El abogado de Puigdemont resta protagonismo al narco Miñanco en el banquillo

La Fiscalía pide 31 años y seis meses de prisión y950 millones de euros de multa por los delitos contra la salud pública, blanqueo y continuado de falsificación de documentos para Prado Bugallo y nueve años de cárcel para el letrado chileno, que se convirtió en el protagonista de la primera jornada del juicio, por encima del propio Sito Miñanco, ya casi un mito del narcotráfico español. El instructor del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco) de la Policía, que investigó a la red entre 2016 y 2018, le definió ayer en la primera sesión de la vista oral como «el narcotraficante más poderoso de la historia de España».

A primera hora de la mañana, la plana mayor de Junts acompañó y respaldó a Boye en la sede de San Fernando de Henares (Madrid) de la Audiencia Nacional. Allí estuvieron los portavoces del partido en el Congreso y el Senado, Mìriam Nogueras y Eduardo Pujol; el expresidente catalán Quim Torra, la expresidenta de la formación independentista, Laura Borrás; el secretario general, Jordi Turull, o el vicepresidente y portavoz en el Parlamento catalán, Josep Rius, quien afirmó ante los medios de comunicación que la acusación contra Boye es un asunto «político» por haber sido el defensor de Puigdemont. Un grupo de personas con togas de abogado también le respaldaron portando una pancarta en la que se leía ‘never surrender’ (nunca rendirse, en inglés).

Al concluir la sesión dedicada a las cuestiones previas, él mismo afirmó ante la prensa: «Estoy aquí, estoy acusado, por hacer mi trabajo como abogado. El mismo fiscal que tiene paralizada la investigación del caso Koldo es el que ha sostenido y el que pidió en su día que se intervinieran mis comunicaciones abogado-cliente, que es lo que han planteado mis abogados, desde un caso de divorcio hasta casos de derechos humanos», afirmó en referencia al fiscal Antidroga Ignacio de Lucas que llevó el caso y ahora está al frente de la Fiscalía Europea en España. «Por otra parte, estamos ante una acusación totalmente especulativa y frente a eso hemos aportado pruebas objetivas, científicas, técnicas, que demuestran que los hechos no son como ha planteado el Ministerio Fiscal, que sostiene su acusación en el fondo en base a una única prueba, un presunto asesino que cambió su acusación a cambio de salir en libertad», sostuvo Boye.

El jefe del GRECO de la Policía Nacional respaldó en su testifical la acusación de la Fiscalía y apuntó a Boye como el abogado al que recurrió la organización criminal para «falsear documentos».

El Ministerio Público acusa a Sito Miñanco de comandar operaciones para el lavado de dinero procedente del tráfico de cocaína mientras estaba en tercer grado, trabajando en un parking de Algeciras, en cumplimiento de una condena anterior de 16 años. Los hechos se remontan a 2017, cuando cinco personas que se dirigían a Bogotá (Colombia) fueron detenidas en Barajas con 889.620 euros en el doble fondo de un equipaje de mano que, según dos de los investigados, pertenecían a Miñanco. Los ‘correos humanos’, según la acusación, contactaron con los abogados Gonzalo Boye y Jesús Morán Castro para que elaboraran la documentación.

El testigo policial repasó el papel de cada miembro de la trama y afirmó que Boye fue uno de los abogados que «falsearon documentos para recuperar el dinero mediante el uso de unos pagarés que ya fueron usados para justificar otras cantidades ya incautadas en una operación de narcotráfico anterior».