de ley en mayo del año 2022 como respuesta al caso Pegasus. Según un informe de la Universidad de Toronto, se utilizó el 'malware' con ese nombre –un programa malicioso que solo pueden comprar los Estados– para espiar a decenas de políticos, periodistas y activistas independentistas robando todo tipo de información de sus teléfonos móviles. Después, el Gobierno denunció que los terminales del presidente, Pedro Sánchez, y de ministros como Margarita Robles (Defensa) y Fernando Grande-Marlaska (Interior) fueron también intervenidos.
La entonces presidenta del CNI, Paz Esteban, admitió que se había utilizado el programa espía contra dieciocho líderes independentistas, entre ellos Pere Aragonès (ERC), el anterior presidente de la Generalitat, pero se hizo con autorización judicial previa para investigar su presunta implicación en los delitos cometidos durante el 'procés'. Poco importó la explicación; le costó el puesto.
Desde entonces, el caso ha sido utilizado por el independentismo como un acicate contra los supuestos poderes ocultos del Estado. El PNV vuelve ahora a la carga con esta ley, sabedor de la debilidad parlamentaria del Ejecutivo. En su texto, los nacionalistas proponen que el nombramiento del director del CNI lo haga directamente el presidente del Gobierno, que los diputados de la llamada comisión de secretos oficiales conozcan los medios utilizados por los servicios de inteligencia en sus intervenciones y que sus actividades deban ser autorizadas previamente por un órgano colegiado compuesto por tres magistrados del Tribunal Supremo, en lugar de uno como ahora.
En casos que afecten a los derechos fundamentales, se requeriría la unanimidad de esos tres magistrados del Supremo. El PNV exige también que el CNI detalle a los jueces los medios que usa en sus labores y que haya también un control posterior para medir la proporcionalidad de sus actuaciones.
El máximo órgano de los servicios de inteligencia españoles depende orgánicamente del Ministerio de Defensa desde la llegada de Margarita Robles a la cartera, en junio del 2018, tras la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy. Más allá de la petición de que sea el presidente quien nombre al director del CNI y no un ministro, el resto de propuestas del PNV dificultaría la operatividad y rapidez de la inteligencia nacional.
La primera vez que registró la ley el PNV la retiró una semana después, pero en noviembre de ese mismo año la devolvió al Congreso y terminó debatiéndose la toma en consideración ese diciembre. La votación fue aplastante, con trescientos votos en contra, una abstención y solo 37 votos a favor.
Apoyaron esta propuesta, además del propio PNV, ERC, Junts, PDeCAT, Más Madrid, Compromís, Bildu, la CUP, Coalición Canaria y la exdiputada de Podemos Meri Pita, que se había pasado al Grupo Mixto. En contra, aparte del PP, Vox, Ciudadanos, Unión del Pueblo Navarro y Foro, votaron el PSOE e incluso Unidas Podemos. El Gobierno de coalición se opuso entonces a una medida que consideraba contraria al interés general. Ahora, ni los socialistas ni Sumar han aclarado qué van a hacer ante el texto del PNV.
Al inicio de la legislatura, el PSOE aceptó crear una comisión de investigación sobre el caso Pegasus tras haberla rechazado repetidamente la anterior. Lo hizo, entre otras exigencias, para asegurarse los votos para que fuese Francina Armengol la presidenta del Congreso y no la popular Cuca Gamarra. Ese órgano, sin embargo, ni siquiera ha empezado a andar. Y algo similar puede pasar con la ley del PNV. Ni siquiera otro cambio de opinión socialista este martes puede garantizar que después no acabe metida en un cajón.
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