Pedro Rollán: «El Senado debe elevar la voz ante la amnistía, que es una reforma encubierta de la Constitución»

–Después de casi cuatro meses de tramitación convulsa en el Congreso, la ley de amnistía ya está por fin en el Senado, ¿ahora qué?

–Ahora nuestra Secretaría General ha hecho dos informes, uno de los cuáles se refiere al fondo de la norma y es muy crítico. Lo que viene a decir es que vulnera más de diez artículos de la Constitución y que vulnera la normativa europea. Y hay otro asunto más, que considero que es crucial y que la Comisión de Venecia también refleja en su dictamen. Me refiero a que esta amnistía no es una ley orgánica. Es una iniciativa legislativa que ha utilizado la vía de la proposición de ley para su tramitación y que todo parece indicar que es una modificación encubierta de la Constitución. Esto supondría que se está hurtando a esta Cámara –en la que reside al igual que en el Congreso la soberanía nacional–, la posibilidad de tramitar una modificación constitucional y esto se ha hecho de manera absolutamente deliberada. Y se hace, porque para llevar a cabo esa reforma se necesita una mayoría cualificada en ambas cámaras, que los impulsores de la norma saben que no tienen.

–¿De ahí el choque institucional que se ha impulsado desde el PP y Vox?

–Efectivamente, en base a ese informe de la letrada mayor y a las conclusiones de la Comisión de Venecia, el grupo parlamentario popular ha registrado un escrito para que se acuerde en la Mesa ese choque institucional y se eleve al pleno iniciar la tramitación de un conflicto entre órganos constitucionales.

–Los plazos señalan que el Tribunal Constitucional decidirá sobre este choque, como pronto, cuando ya esté aprobada la norma. ¿Para qué sirve entonces?

–Sirve para poner de manifiesto la división y porque la legislación y la Constitución son algo muy importante. Sirve para atender la advertencia que se ha hecho desde la Secretaría General del Senado y para establecer un debate en consonancia con la Comisión de Venecia, donde advertían de la enorme tensión social que se está produciendo por esta iniciativa legislativa, y de que no haya un consenso claro ni un plazo de tiempo suficiente para reflexionar y debatir en profundidad. De hecho, el procedimiento de urgencia solicitado por el Congreso para la tramitación es justamente todo lo contrario. Cuestión esta que, gracias a la modificación del Reglamento del Senado que realizamos algunos meses atrás, la tramitación de la ley de amnistía ocupará dos meses de tiempo.

–¿Para qué tanto tiempo, si al final acabará volviendo al Congreso para ser aprobada?

–Para poder conformar una mejor opinión y recabar más informes (justo mientras se producía la entrevista llegó al Senado el del Consejo General del Poder Judicial, también crítico con la amnistía), además de las comparecencias de expertos que vendrán a manifestar su opinión para que los senadores puedan tener un criterio y así ser más responsables a la hora de votar sobre algo muy importante. Por lo tanto, iniciar ese proceso de conflicto entre órganos constitucionales no es un asunto menor, sino algo lógico, exigible y defendible. Sobre todo cuando una institución como el Senado interpreta que se están cercenando sus capacidades.

–¿Será suficiente esa fortaleza que han ido creando en estos meses para frenar la norma?

–Todo parece indicar que el PP en el Senado, como ha hecho en el Congreso, se opondrá y vetará esta iniciativa. Con una diferencia, que aquí el grupo popular cuenta con mayoría absoluta porque así lo quisieron los españoles el 23 de julio. Esto supondrá, una vez realizado el pleno donde previsiblemente se producirá el veto, que se remitirá la iniciativa al Congreso donde allí tendrán la capacidad de levantarlo el Gobierno del PSOE y sus socios de investidura. Ahora bien, la propia descripción de la proposición habla de una ley de amnistía y reconciliación y yo no veo muy reconciliados a los líderes independentistas, que estos días ya están adelantando y exigiendo que la amnistía sea solo un paso más en el objetivo verdadero que es el referéndum de independencia.

–Habla con detalle del informe de la letrada mayor del Senado, que es radicalmente opuesto al que realizó su homólogo en el Congreso sobre la misma norma, ¿cómo puede ser eso?

–Es cierto que hay un cambio en el criterio del que yo, por la responsabilidad que me corresponde, creo que no debo pronunciarme. Pero si comparamos el informe del Senado con el que emitió la comisión de justicia, por ejemplo, sí son muy coincidentes.

–De hecho, el del Senado coincide con casi todos los demás: el mencionado de la comisión de justicia, el del CGPJ, el de la Comisión de Venecia… ¿qué puede haber entonces detrás del informe del Congreso para que sea tan diferente?

–Eso se lo tendría que preguntar usted al autor del mismo.

–Hablaba antes de la modificación del Reglamento, que por cierto está recurrida ante el Tribunal Constitucional, y que permitirá que la norma pase en el Senado 60 días en lugar de 20. ¿No es una pérdida de tiempo si al final todos saben que acabará siendo aprobada en el Congreso a pesar del veto?

–Sobre el tema del Constitucional, que puede pronunciarse cuando lo considere oportuno, lo que diga, se acatará. Y sobre la pérdida de tiempo, creo que emplear, que no perder, esos 40 días de diferencia en conformar una mejor opinión, en escuchar a los más ilustres catedráticos de derecho constitucional, lejos de ser una pérdida de tiempo, es algo muy importante. Yo lamento que en cualquiera de las cámaras, donde reside la soberanía nacional, y donde lo recomendable sería debatir e intercambiar opiniones, se esté en contra de que se pueda hacer.

–¿Cree, como le acusan desde el PSOE y otros socios de investidura de Sánchez, que se está haciendo un uso partidista de esta Cámara?

–Las Cámaras no están desvirtuadas por el hecho de que el grupo con mayor respaldo, en este caso el PP porque lo han elegido así los españoles, sea distinto al signo político de los miembros que se sientan en el Consejo de Ministros. No se puede desvirtuar una Cámara por el hecho de que no te aplaudan como a ti te gustaría. Ese tipo de afirmaciones hacen un flaco favor al sistema bicameral que tantas fortalezas y oportunidades ha generado a lo largo de las últimas décadas. Yo les diría que legislar es algo muy serio. Legislar bien supone generar oportunidades y protecciones a los españoles. Pero legislar mal puede provocar un daño terrible y lo vimos con la ley del 'solo sí es sí'.

–¿Se ha arrepentido ya de haber pedido un informe a la comisión de Venecia, como le dicen una y otra vez el ministro Bolaños y otros miembros del Gobierno?

–No, en absoluto. Todo está estrechamente ligado y relacionado. Una proposición de ley es una tramitación legislativa que no está sujeta a ningún tipo de informes. Con un asunto como el que estamos tratando, lo que se ha pretendido es hurtar la capacidad legislativa de conformar un expediente con el número de informes que sean necesarios. Sinceramente estamos muy satisfechos de haber escuchado la opinión de la Comisión de Venecia, porque de las cinco enmiendas que planteamos, nos sentimos plenamente identificados en el texto final con todas ellas. El dictamen habla de la necesidad de tramitar la amnistía con tiempo, con un proceso de reflexión de manera pausada. También recoge la enorme división que se ha producido y considera que la mejor manera de haberla tramitado era con una modificación previa de la Constitución, porque ¿si no alcanza a los indultos generales cómo va a alcanzar a una amnistía?. Además, ha sido muy crítica con la separación de poderes y las comisiones 'lawfare', porque dice que los jueces no deberían ser ni siquiera citados a comparecer. Dice eso, cuando hay una comisión ya en marcha en el Congreso donde están señalados magistrados con nombres y apellidos. Por lo tanto, hicimos lo que era oportuno y conveniente que era solicitar esa opinión de los expertos de la Comisión de Venecia y estamos satisfechos del contenido y el alcance del informe.

–¿Qué sensación le transmitieron durante su visita a Venecia?

–Sobre todo, la enorme preocupación que tienen en Europa por el clima de enfrentamiento que está provocando esta ley. Posiblemente, porque no se ha hecho con el suficiente acuerdo. Fíjese, de las dos formaciones políticas que tenían opciones de gobernar (PSOEy PP)ninguna de ellas llevaba en su programa facilitar, allanar o aprobar la amnistía. Pero la aritmética parlamentaria fue muy caprichosa, otorgando una representación clave a aquellas formaciones políticas independentistas que no habían sido capaces de alcanzar más del 6 por ciento de los votos entre todas ellas. Por tanto, se puede decir el 94 por ciento restante no estaba a favor de esa amnistía ni del referéndum de autodeterminación. Que quien cambió de opinión sea hoy el presidente del Gobierno y que la amnistía esté encima de la mesa a punto de ser aprobada es algo que ha contribuido a generar esas tensiones y discrepancias y eso no ha pasado desapercibido a la Comisión de Venecia.

–¿Será Europa el gran aliado para frenar la ley?

–Eso le corresponderá decidirlo al PP, pero ya ha adelantado que llegará hasta donde su autonomía y capacidad le permita en pro de garantizar la igualdad de los españoles y de todos los territorios.

–Por cierto, ¿qué le parece que el ministro de Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, diga que la soberanía nacional solo reside en el Congreso y que el Senado no es más que la cámara territorial?

–(Coge su teléfono móvil. Lo abre y lee). «Artículo 66 de la Constitución. Punto 1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución». En el caso del Senado, entre otras, la de la representación territorial. Con esto ya valdría para responder al ministro.

–¿Y a qué cree que responde ese desprecio?

–Quizás el hecho de que las iniciativas que pueda plantear el Gobierno no encuentren aquí el respaldo en las votaciones les puede incomodar y de alguna forma lo que pretenden es minusvalorar el trabajo que hacen sus señorías en el Senado.

–Un Senado que, a pesar de todo, está más en el foco que nunca. ¿Se lo esperaba cuando le propuso Feijóo como presidente de esta cámara?

–Ni yo ni nadie.

–¿Y le sorprende que ese protagonismo esté salpicado por cierta dosis de tensión diaria?

–Es lógico y es razonable que en estos momentos se vivan de manera muy apasionada determinados debates que siempre deben estar dentro de la cortesía parlamentaria. Pero España está un paso más allá. España está viviendo un momento difícil. El Gobierno ha anunciado que no va a presentar los Presupuestos, y esto es algo chocante, porque los presupuestos te permiten llevar a cabo la acción de Gobierno. Evidentemente las circunstancias que estamos viviendo en el día a día están provocando que ese bicameralismo perfecto que yo entiendo que existe, la convivencia entre Congreso y Senado, no sea como debería. Por eso el Senado debe elevar la voz ante una modificación encubierta de la Constitución. Ypor eso se pide informe al CGPJ, al Consejo Fiscal, a la Comisión de Venecia… porque las senadoras y senadores de esta cámara son iguales que los diputados del Congreso. Estamos elegidos por los españoles para acatar y defender la Constitución. Por esa razón no podemos consentir que se nos hurte la capacidad de llevar a cabo el ejercicio y el desempeño de esas tareas. Y que no tengamos la oportunidad de votar en igualdad de condiciones que los diputados del Congreso lo que muchos informes indican que es una modificación encubierta de la Constitución está restando atribuciones a esta cámara.

–Ha mencionado el informe del Consejo Fiscal, ¿le sorprendió la respuesta del Fiscal General negándose a elaborarlo?

–Tengo que decir que sí. Porque numerosos componentes del Consejo Fiscal se habían pronunciado en favor de que si se les solicitaba un informe por parte del Senado ellos estaban comprometidos a elaborarlo. Teniendo en cuenta que estamos hablando de una ley, la de amnistía, que incide directamente en la Justicia, en el Código Penal, las sentencias, los jueces y los fiscales, echo en falta realmente ese informe.

–No lo va a tener…

–Nos lo negaron.

–¿Lo han vuelto a reclamar? ¿Hay algún proceso en marcha en ese sentido?

–Será una cuestión que pueda ser objeto de valoración.

–Hablando del Congreso, ¿cómo ve la situación actual de su homóloga en esa Cámara, la señora Armengol, con todo el foco de la corrupción a su alrededor?

–Por el lugar que me corresponde como presidente del Senado no voy a entrar en ese tipo de consideraciones.

–Si usted estuviera en su situación, ¿cómo actuaría?

–Yo no estoy en esa situación.